Premiar la tauromaquia es fallar a la ciudadanía
La reciente decisión de varios gobiernos autonómicos —entre ellos el de Castilla-La Mancha, junto a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular— de reactivar la convocatoria del Premio de Tauromaquia, supone un retroceso difícil de justificar. Este galardón, creado como alternativa al Premio Nacional que fue suprimido por el Ministerio de Cultura, pretende otorgar 30.000 euros públicos para ensalzar una práctica que nuestra sociedad cuestiona cada vez más.
Mientras estas comunidades organizan la entrega en el Senado y tratan de envolver la tauromaquia en una imagen de prestigio institucional, la realidad es mucho más simple: no es una prioridad social. Y, sobre todo, no es un destino responsable para el dinero de todos y todas.
Un gasto que no responde a las necesidades reales
En plena crisis de la atención primaria, con listas de espera que desesperan a las familias; con jóvenes que no pueden emanciparse por la falta de vivienda asequible; con aulas saturadas y profesionales educativos exhaustos… resulta incomprensible que se dediquen recursos públicos a celebrar un espectáculo basado en el sufrimiento animal.
Cada euro que se destina a este premio es un euro que no se invierte en sanidad, uno que no va a vivienda pública, uno que no refuerza la educación. No hablamos de simbolismo: hablamos de prioridades presupuestarias que tienen un impacto directo en la vida de la gente.
Una visión cultural que va a contracorriente La tauromaquia no representa hoy a la mayoría social. La sensibilidad hacia el bienestar animal ha cambiado, y España avanza hacia modelos culturales pluralistas, inclusivos y respetuosos. Sin embargo, se insiste en blindar una actividad que divide, que no genera consenso y que se sostiene cada vez más por subvenciones públicas.
Modernizar la política cultural
Premiar la tauromaquia no protege ningún patrimonio: protege intereses económicos y políticos muy concretos. Lo que sí sería proteger el patrimonio común es invertir en bibliotecas, teatros, jóvenes creadores, formación artística, patrimonio histórico, ciencia y cultura accesible.
Otra forma de gobernar es posible
Como co-coordinadora de SUMAR en Castilla-La Mancha, defiendo que la cultura es un derecho, no una excusa. Y que la política cultural debe mirar al futuro, no anclarse en tradiciones que chocan con los valores éticos y sociales de nuestro tiempo.
Por eso les pido al Gobierno de la Junta de Emiliano García Page que dejen de participar en este premio y que redirija esos fondos a lo que verdaderamente importa. Sanidad, vivienda y educación no necesitan más discursos: necesitan inversión real, urgente y valiente. Lo contrario es, sencillamente, fallar a la ciudadanía.