Los administradores concursales han fijado un precio mínimo de 50 millones de euros para el aeropuerto de Ciudad Real en un proceso de venta directa. Así se recoge en un escrito dirigido el juez de lo Mercantil, previo a que éste, este jueves, acordara la reactivación del proceso de venta directa en una Providencia.
Un día antes, el juez, en su auto de declaración de nulidad de la subasta celebrada el año pasado, instaba a los administradores concursales a que manifestaran su opinión sobre la realización de una nueva subasta o la reanudación de la venta directa. Los administradores concursales piden en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, modificaciones puntuales del Plan de Liquidación, entre otros cosas, lo referido al precio, que se reduce de los cien millones que se contemplaban en el mismo a los 50 millones que ahora se solicitan.
Eso sí, se mantiene el aval del 5 por ciento de la cantidad ofertada bien en metálico o a través de alguna entidad crediticia o de seguros reconocidas por el Banco de España o por la Dirección General de Seguros. Las modificaciones van encaminadas, principalmente a aligerar el proceso de venta y los plazos a cumplir. En el escrito también se establece que, si se aceptara una oferta, cualquier otro aspirante podría mejorarla en un plazo máximo de diez días.
Carmelo Ordóñez, juez titular del Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real dictó un auto que se hizo público esta semana, por el cual se declaraba la nulidad de actuaciones en la subasta pública del Aeropuerto de Ciudad Real. La nulidad se inició en una providencia de abril del año pasado, y afectaba a todas las actuaciones posteriores a dicha fecha. El proceso de venta del aeropuerto se reinició, tal como instaba el Magistrado. Entre las razones presentadas por Ordóñez, se encontraba la modificación del Plan de Liquidación para separar el aeropuerto, que fue propuesta por la Administración Concursal del aeródromo.
En este sentido, el juez ha señalado que la división del aeropuerto para ser vendido en subasta modificaba “sustancialmente” el Plan de Liquidación, algo que debía contar con autorizaciones administrativas legales, regionales y legales, además de que la división hacía que el objeto fuese “nulo e inexistente por indeterminación e inconcreción absoluta del mismo”. La indeterminación que señala Ordóñez llega a afectar terrenos, fincas, bienes inmuebles y muebles que hacían finalmente “imposible” el dictado de una resolución adjudicataria.