La CNMC pide a Renfe que permita el acceso de trenes de Iryo al taller de La Sagra, en Toledo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado parcialmente la denuncia de Iryo sobre el acceso a instalaciones de mantenimiento pesado de Renfe, a quien requiere que permita el acceso de los trenes de Iryo al taller ubicado en la comarca toledana de la Sagra para el desmontaje y montaje de sus 'bogies', según ha comunicado este martes.
La CNMC ha resuelto la denuncia presentada por Iryo en relación con la denegación de acceso de su material rodante a los talleres de mantenimiento pesado de Renfe y ha concluido que este lo rechazó a solo unos días del inicio previsto de las operaciones y “sin justificación objetiva suficiente”.
El organismo explica que Renfe Mantenimiento ofertó servicios de mantenimiento pesado al mercado y, tras haber negociado con Iryo durante más de 18 meses las condiciones de acceso de los trenes de este operador a los talleres y la prestación de servicios de mantenimiento, comunicó que no los prestaría “a solo dos semanas del inicio de las operaciones”, “sin justificación objetiva suficiente y sin haber seguido los procedimientos de coordinación y priorización de solicitudes incompatibles”.
Las razones que esgrime la CNMC
En un comunicado expresa que esta retirada de la oferta por parte de Renfe dejó a Iryo “sin alternativas viables para ejecutar a tiempo” el mantenimiento pesado de sus trenes, “con el consiguiente riesgo de inmovilización” de los mismos.
Así, considera que dicha inmovilización le “impediría cumplir” con sus compromisos de reserva de capacidad con el administrador de las infraestructuras e “impactaría en la pluralidad de la oferta de servicios de transporte disponible” para los usuarios.
Por ese motivo, la CNMC requiere ahora a Renfe Mantenimiento que “facilite el acceso” de los trenes de Iryo al taller de La Sagra, en Toledo, para las operaciones de desmontaje y montaje de 'bogies', “en los términos previamente negociados por las partes y sin perjuicio de que ambas puedan alcanzar una solución alternativa de mutuo acuerdo”.
Sin embargo, aclara que esta obligación se circunscribe a los 19 trenes objeto de las negociaciones y no obliga a Renfe a prestar el servicio de mantenimiento de los 'bogies' en el taller Valladolid, al haberse acreditado que Iryo “dispone de alternativas” para realizar esas operaciones.
Tanpoco estima la pretensión de Iryo de que Renfe facilite el acceso a sus instalaciones para la ejecución en autoprestación de todas las operaciones asociadas a la intervención “R2” de los trenes del operador, pues la oferta de Renfe Mantenimiento “no incluyó este elemento”, añade.
Finalmente, el organismo público explica que el mantenimiento pesado del material rodante es una actividad “crítica” para las empresas ferroviarias, ya que su no realización en plazo puede suponer la inmovilización de los trenes.
Además, recuerda que la normativa obliga a los prestadores de servicios de mantenimiento pesado a prestarlos a todos los operadores de forma “transparente y no discriminatoria”, una vez que los ofrecen al mercado.
Ante solicitudes incompatibles, continúa, el prestador “debe intentar acomodarlas, entablando negociaciones con los operadores y maximizando la capacidad de los talleres y, solo si eso no es posible, aplicar criterios de priorización de objetivos para adjudicar la capacidad”.
Renfe no descarta recurrir la resolución
Renfe ha afirmado que está “analizando en detalle” la resolución y no descarta recurrirla porque, según ha advertido, su capacidad industrial no es “ilimitada” ni se encuentra “desocupada” y que “la asignación continuada de capacidad a terceros reduce el margen disponible para el mantenimiento y recuperación” de su flota.
Los talleres, equipos y recursos humanos han sido “dimensionados para atender una amplia flota propia y garantizar el cumplimiento” de las obligaciones operativas y de servicio que tiene asumidas para los próximos años, aclara.
En este contexto, fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que la empresa “actuará, como siempre, dentro del marco legal y atendiendo a las decisiones administrativas o judiciales que resulten aplicables”.
Además, ha indicado que la resolución de la CNMC descarta “buena parte de las pretensiones de Iryo” y dice “mantiene únicamente una obligación concreta” en la Sagra: el uso temporal del bajabogies de dichos talleres, en régimen de autoprestación y conforme a determinadas condiciones, recogidas en la oferta que realizó Renfe Ingeniería y Mantenimiento el 3 de julio de 2025.
También ha resaltado que esta “no establece una apertura general ni permanente de la Sagra” y que dicha propuesta de Renfe Ingeniería y Mantenimiento “no llegó a formalizarse y las conversaciones concluyeron sin acuerdo entre las partes ni compromiso contractual de acceso”.
“El análisis posterior de las necesidades de mantenimiento llevó a Renfe a concluir que el acceso solicitado no podía atenderse sin detraer capacidad destinada a la flota de Renfe Viajeros”, apunta.
Renfe afea que no se valoren sus últimas actuaciones
Renfe afirma que la existencia de una oferta formulada en el marco de una negociación --como la realizada en julio de 2025-- “no supone la asignación definitiva de capacidad” y recuerda que, tras las medidas provisionales acordadas por la CNMC, Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolló “actuaciones concretas para posibilitar su cumplimiento”.
Así, programó las pruebas de compatibilidad, movilizó recursos, coordinó a las unidades implicadas y propuso una nueva fecha cuatro días después de la suspensión de una primera prueba debido a una incidencia, mientras que la prueba de compatibilidad se celebró finalmente el 26 de junio de 2026.
Por otra parte, Renfe considera que la resolución “no valora suficientemente” las últimas actuaciones y alegaciones y sostiene que “la cuestión de fondo no se limita al acceso a una instalación concreta”, sino “el modelo de desarrollo industrial que debe acompañar a la liberalización ferroviaria”, y señala que “la capacidad industrial condiciona directamente el mantenimiento de la flota, la recuperación ante incidencias y la calidad y continuidad del servicio ferroviario”.
Además, fuentes de Renfe celebran que la resolución de la CNMC “reduce considerablemente el alcance de lo solicitado” por Iryo, ya que descarta el acceso de este a la base de Valladolid --al aceptar el carácter “desproporcionado” de esa medida--, así como la autoprestación de la totalidad del mantenimiento pesado (“R2”).
Por otra parte, desde Renfe mantienen que la valoración de la capacidad industrial disponible debe realizarse atendiendo a la disponibilidad conjunta de instalaciones, equipos, personal cualificado, horarios, secuencias de trabajo y requisitos de seguridad, y que “no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una instalación aislada”.
Por tanto, “se debe determinar si la capacidad contemplada en julio de 2025 continúa efectivamente disponible en las condiciones actuales y puede facilitarse sin detraer recursos necesarios para el mantenimiento de la flota de Renfe Viajeros”, precisa el operador.
Finalmente, llama a la “necesidad de reciprocidad en un mercado liberalizado”. En específico, defiende un mercado ferroviario “abierto y competitivo”, basado en principios de seguridad, reciprocidad y responsabilidad industrial, en el que la competencia debe desarrollarse “garantizando que cada operador asuma las inversiones y capacidades necesarias para sostener su propia actividad”.
En esa línea, prosigue, considera que el crecimiento del mercado debe apoyarse en nuevas inversiones industriales y de mantenimiento por parte de todos los operadores, y no en “una utilización estructural de capacidades ya comprometidas para atender la operación propia de Renfe”.