Verdades, mentiras y programas electorales
Alguien definió los programas electorales como un contrato público, entre comillas, entre los partidos y los ciudadanos. Este contrato no tiene una validez jurídica inmediata ni un alcance subjetivo que permita a un particular reclamar lo prometido en un juzgado en caso de incumplimiento, algo parecido a lo que pasa con ciertos preceptos constitucionales, como vivienda o trabajo, que no posibilitan una exigencia inmediata de cumplimiento por parte de la ciudadanía ante la justicia, sino que son meras declaraciones de intenciones que han de marcar los objetivos políticos de instituciones que han de desarrollarlas.
Nadie se toma demasiado en serio los programas electorales, mucho menos los partidos que los redactan. Sin embargo, no por eso debieran quedar reducidos a un batiburrillo de compromisos difícilmente evaluables, si es que alguien se molesta en hacerlo, o un goteo de azucarillos irrelevantes con el que ganarse la voluntad de un electorado infantilizado. Sí que debieran, si no aspirar a grandes objetivos, a ser al menos sinceros.
Viendo lo que está ocurriendo en la gestión de muchas estados, comunidades autónomas y ayuntamientos, la gestión está yendo por derroteros que nunca fueron reflejados en un programa electoral. Debería hacerse porque hay partidos que es para lo único que trabajan.
Me explico. Cualquiera que examine los hechos y sobre todo las elipsis de partidos mayoritarios que han gobernado, gobiernan o aspiran a volver a gobernar verá reiteraciones siempre en la misma dirección. Esto revela compromisos programáticos… que nunca se expusieron en un programa. Estoy pensando en los partidos mayoritarios, como son el Partido Popular y el PSOE, quienes apelan al voto útil, endulzan sus programas con azucarillos y callan realidades en las que trabajan pero no anuncian.
El caso del Partido Popular es palmario: siempre trabajará, aprovechando cualquier ocasión coyuntural, para erosionar lo público. Y da igual el ámbito de que se trate. ¿Alguien ha leído una declaración así en cualquiera de sus programas? No lo encontrará, sí melifluas declaraciones que dan a entender lo contrario. Pero basta ver las políticas que se aplican en sanidad, educación y servicios para comprobar en qué dirección trabaja. Esto es legítimo, y puede hacerlo si así obtiene el respaldo del electorado, pero lo chocante es que nunca se haya sometido esta cuestión programática a la ciudadanía. Son hechos consumados con su buena carga de fariseísmo.
Con el PSOE pasa algo parecido, pero en otros ámbitos. Ahora mismo se compromete en la defensa de lo público, el pacifismo y los derechos humanos (nada baladí en los tiempos que corren), pero en ninguno de sus programas electorales se encontrará mención a su inhibición ante tres grandes actores: la banca, las grandes empresas y los especuladores inmobiliarios. Y es legítimo no intervenir en estos campos, nadie lo duda, pero es inmoral no decir claramente que nunca hará todo lo posible por poner coto a los grandes intereses económicos, que siempre se han encontrado cómodos bajo su gobernanza.
Si alguien cree que estas cosas no son importantes se equivoca. Tienen importancia y su repercusión es inmediata en la vida cotidiana. Tanto PP como PSOE son históricos beneficiarios de los votos útiles, algo mediatizado por una ley electoral que emana del postfranquismo. Pero se puede llevar sorpresas si caen en la tentación, uno, de entregar a la chita callando las grandes bolsas de lo público a lo privado; o si, el otro, no toma medidas urgentes, posibles y necesarias para meter en cintura a los especuladores inmobiliarios y a las grandes empresas que hacen con el mercado su real gana.