Cientos de rifles ilegales, vendidos desde una nave en Hellín: hay dos acusados que pueden ir 12 años a la cárcel

Durante un año utilizaron una nave industrial alquilada bajo un nombre legal para fabricar, manipular y vender cientos de armas ilegales y munición. Sus actividades tenían su base de operación en Hellín (Albacete) y las regentaba un hombre, con la colaboración de otro. Ambos van a ser ahora juzgados en la Audiencia Provincial, bajo la petición de 12 años de cárcel por media docena de delitos cada uno.

Según el escrito de la Fiscalía consultado por este medio, los hechos se produjeron entre 2012 y 2013 cuando el primero de los acusados mantenía alquilada una nave bajo la apariencia de la empresa Proyectiles Toro S.L., dedicada a la fabricación de proyectiles y en la que figuraba como administrador único.

La compañía se encontraba dada de baja desde hacía años y sin contratación de trabajador alguno. No obstante, y sin autorización legal como armero, ni instalaciones habilitadas, utilizó la maquinaria para realizar por encargo trabajos de fabricación y transformación de armas y piezas, entre ellos para la optimización y punzonado de rifles, por encargo de talleres y fábricas, a través de particulares o emisarios.

En estos casos, las armas eran enviadas al amparo de la guía de circulación de alguna armería, o eran cedidas tanto al acusado como a su esposa, mientras se realizaban esas modificaciones, dando así “apariencia de legalidad” a su actividad.

Venta y distribución ilegal de rifles

La Fiscalía también detalla que el primero acusado utilizaba recargas de cartuchería metálica para terceros, sin tampoco en este caso contar con la autorización necesaria. En estos casos usaba servicios de mensajería y colaboración de terceros.

Desde la nave se realizaba asimismo importación de armas, principalmente rifles, mediante diversas empresas pantalla con el objetivo de repararlos y comercializarlos de manera ilegal, ya fuera en España o fuera del país. No existía consentimiento previo por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE).

Las armas manipuladas y transformadas eran así objeto de venta y distribución, unas veces en España y otras en el extranjero, y se ponían en circulación de común acuerdo con el segundo acusado, a su vez administrador único de la mercantil denominada Armas Hispania S.L., de la que también era socio el principal acusado.

Para realizar todas estas actividades, ambos utilizaban vehículos de alquiler para el transporte y recogida de las armas y sus piezas a otras provincias, y servicios de mensajería para la recepción y envío de armas a otros países, eludiendo los controles legales establecidos.

Se publicitaban en internet y en redes sociales

Al mismo tiempo, publicitaban sus servicios a través de foros de armas de internet y desde una página web donde además ofertaban la venta de armas de segunda mano, en concreto, de rifles que carecían de grabados, pavón o barnizados, y que habían sido manipulados para su posterior venta. La publicidad de sus servicios se realizaba también a través de redes sociales y el principal acusado procedía a exponer estos rifles en armerías, dando así apariencia de normalidad.

Para evitar ser descubiertos en los movimientos económicos derivados de la venta de armas y proyectiles, utilizaban cuentas a nombre de otras personas, como la de la esposa del principal acusado.

Después de un año de actividad, este último fue interceptado en junio de 2013 cuando se dirigía a llevar medio kilo de pólvora y balas a la nave central de Hellín. Esto permitió poner al descubierto estas actividades, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la ciudad autorizó la entrada al domicilio de uno de los acusados y de la nave industrial.

De hecho, cuando los agentes realizaron la inspección de la nave industrial donde llevaban a cabo la fabricación y reparación de armamento, localizaron más de un centenar de armas de distinto calibre.

Ahora, ambos están acusados de media docena de delitos: tenencia de armas prohibidas, tenencia de armas reglamentadas sin licencia, delito de fabricación de armas y munición y tenencia, transporte y tráfico de explosivos. Por todas ellas, la Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados, un total de 12 años de prisión.