Ni se reprueba la gestión de alcaldes y concejales de Medio Ambiente ni se ha conseguido que el Ayuntamiento estudie la posible remunicipalización de los servicios privatizados en Santander. La oposición de socialistas y Unidas por Santander no ha conseguido que el pleno censurara la gestión del servicio de recogida de basura por parte del exconcejal y la exconcejala del área, José Ignacio de Quirós y María Tejerina, así como por extensión la censura de los equipos de gobierno de las dos anteriores legislaturas, con sus alcaldes, Gema Igual e Íñigo de la Serna, al frente, respectivamente.
Los socialistas pidieron la reprobación de los equipos de gobierno de las legislatura 2011-2015 y 2015-2019 por, entre otras cosas, los incumplimientos por la concesionaria de la contrata de basuras y por “convertir a Santander en la ciudad más sucia”. En la votación, el PRC se abstuvo y socialistas y UxS se quedaron solos con ocho votos insuficientes.
Unidas por Santander, que demandaba estudiar técnica y económicamente la vuelta a lo público de la recogida de la basura y limpieza viaria, el Servicio de Aguas y Parques y Jardines, tampoco tuvo mejor suerte. Pese a tener el apoyo, condicionado, en este caso, de los regionalistas, fracasaron en su intento de que las graves deficiencias detectadas por la Intervención general tuvieran una traslación política. El equipo de gobierno PP-Cs, con el apoyo de Vox, limitaron el alcance del escándalo a un análisis técnico y a un compromiso de mayor control, sobre todo por Ciudadanos, pero no fueron más allá y reprocharon a la oposición utilizar el caso para atacar al equipo de gobierno.
El informe de la Intervención municipal constata graves incumplimientos de la adjudicataria del servicio de recogida de basura, Ascán-Geaser, durante años, incumplimientos que el control-financiero efectuado evalúa en siete millones de euros. El anuncio días atrás por la alcaldesa de la apertura de un expediente de resolución de la contrata es considerado por la oposición como un lavado de cara ante un hecho incuestionable: la ciudad está sucia.
La alcaldesa Gema Igual ha salido en defensa de la gestión del PP y de sus compañeros en anterior gobiernos al tiempo que ha dicho no temer las “veladas amenazas”, que según la oposición, habría vertido la propiedad de la concesionaria de echar mano de más “munición” para defender el mantenimiento de la contrata y su proceder hasta ahora.
Miguel Saro, portavoz de UxS, ha acusado a los populares de “tener la casa patas arriba”, no solo por las conclusiones del informe de Intervención, un órgano fiscalizador independiente dentro del Ayuntamiento, sino por la actitud de algunos departamentos, como el de Ingeniería Industrial, que han desoído los requerimientos del órgano de control para elaborar su dictamen. Asimismo, y en esto ha coincidido con los socialistas, consideran ética y políticamente reprobable la “falta de control y pasividad de los concejales (de Medio Ambiente) María Tejerina y José Ignacio Quirós”, la vinculación laboral de este último con Ascán antes de ser concejal y la del íñigo de la Serna con la empresa NEC, que fue la encargada de elaborar la plataforma de control del servicio y de la que el exalcalde es ahora asesor.
“Entiendo que la empresa no esperaba que se le exigiera el cumplimiento del contrato y que por lo tanto hubiera otro pacto debajo de la mesa (con Ascán-Geaser), ha apostillado Saro.
La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, no quiso “entrar al trapo” de las acusaciones de la oposición. “No vamos a entrar al trapo. Lo hemos explicado todo. Ustedes prefieren quedarse en las formas para atacar al equipo de gobierno”, ha dicho, mientras la alcaldesa rompió una lanza por sus excompañeros señalados por la oposición, de los que elogió su “dedicación, responsabilidad, honestidad y pensar siempre en el interés general”.
Rechazo a un estudio de remunicipalización
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han rechazado con sus votos la propuesta de que el Ayuntamiento de Santander estudie desde un punto de vista económico y jurídico volver a asumir la gestión pública de los servicios de recogida de residuos, Aguas y Parques y Jardines, como le han demandado este jueves en sesión plenaria PSOE, PRC y UxS. La propuesta de estudio de la remunicipalización de servicios fue hecha por Unidas por Santander y fue rechazada por 14 votos a 13.
Para el PP, el Ayuntamiento no tiene capacidad ahora mismo de asumir la gestión pública de servicios al no disponer de recursos propios para hacerlo, mientras Cs ha considerado que el debate no ha de situarse entre lo público y lo privado, sino entre lo eficaz e ineficaz, por lo que se puede gestionar un servicio privatizado si se exige el cumplimiento total de las condiciones.
La oposición municipal, excepto Vox, aunaron sus fuerzas tras aceptar el proponente Miguel Saro (UxS) una transaccional regionalista que proponía mantener la redacción de nuevos pliegos de condiciones para concursar servicios (se está redactando ahora el de Parques y Jardines) a la espera de las conclusiones de los estudios a partir de los cuales poder decidir sobre la remunicipalización de servicios.
Esta propuesta no se realizará ante la oposición del resto de formaciones. Vox ha dicho que la propuesta es inoportuna y ha recriminado a la oposición guiarse por criterios ideológicos, mientras la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha dicho que el Ayuntamiento no tiene suficiente “músculo” para asumir los servicios. Más explícitu fue el socio de gobierno y portavoz de Cs, Javier Ceruti, quien ha sido muy duro con las conclusiones de la Intervención municipal sobre los incumplimientos de la contrata de basuras, incumplimientos valorados en siete millones de euros, pero ha considerado que eso no implica asumir como inevitable la gestión pública, sino la mejora de los instrumentos de control y la inflexibilidad en el mismo con las empresas adjudicatarias.
“Al calor de la polémica del contrato de limpieza y su cumplimiento notorio podemos criminalizar la contratación externa, pero no es eso lo que ha fallado, sino el control y eso puede ocurrir también con una gestión pública”, ha dicho el portavoz de Cs. “El cumplimiento hay que exigirlo en todo momento y eso es lo que aquí ha fallado”, ha añadido. “De este infierno se sale con pliegos adecuados y con un mensaje claro a los licitadores: lo que ponga en su oferta se le va a exigir. Si se hace eso no hará falta aumentar la plantilla municipal ni experiencias de gestión pública”, que han sido deficientes en otros municipios, a su juicio.
De este infierno se sale con pliegos adecuados y con un mensaje claro a los licitadores: lo que ponga en su oferta se le va a exigir. Si se hace eso no hará falta aumentar la plantilla municipal
Tras el planteamiento de Cs contrario “a engordar el Ayuntamiento para gestionar servicios”, la oposición considera que sí hay materia que estudiar, ya que, como ha dicho Miguel Saro (UxS), las empresas concesionarias están para ganar dinero no para garantizar necesariamente la correcta gestión con criterios de eficiencia y sostebibilidad. “Ustedes lo externalizan todo. Son ustedes los que están adoctrinados. Ante estos incumplimientos, hay que plantearse otras alternativas.”, ha dicho.
Los socialistas se mostraron partidarios de estudiar fórmulas de gestión pública. “Si no hay capacidad de control, la privatización no es el mejor sistema”, ha dicho su portavoz, mientras la portavoz regionalista ha considerado que “no podemos decir que todo se resuelve con fiscalización y expedientes. El problema está en las condiciones de contratación”.
Defensa técnica y crítica política
La defensa del PP ante los ataques de la oposición por los incumplimientos reiterados de la contrata de basura por su concesionaria fue de tipo técnico, mientras los grupos de oposición, sobre todo PSOE y UxS buscaban las políticas. Margarita Rojo negó que no haya dejado de haber control municipal de la contrata, a lo que la alcaldesa Gema Igual ha añadido que será igualmente técnico el dictamen sobre la resolución de la misma: serán los servicios municipales quienes decidan si se resuelve o no, oídas las alegaciones de la concesionaria.
“No voy a defender a ninguna empresa, para ello hay un proceso de alegaciones. La empresa presentará sus alegaciones, que miraremos con rigor y decidirán los servicios técnicos”. La resolución de la contrata sería así “una decisión de gestión, no política”, ha puntualizado la alcaldesa. Y ha apostillado: “No hay ningún pacto con la empresa”.
Y con respecto al papel que pudo haber jugado el anterior alcalde. Íñigo de la Serna, por su actual relación con NEC, la alcaldesa ha dicho que “Íñigo de la Serna no es de la plantilla de NEC. Es un asesor externo que no asesora sobre Santander y que empezó a asesorar dos años después de salir del equipo de gobierno”.
Daniel Fernández, portavoz socialista, ha considerado que hay una responsabilidad política del PP de este “absoluto desastre” por medio de sus exconcejales María Tejerina e Ignacio de Quirós, este vinculado con anterioridad a su labor concejal como directivo de Medio Ambiente de Ascán, y ha señalado que la supuesta implicación de ambos fue “conformando facturas” ahora cuestionadas, lo que le ha llevado a replicar la alcaldesa que el conforme de los concejales no implica un aval. “Tienen que firmar -ha dicho la alcaldesa- pero eso no significa que validen las facturas. Quien debe validarlas y autorizarlas es el responsable, el director técnico del contrato, que no es un cargo político. Cuando lo hace pasa la factura a la directora (de Medio Ambiente) y al concejal”. También se ha preguntado Fernández por la presunta implicación del exalcalde Íñigo de la Serna, quien “acabó en el consejo asesor de NEC Ibérica”.
