Los documentos de la macrooperación urbanística privada que pretende transformar Santander: la promotora dice que barajó cinco ubicaciones alternativas

Olga Agüero

21 de noviembre de 2026 20:38 h

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La promotora Real de Piasca ha registrado en el Gobierno de Cantabria el primer documento para comenzar a tramitar la recalificación y expropiación de 2,3 millones de metros de suelo rústico en la zona norte de Santander, además de en los municipios limítrofes de Camargo y Santa Cruz de Bezana, vía Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), para construir las cerca de 8.000 viviendas que anunció recientemente con el beneplácito del Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP).

El primer trámite de esta macrooperación urbanística privada, que puede transformar por completo el futuro de la capital de Cantabria, es la solicitud de declaración de interés regional del proyecto, que ya ha sido registrada oficialmente. Se trata de un documento de 115 páginas -al que ha tenido acceso elDiario.es- que desde la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media (PP) se ha remitido a todos los organismos que tienen que valorarla para poder avanzar en su aprobación: desde las direcciones generales del propio Gobierno de Cantabria a la Demarcación de Costas o la Confederación Hidrográfica. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya ha mostrado su voluntad de dar el visto bueno antes de que se moviese oficialmente un solo papel.

El perímetro del PSIR -224 hectáreas entre los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo- es notablemente irregular. Rodea una gran bolsa de terrenos en paralelo a la Autovía S-20 desde el pueblo de Rucandial hasta enlazar con unos pocos metros de suelo en los municipios colindantes. De ahí parte un largo hilo estrecho que conecta esta zona -donde se construirán 3.200 viviendas sujetas a protección pública y usos comerciales, hosteleros y de servicios- con el litoral costero. Hacia todas esas parcelas que se van a expropiar para hacer un gran parque en el espacio entre Ciriego, San Román, la estación depuradora y la línea de costa protegidos, tanto por el planeamiento urbanístico municipal como por el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

En realidad, son las zonas verdes que exigiría la operación aunque están a considerable distancia del núcleo del PSIR, varios kilómetros más lejos, prácticamente aisladas. De hecho, el propio documento de Real de Piasca califica al Parque Litoral Norte como “un espacio de enorme valor ambiental que no forma parte del sistema cotidiano de espacios públicos de la ciudad”. “Es un recurso territorial aislado”, concluye.

Además, la presencia de suelo de Bezana y Camargo es prácticamente testimonial. Pero es uno de los requisitos de un PSIR, que sea supramunicipal. Por lo tanto, era imprescindible trascender los límites del municipio de Santander, donde se concentra la operación urbanística.

Cuatro alternativas más

No obstante, el informe consultado por elDiario.es y que se utilizará para aprobar el “interés general” de este proyecto privado incluye otras cuatro alternativas de localización -Igollo, Herrera-Cacicedo, Peñacastillo-Ojaiz y Maoño- que presuntamente se plantearon hasta decantarse por Adarzo-Rucandial, que en realidad es donde tiene propiedades la promotora. Tras un análisis y un cuadro comparativo de fortalezas y debilidades, concluyó que la mejor opción es la actual. Las demás presentan “mayores discontinuidades internas” y “mayor dificultad para integrarse en la trama urbana”.

Pero, en realidad, Real de Piasca argumenta que ha tenido que instalarse en Santander porque la Ciudad de la Justicia que pretende construir -el equipamiento público que justifica supuestamente el PSIR- no puede estar en otro sitio, porque la ley determina que las Audiencias Provinciales forzosamente tienen que estar en la capital de provincia. Por tanto, no hay otra opción, viene a decir en el documento.

También explica que “el programa funcional solicitado por el Gobierno de Cantabria” -parece ser que ya ha trasladado a la promotora cómo quiere que sea la Ciudad de la Justicia- contempla tres edificaciones: una de casi 5.000 metros cuadrados destinados al Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y el salón de actos; otro edificio para las jurisdicciones Penal y de Menores, con 5.200 metros cuadrados; y otro destinado al Tribunal de Instancia de 11.250 metros cuadrados.

Así, relata que la propuesta del PSIR tomó inicialmente como referencia el Ámbito 7 Suroeste de San Román, identificado por el planeamiento municipal como una de las principales reservas de crecimiento de Santander y que se ha excluido el recinto protegido del Seminario de Monte Corbán, Bien de Interés Cultural desde 2002. También quedan fuera del perímetro viviendas en Ojaiz, el monasterio de Las Salesas, el centro hípico de Rostrío y los Talleres F. Diestro.

La promotora argumenta que parte de estos terrenos “ya habían sido identificados por el planeamiento municipal como un espacio con capacidad para acoger una transformación urbana de entidad”, en el anulado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander del año 2012.

La inversión la promueve la sociedad Real de Piasca Promociones Inmobiliarias, S.L., que dice que dispone de “una participación muy significativa” de los terrenos -directamente o en representación de otros propietarios- sin concretar ni tan siquiera un porcentaje aproximado. Lo mismo sucede con la capacidad económica para impulsar la actuación “cuya acreditación documental se incorporará durante la tramitación del procedimiento”.