Vox justifica retirar las ayudas en Aragón al colectivo LGTBI: “No necesitan una banderita, ya tienen la bandera española”

El Gobierno de Aragón, integrado por PP y Vox, ha defendido en las Cortes la eliminación de las ayudas específicas destinadas a las entidades LGTBI, una decisión que ha provocado duras críticas de la oposición. El diputado de Vox David Arranz se ha mostrado tajante al asegurar que “no vamos a financiar el lobby LGTBIQ”, al que ha acusado de representar cada día a menos gente porque “las personas homosexuales o bisexuales no necesitan una banderita de colores, ya tienen la bandera española que les representa a todos”. Por su parte, el vicepresidente autonómico y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha rechazado financiar a asociaciones que considera próximas a la izquierda.

La polémica se ha producido durante una comparecencia parlamentaria sobre la supresión de las subvenciones específicas de apoyo a personas LGTBI y sus familias, dotadas anteriormente con 161.000 euros. La decisión forma parte de una reorganización de las ayudas contra la discriminación, cuyo presupuesto global ha pasado de 611.000 euros en 2025 a 516.000 en 2026, una reducción de 95.000 euros, equivalente al 15,5%.

Hasta el pasado ejercicio existían tres líneas de financiación destinadas a accesibilidad, apoyo a personas LGTBI y sensibilización. La nueva convocatoria concentra los recursos en proyectos para personas con discapacidad y sus familias, sin mantener una línea específica para el colectivo LGTBI.

“No vamos a financiar el lobby LGTBIQ, no lo vamos a financiar”, ha afirmado Arranz, quien ha defendido que las personas homosexuales pueden acceder a las ayudas públicas cuando cumplan los requisitos establecidos, pero no por su orientación sexual. También ha acusado a la izquierda de instrumentalizar políticamente al colectivo y ha rechazado las medidas de discriminación positiva.

Nolasco atribuye las agresiones homófobas a la inmigración

El vicepresidente Alejandro Nolasco ha defendido la supresión de estas subvenciones argumentando que las anteriores convocatorias incluían ayudas LGTBI junto a otras relacionadas con la discapacidad, algo que ha calificado de ofensivo. La oposición le ha reprochado que se trataba de líneas diferenciadas y no de una equiparación entre ambas situaciones.

“Nosotros no vamos a darles dinero a asociaciones para que den charlas, a asociaciones que están con ustedes o que quieren captar votos para ustedes”, ha manifestado Nolasco, que ha añadido que los recursos públicos son limitados y que el Gobierno no está para “alimentar asociaciones, chiringuitos, que son favorables a ustedes”.

El vicepresidente ha ido más allá al vincular el aumento de las agresiones homófobas con la inmigración. “¿Saben qué es el mayor peligro realmente para los homosexuales y para las personas que viven en Aragón? La inmigración ilegal, descontrolada y masiva que ustedes importan”, ha afirmado.

Nolasco ha sostenido que el islam es “absolutamente incompatible” con los derechos de las mujeres y las personas homosexuales y ha defendido las expulsiones como solución: “Billete de vuelta, es devolver a todas aquellas personas a sus países de origen. Y, por cierto, verá usted cómo, si hacemos eso, bajarán drásticamente las agresiones a los homosexuales”. El consejero no ha aportado datos que acrediten esa relación causal.

La oposición denuncia la retirada de protección

La socialista Mónica Iglesias ha acusado a Nolasco de eliminar recursos para colectivos vulnerables: “Usted lo llama reorganizar, yo lo llamo retirar protección”.

CHA ha advertido de que la desaparición de los 161.000 euros amenaza puntos de atención, asesoramiento y acompañamiento, especialmente en el medio rural. También ha recordado que las leyes aragonesas de protección LGTBI siguen vigentes y ha denunciado que siete entidades y representantes de órganos consultivos llevan más de veinte días esperando respuesta a su petición de reunión.

IU ha criticado el debilitamiento de las organizaciones sociales, mientras Teruel Existe ha cuestionado unos criterios de adjudicación que pueden excluir a pequeñas asociaciones rurales antes de que se valoren sus proyectos.