En este último extremo también ha coincido el portavoz de UxS, Miguel Saro, quien ha dicho: “NEC Ibérica fue la encargada por Ascán de validar datos para la plataforma de control y lo hizo de forma muy pobre. Recuerdo que fue la empresa que fichó a Íñigo de la Serna”. A partir de 2017, cuando entra en juego Luis Berger (empresa contratada de velar por el cumplimiento de la contrata), como empresa de control “empiezan en mayo de 2019 las sanciones justo después de las elecciones de mayo en que el PP pierde concejales. Puede ser casualidad o no”.
La alcaldesa ha negado también cualquier vínculo entre la empresa NEC y el exalcalde, quien fue fichado por la empresa como asesor cuando dejó de ser ministro de Fomento. “No hay ninguna relación (de NEC) con el Ayuntamiento en el contrato -ha señalado Igual-. Es un mero proveedor de la UTE como hay muchos otros. La plataforma no se adjudica a NEC, sino a Indra y es el juez fue quien dijo que debía ser Telefónica-NEC (quien la llevara a cabo finalmente)”.
El Partido Popular justificó que no hubiera sanciones entre 2015 y 2019 en la judicialización del proveedor del sistema, lo que en todo caso ya se desbloqueó un año antes de las elecciones municipales, detalle que resalta la oposición, ya que el proceso previo a un expediente sancionador se dilata durante un año. Así lo aseguraron tanto la alcaldesa como la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.
El Partido Popular ha precisado que lo que se está estudiando es la resolución del contrato de recogida de residuos, no la rescisión, de la contrata de basuras, un matiz importante, dado que el primero tiene efectos desde el momento en que se toma y el segundo se remonta al momento en que se adjudicó, por lo que las responsabilidades sería distintas también. La rescisión se declara judicialmente pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato, mientras que los de la resolución se retrotraen al momento en el que se produce la causa que lo motiva.
Los populares recordaron de manera tácita al presidente de la concesionaria, Santiago Díaz, quien lamentaba haberse tenido que hacer con la contrata con una mengua del precio del 20%, que la licitación se produjo en el año 2012, “en un contexto de grave crisis económica, por lo que, en la línea marcada por el Ayuntamiento en su política de austeridad y ahorro, fue un 10% inferior al anterior, pero se planteó una mayor duración del contrato para reducir costes de amortización de maquinaria y la posibilidad de amortizar jubilaciones, actuando así de forma responsable y exigiendo los mismos niveles de calidad”. A esa reducción, con compensación, se suma a una baja voluntaria en la oferta que finalmente hizo Ascán-Geaser otro 10% (de 19,4 a 17,5 millones de euros por los que finalmente se adjudicó)
El Consistorio también ha puntualizado que la oferta presentaba un plan de amortización de 52 puestos y no de 60, lo que, en el plan de viabilidad de la empresa, implicaba un ahorro de aproximadamente un millón de euros al año.
En cuanto al personal, una de las penalizaciones impuestas en el año 2015 se corresponde con la intención de la empresa de incluir entre los trabajadores a subrogar nueve puestos que tenía la obligación de cubrir para la gestión del servicio pero que “corresponden a la propia empresa y, en ningún caso, se puede imputar al contrato municipal”. Con ello se refiere a que la concesionaria no subrogó todo el personal que debía haber suborgado, y subrogó, por contra, a personal directivo, que no era objeto de subrogación como ha destacado en su informe la Intervención General del Ayuntamiento.
Respecto al control del contrato, el Ayuntamiento ha aclarado que los expedientes sancionadores se empezaron a gestar en el año 2017, en base a los informes que realiza la empresa de control de calidad, y que, fruto de ese trabajo previo, es en mayo de 2019 cuando se le comunica a la concesionaria del contrato para que puedan presentar alegaciones.
Cada uno de los 21 expedientes se corresponde con un incumplimiento contemplado en el pliego. Asimismo, ha indicado que la acumulación de expedientes, según el pliego de condiciones de la adjudicación del contrato, puede dar lugar a la resolución del mismo, sin que sea preceptivo que los incumplimientos estén considerados como muy graves.
Los santanderinos abonan al Ayuntamiento anualmente alrededor de 12 millones de euros en concepto de tasa de basuras, mientras que la prestación de este servicio le supone a la Administración Local un coste de cerca de 13 millones de euros al año, con lo que es deficitario. En el contrato con Ascán-Geaser, que asciende a 17,5 millones de euros anuales, además de la prestación de la recogida de residuos, se incluyen la limpieza viaria y de playas, que no se repercute a los ciudadanos a través de la tasa de basuras.