El Gobierno de Cantabria recurrirá la anulación por parte de los tribunales del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Así lo ha avanzado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), después de que ayer se conocieran dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en las que anulaba dicho PORN al entender que el plan no tiene “consideración suficiente a los valores y recursos dignos de protección”.
Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó sendos recursos presentados por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y por el propietario de una finca afectada contra el decreto que en 2018 aprobó el PORN. Así, el tribunal anuló el plan y respalda los argumentos de sendos demandantes al considerar que la zonificación que establece este documento “no cumple con los objetivos que, a nivel de principio, sostiene que persigue”. Ambas sentencias son recurribles ante el Tribunal Supremo por interés casacional.
Este miércoles, tras conocer las sentencias, fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo titular es el también regionalista, Guillermo Blanco, explicaron que los servicios jurídicos de este departamento analizarían la decisión judicial para ver si finalmente el Gobierno la recurría.
Revilla ha realizado estas declaraciones durante su asistencia al acto de entrega de dos furgonetas donadas por la Fundación Solidaridad Carrefour a la Asociación de Padres del Síndrome de Trastorno del Espectro Autista y otros TGD en Cantabria (APTACAN), que se ha celebrado en el centro comercial del Alisal.
Por su parte, el vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha puesto en valor el “trabajo infatigable” que ha venido haciendo el Gobierno a lo largo de esta legislatura y en legislaturas previas para afrontar el problema de las sentencias de derribo que “llegaron a nuestra comunidad autónoma de la mano del PP”.
A lo largo de este tiempo, se ha centrado en el “acompañamiento constante a las familias” afectadas y en los “muchos expedientes” que se han tramitado para tratar de legalizar algunas viviendas y “salvarlas del derribo” a través de diferentes fórmulas urbanísticas.
De hecho, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, tiene previsto reunirse este fin de semana con los afectados para analizar cuál es el impacto de la sentencia y marcar la hoja de ruta del Gobierno dentro de “su empeño” de “es seguir al lado de las familias que padecen las consecuencias del urbanismo desordenado”, ha dicho Zuloaga, que ha hecho estas declaraciones tras la rueda de prensa que ha dado este jueves para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.