La Junta de Castilla y León autoriza sin evaluación previa el nuevo almacén de Acor en Olmedo
La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la modificación sustancial en la Orden que autorizó en 2007 las instalaciones de la cooperativa azucarera Acor, que construyó un nuevo almacén y secado solar de pulpa de remolacha sin que hubiera evaluación ambiental previa por parte de la Administración.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la Orden que modifica la original (de 2007), para conceder la autorización ambiental para la fabricación de azúcar en sus instalaciones, en un proceso en el que se observa que la obra del nuevo almacén ya estaba realizada cuando la Consejería de Medio Ambiente acudió a realizar la evaluación ambiental.
No obstante, la normativa establece, según recuerda la Consejería en su publicación, que fue el Servicio de Evaluación Ambiental el que en su informe del pasado 17 de marzo del presente año el que consideró que el proyecto estaba ejecutado, por lo que correspondía aplicar lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En concreto, ese precepto habla de que “no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
En este sentido, la Consejería asume que no se realizará dicho informe de evaluación ambiental y envía el expediente al Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático “para que se regularice su situación administrativa”, en el sentido de autorizar la modificación de la Orden.
En la misma publicación, la Junta añade que la validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anejo, también publicado, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Además, a partir de la notificación de la presente resolución, Acor dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la resolución.