CCOO ha presentado este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Consejería de Medio Ambiente por incumplir la Ley de Bomberos Forestales. Según ha explicado el sindicato, el personal del operativo de incendios de la Junta de Castilla y León está sometido a una “clara indefensión, cotizando irregularmente ante la Seguridad Social y con imposibilidad de acceder a la jubilación anticipada en la actualidad y en el futuro”.
Según ha expuesto CCOO, esto produce “una quiebra flagrante de la legalidad y de las obligaciones que la Junta tiene con este colectivo de casi 1000 trabajadores y trabajadoras”. Por ello, desde CCOO han pedido la dimisión del Consejero de Medio Ambiente y del Director General de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León al no aplicar el régimen legal al que está obligada por la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales.
Esta es una “Ley básica de todo el estado, que entró en vigor hace más de un año y que la Junta ignora deliberadamente”, como ha recordado el sindicato en un comunicado.
La Junta de Castilla y León, además “no les considera Bomberos y Bomberas Forestales, ni les cataloga legalmente como tales, algo a lo que está obligada”, ha remarcado CCOO. Asimismo, este personal no cotiza a la Seguridad Social en el epígrafe adecuado, ni tampoco se le aplica la cotización adicional que permita, a futuro, adelantar la edad de jubilación, ni tan siquiera se certifican adecuadamente los períodos trabajados anteriormente en las labores de Bombero Forestal, cuestión que establecía dicha Ley. “De hecho, la Consejería de Medio Ambiente ni siquiera utiliza los modelos oficiales de certificados del INSS”, han reprochado.
En el comunicado, CCOO ha tildado de “situación desastrosa” que está produciendo un daño laboral y económico directo a estos profesionales, un daño que cada día que pasa se va incrementando, y que puede terminar en centenares de reclamaciones ante los juzgados, con el evidente perjuicio, no ya para las personas trabajadoras afectadas sino para toda la sociedad de Castilla y León, que tendrán que sufragar con sus impuestos la incompetencia de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente. “Una actuación y unos incumplimientos que, de llevarlos a cabo cualquier empresa, le supondría gravísimas sanciones”, han apostillado.