CCOO acusa a la Junta de Castilla y León de mantener un operativo de incendios “precario e ilegal”

CCOO Castilla y León ha señalado que la Junta de Castilla y León vuelve a “engañar a la ciudadanía” al anunciar la “fijeza” de 837 trabajadores y trabajadoras del operativo de extinción de incendios y un supuesto aumento de la inversión del 130%, cifrado en 14 millones de euros, que “no es cierto” porque no hay “ni nuevos recursos ni mejoras reales”.

“La Junta sabe perfectamente que esta medida no es un avance, sino el cumplimiento tardío y forzado de un acuerdo firmado en septiembre de 2022, tras el incendio que arrasó la Sierra de la Culebra en Zamora. Un acuerdo que se ha ejecutado en el último minuto, después de dos años de incumplimientos, y que ahora se presenta como un logro político”, ha indicado José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León.

“Tampoco existe el anunciado incremento presupuestario”, ha apuntado. Muchas de estas personas trabajadoras ya tenían contratos de 12 meses y el gasto ya estaba contemplado. No hay 14 millones de euros más, “por mucho que la Junta intente distorsionar la realidad”. El operativo sigue siendo exactamente el mismo que ha demostrado “su fracaso” este verano, ha afirmado Jiménez.

“Pero lo más grave es que la Junta reconoce contratos de 12 meses y envía a estas personas trabajadoras a apagar incendios, mientras se niega a reconocerlos como bomberos y bomberas forestales, incumpliendo la Ley estatal 5/2024”, ha defendido el sindicalista.

Se trata de una decisión de “extrema gravedad” que “niega derechos laborales, profesionales y de seguridad a un personal público que se juega la vida”, ha apuntado en un comunicado.

CCOO ha asegurado que “837 trabajadores y trabajadoras no son suficientes” y que este colectivo ya estaba operativo cuando se han quemado más de 165.000 hectáreas en Castilla y León, trabajando en las peores condiciones laborales de toda España, con un modelo descoordinado, precarizado y privatizado que pone en riesgo a personas trabajadoras y población.

El sindicato ha exigido un “operativo público, profesional y eficaz, activo todo el año, con suficientes bomberos forestales, prevención real y seguridad laboral”, en consonancia con su propuesta presentada el pasado 19 de diciembre, que contempla “3.000 bomberos y bomberas forestales y 1.200 agentes medioambientales”. Esto garantizaría “la eficacia y la seguridad del servicio sin aumentar el gasto respecto al operativo actual”, ha apostillado.