El PP quiere modificar la ley para que el PSIR pueda ser solo inmobiliario y permita construir vivienda a la vez que las equipaciones
Podemos denuncia que el Partido Popular está aprovechando la tramitación de la Ley de Vivienda de Cantabria para introducir nuevas modificaciones en la Ley del Suelo que afectan directamente al régimen de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), una figura que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga pretende utilizar para impulsar una macrooperación urbanística privada de la promotora Real de Piasca, que afecta al barrio de Rucandial en Santander y a terrenos de Bezana y Camargo.
En concreto, según la formación política, el PP propone eliminar la expresión “de forma complementaria” al regular la implantación de usos residenciales en PSIR que incluyan grandes equipamientos, infraestructuras o servicios de especial importancia. Es decir, que pueda hacerse un PSIR solo para construir viviendas, no hace falta que tenga otros usos, como hasta ahora.
Esto favorece operaciones de recalificación y expropiación de suelo solo con interés inmobiliario, sin que hagan falta otras infraestructuras de uso público, como hacer un edificio para la Ciudad de la Justicia que justifique construir las 8.000 viviendas del proyecto de Real de Piasca.
El PP presentó una enmienda a su propia Ley de Vivienda para introducir este matiz que liberaliza, aún más, el PSIR para construir viviendas, la mayoría de mercado libre, como se ha visto en los proyectos de Real de Piasca y Castro Urdiales.
La posibilidad de incorporar vivienda privada a determinados PSIR no estaba en la Ley. Pero el año pasado el Gobierno del PP aprovechó la Ley de Simplificación Administrativa para hacerlo posible modificando un artículo de la Ley del Suelo. Ahora el PP, vas más allá, y quiere eliminar el carácter complementario de la vivienda.
Las enmiendas de los populares a la Ley de Vivienda fueron registradas el 17 de septiembre, apenas 18 días antes de la presentación pública del proyecto de Real de Piasca. Entre los cambios, proponen eliminar la expresión “de forma complementaria” al regular la implantación de usos residenciales en PSIR, “lo que puede ampliar el margen para desarrollar grandes promociones residenciales vinculadas a este tipo de proyectos”, denuncia Podemos.
En este sentido, se preguntan qué significa que la vivienda deje de tener que ser complementaria y qué límites se establecen para evitar que el equipamiento público termine sirviendo de justificación a una operación inmobiliaria de dimensiones extraordinarias.
Permitir hacer viviendas simultáneamente a los compromisos públicos
Las modificaciones del PP no se limitan al artículo 20. Podemos señala también que el PP plantea regular las obligaciones de las juntas de compensación en determinados PSIR de iniciativa privada promovidos por propietarios que representen la mayoría del suelo del ámbito.
Entre otras cuestiones, el nuevo artículo establece que estas juntas deberán financiar y ejecutar las obras y construcciones necesarias para cumplir los compromisos adquiridos por el promotor y los establecidos por el Gobierno en la declaración de interés regional. También permite que las viviendas privadas autorizadas comiencen a construirse simultáneamente a esas obras, siempre que se aporte la correspondiente garantía.
Para Podemos, estos cambios deben analizarse a la luz del proyecto de Real de Piasca, que prevé unas 7.850 viviendas sobre aproximadamente 2,3 millones de metros cuadrados, con una importante transformación de suelo actualmente rústico y afecciones a viviendas existentes en Rucandial.
Las enmiendas del PP no mencionan expresamente el proyecto, pero fueron registradas antes de su presentación pública y modifican precisamente aspectos de la regulación de los PSIR privados que combinan promociones residenciales con grandes equipamientos e infraestructuras públicas.
“No podemos afirmar que estas enmiendas se hayan redactado expresamente para Bosques de Santander, porque no lo dicen. Pero sí podemos afirmar que modifican las reglas que afectan a operaciones de esta naturaleza y que el Gobierno tiene que explicar por qué necesita introducir estos cambios ahora”, añaden desde Podemos.
Vía para facilitar negocios inmobiliarios
Podemos considera especialmente grave que se utilice la tramitación de una Ley de Vivienda para modificar aspectos sustanciales de la ordenación territorial y urbanística de Cantabria. “Primero utilizaron la Ley de Simplificación Administrativa para abrir la puerta a la vivienda privada en los PSIR vinculados a grandes equipamientos y ahora vuelven a modificar la Ley del Suelo a través de la Ley de Vivienda para cambiar las condiciones en las que se desarrollan esas operaciones”, denuncian. “Esto es legislar a medida de un modelo urbanístico que pone el negocio inmobiliario por delante del derecho a la vivienda”, advierten.
La formación reclama al Gobierno de Cantabria que explique qué necesidad justifica modificar nuevamente la regulación de los PSIR, qué efectos tendrán estos cambios sobre el proyecto de Real de Piasca y qué garantías existen para que los equipamientos públicos no se conviertan en el argumento que permita impulsar grandes promociones privadas.
“La Ciudad de la Justicia puede ser una infraestructura necesaria para Cantabria, pero eso no significa que cualquier operación urbanística residencial que se vincule a ella responda automáticamente al interés general”, consideran. “Hay que explicar qué parte del proyecto beneficia a la ciudadanía, qué parte responde al negocio privado y quién obtiene los aprovechamientos urbanísticos derivados de esta transformación del territorio”, demandan. “La Ley de Vivienda debería servir para garantizar el derecho a vivir en Cantabria, no para facilitar nuevas oportunidades de negocio inmobiliario”, concluyen desde Podemos.