El expresidente de Sniace sostiene que había autorización para hacer vertidos en el río
El ex presidente de Sniace Blas Mezquita ha sostenido, como ya hizo en el primer juicio por los vertidos de la fábrica al río Saja Besaya entre 2008 y 2010, que la empresa estaba autorizada a hacerlos de forma transitoria, amparada en la Autorización Ambiental Integrada, hasta que se construyeran las infraestructuras para conducirlos a la ría de San Martín.
Mezquita ha vuelto a testificar acusado de un delito contra el medio ambiente, junto a siete ex consejeros y el entonces director de Operaciones de la empresa, cerrada desde 2020, después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia en la que se les condenó hace cinco años.
La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito contra el medio ambiente, pues cree que fue el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes, mientras que al entonces presidente de la compañía y al resto del consejo de administración les considera autores del citado delito, al entender que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.
Durante su declaración, miembros del consejo de administración han insistido en que no se ocupaban de los asuntos ambientales, sino el también ex consejero y ex secretario Miguel Gómez de Liaño, que fue condenado por el Tribunal Supremo en 2010 por unos vertidos en 2006, cuando había sido revocado el permiso de la Confederación.
Según han explicado, era Gómez de Liaño, quien testificó la semana pasada -no lo hizo en el primer juicio-, el que informaba al Consejo de Administración en materia medioambiental cuando lo consideraba oportuno.
En sus declaraciones, han coincidido en asegurar que nunca tuvieron conocimiento de que los vertidos que se estaban haciendo pudieran ser peligrosos y en que toda información que les llegaba en materia medioambiental era a través de Gómez de Liaño. Asimismo han explicado que, tras el aviso del secretario de que si se continuaba vertiendo sobre el río se corría el riesgo de que Sniace “fuera reprochada”, el consejo de administración acordó que en caso de no aclararse el asunto, se parara la actividad de la fábrica. Sin embargo, han subrayado que nunca tuvieron constancia de ningún requerimiento o expediente sancionador en este sentido.
En 2008 Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podían ser de refrigeración o pluviales.
La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.
A preguntas del ministerio público, Mezquita ha recordado que esta autorización fue dictada por el Gobierno de Cantabria, que, según ha dicho, era “el competente” después de que la Confederación le trasladase el expediente.
En respuesta a un abogado de la defensa, el exdirigente de la fábrica ha señalado que la responsable en materia medioambiental de la empresa tenía una relación “muy directa” con el entonces secretario y que el jefe de operaciones se limitaba a “una labor de coordinación” en este asunto.
La fiscalía pide seis meses de prisión y 12.000 euros de multa
Según se avanzó en la primera jornada del juicio, la pena solicitada por la Fiscalía para cada uno de los acusados es de seis meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural en un año. Y reclama que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.
Además de la Fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción y la Abogacía del Estado, que solicita casi 50 millones de euros de indemnización.
El juicio, a cargo de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y que se celebra en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, concluirá este miércoles.