Una alcaldesa trata (en vano) de boicotearnos

“Debido a situaciones anteriores, por el momento no vamos a conceder declaraciones a este medio”.

Esa es la respuesta que se nos trasladó esta semana desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva tras una consulta nuestra para contrastar una información. ¿Cuál era? Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, el TACPA: lo que en la práctica se conoce como habas contadas, sin ningún sesgo, porque se trata de desgranar un escrito oficial. Y ¿cuáles son las “situaciones anteriores” que mencionaban las fuentes municipales de Cuarte de Huerva? Información pura y dura (esta, esta o esta). De la que aspira a ejercer la labor de control frente al poder, sin importar los caprichos del gobernante de turno. Esta misma labor que una alcaldesa como la de Cuarte, la popular Elena Lacalle –una servidora pública que está ahí aupada por los votantes, un detalle que quizás se le olvide–, no tolera excesivamente bien, visto lo visto. Quizás lo siguiente sea, al más puro estilo Trump, vetar la entrada en instalaciones municipales de los medios poco afines.

La mala suerte para Elena Lacalle, y para quienes como ella tratan de boicotear el trabajo de los periodistas, es que desde elDiario.es en Aragón no tenemos la más mínima intención de dejar de hacer información veraz, valiente y comprometida. 

Y de municipio a municipio, la actividad política en el Ayuntamiento de Zaragoza ha venido marcada por un polémico convenio urbanístico del que, si nos sigues, habrás leído mucha información. Una recalificación a la carta como hacía años que no se veía por estos lares, y que se convierte en realidad tras una tramitación que despierta numerosas sospechas.

Antes de nada quiero decirte que creo absolutamente lícito –solo faltaría–, y hasta recomendable dadas las circunstancias actuales, promover suelo residencial en gran cantidad en Zaragoza. Pero el cómo es importante, y en este caso no puede ser más dudoso: en un área urbana consolidada, con suficiente vivienda ya –aunque también con amplios servicios– y donde los pisos proyectados pueden superar el millón de euros.

Para hacerte una radiografía completa de lo sucedido, quiero recordarte que, cuando la promotora Enta Properties –del grupo aragonés Bancalé– compró los terrenos del antiguo Convento de Jerusalén hace ocho años, ahí se proyectaba únicamente una residencia, para la tercera edad o para médicos del próximo Hospital Miguel Servet. Es un suelo calificado como de uso religioso, con lo que la tramitación sería sencilla. Tras un periodo marcado por un conflicto entre la propiedad y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el derribo del inmueble, en algún momento del año pasado la promotora presentó al Consistorio un plan para desarrollar ahí hasta 204 viviendas más usos terciarios –de servicios–. Y el Gobierno del PP hizo suyas las pretensiones de Enta.

De la nada, un pelotazo urbanístico para pisos de lujo, ya que a partir del aprovechamiento se puede inferir que las viviendas se venderán por más de un millón de euros.

Aunque hay más. Como compensación, en junio trascendió que la promotora pagaría al Ayuntamiento 22 millones de euros, sin valoración técnica que justificara esa cantidad. Y llegados a octubre, con la aprobación definitiva de la modificación del PGOU, ese importe había subido a 22,4 millones... a cambio de incrementar en 1.400 metros cuadrados la edificabilidad residencial, lo que hace prever ingresos mucho mayores para Enta. A lo que se añade una compleja tramitación condensada en unas pocas horas para acelerar el proceso. Entre medias, un significativo lío cuando el equipo de gobierno eliminó de la nota oficial el aumento en la superficie destinada a viviendas.

Un Frente Amplio... y menguante

No queda muy bien que, apenas cinco días después de vender una coalición de unidad, la noticia sea la discordancia.

El viernes, Chunta, Izquierda Unida y Sumar –que no tiene representación en Aragón– escenificaron sobre el Balcón de San Lázaro de Zaragoza, con Ada Colau llegada de Barcelona y Emilio Delgado de Madrid, un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales en la comunidad. Un paso que estos actores vendieron como “un faro de ilusión” y un pacto de “una generosidad difícil de imaginar”. 

Este miércoles, la ceremonia de la confusión. A media tarde, CHA lanzó una nota según la cual habían acordado no presentar candidatura al Congreso en Teruel por “responsabilidad”, para no dispersar voto. Una decisión más de cara a la galería y a la que las encuestas otorgan poco valor: de los tres diputados en esa circunscripción, PP y PSOE tienen uno asegurado cada uno y el tercero estaría en disputa entre los populares y Vox. Pese a esto, IU Aragón salió un rato después a desmentirlo: la “responsabilidad”, contrapuso Marta Abengochea, “consiste en estar también donde es más difícil” obtener representación, con lo que lucharían por presentar lista. Y Sumar, entre tanto, mutis por el foro. 

CHA y el Frente Amplio son, de los principales partidos, los únicos que quedan ya por hacer públicos los nombres de sus candidaturas para las elecciones generales del 29-N.

Primero llegó el PSOE, donde la nota predominante fue la continuidad pero con una novedad muy destacada: el hasta ahora delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, liderará la lista al Congreso por Zaragoza. Y es llamativa por lo que cierra, pero también porque dispara las cábalas sobre quién puede ser el candidato o candidata de los socialistas a la Alcaldía de la capital aragonesa. Con la portavoz Lola Ranera amortizada, el partido trata de pescar –según me trasladan– en la Universidad de Zaragoza, aunque no lo tendrá fácil.

Mientras, el PP se decanta como era de prever por el perfil combativo de Rocío Dívar, habituada a bregar contra el PSOE, y Vox intenta trasladar un perfil más institucional al situar al frente de la lista en Zaragoza a la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco.