Cantabria es la autonomía con mayor porcentaje de abortos realizados en la sanidad pública, un 88,5% de los casos
La Comisión 8 de Marzo de Cantabria conmemorará un año más este lunes 28 de septiembre el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, “un derecho que debemos defender todos los días”.
En un comunicado, la plataforma feminista ha reiterado su reivindicación de que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice en la sanidad pública y en este sentido ha advertido de los “obstáculos que todavía dificultan el ejercicio efectivo de este derecho en el conjunto del Estado”.
“El derecho a decidir sobre la propia maternidad está reconocido legalmente en España, pero sigue enfrentándose a barreras de todo tipo”, ha criticado la Comisión, que ha advertido que “el reconocimiento legal de un derecho no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo”.
En este sentido, para la plataforma feminista, “la garantía de una atención sanitaria pública en condiciones de seguridad, igualdad, intimidad y respeto a la autonomía de las mujeres, junto con la eliminación de obstáculos y la protección frente a las presiones ideológicas, son condiciones imprescindibles para que este derecho sea una realidad”.
La plataforma ha incidido en que la atención al aborto en España presenta “profundas desigualdades territoriales”, y ha recordado los datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en los que el 78,74% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, frente al 21,25% en los públicos.
Según estos mismos datos, Cantabria es la comunidad que mayor porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo realizó en el sistema público en 2024, el 88,5%, frente a una media nacional del 21,25%. Además, atiende en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla todas las interrupciones motivadas por enfermedades maternas o anomalías fetales.
La Comisión 8 de Marzo considera que esta prestación sanitaria “debe formar parte de la cartera de servicios de la sanidad pública y ”Cantabria constituye un ejemplo de ello, aunque todavía le queden situaciones por resolver ya que aunque el Servicio Cántabro de Salud atiende a la inmensa mayoría de las mujeres que solicitan una interrupción, persisten derivaciones a clínicas concertadas de otras Comunidades Autónomas“.
Así, en 2024, fueron derivadas 62 mujeres y en 2025, 71, a clínicas de Valladolid y Madrid, lo que a su juicio plantea la necesidad de “seguir avanzando para que todas las interrupciones se realicen en la red pública cántabra”.
Finalmente, la Comisión ha alertado de los intentos de “debilitar el apoyo ciudadano” a la interrupción voluntaria del embarazo mediante iniciativas legislativas que, bajo la denominación de protección del concebido no nacido, “pretenden atribuir al feto una titularidad de derechos equiparable a la de las mujeres. Esta concepción no se corresponde con el marco constitucional y legal vigente”, ha sostenido, por lo que ha insistido en que “los derechos conquistados pueden verse amenazados por cambios en las mayorías parlamentarias y en las decisiones de los gobiernos”.