Desmontando a Santonja: el funcionario que cobraba dos sueldos y pasó del comunismo a la extrema derecha

Laura Cornejo

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El consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox), o “don Gonzalo” que es como le gusta que se dirijan a él, siempre ha sabido moverse en círculos de poder, adaptándose a las circunstancias políticas y sociales del momento con un único objetivo: obtener algún rédito. Del comunismo a la extrema derecha, para Santonja median unas décadas y unas circunstancias: las suyas. La Junta de Castilla y León trata durante estos días de evitar preguntas sobre las irregularidades que permitió durante más de una década en favor de Santonja. Hace 20 años, en pleno auge del español como valor exportable, el gobierno autonómico decidió crear la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con el fin estudiar y difundir los orígenes del castellano. En principio no iba a contar con un director, pero alguien pensó que la fundación (otra más de la Junta) necesitaba un barniz académico. No está claro si fue Santonja, Premio Nacional de Ensayo y Premio Castilla y León de Letras, quien se ofreció o si recibió la oferta, pero el hecho es que fue nombrado director en 2002 y que en la información que se facilitó a los medios de comunicación, el ensayista y estudioso del castellano aparecía como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, cuando no lo fue hasta dos años después, en 2004.

Cuentan quienes conocen al actual consejero que siempre se ha valido de las medias verdades y de esos círculos de poder donde se movía con soltura para que nadie contrastase hechos. Así fue como Santonja, que aparecía en los presupuestos del Instituto de la Lengua como un director sin sueldo, logró cobrar dos a la vez sin que nadie lo señalase. La Junta le concedió en 2002 una comisión de servicios (un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del puesto de trabajo al que haya sido adscrito) en la Consejería Educación y Cultura. Las comisiones son por un año y prorrogables uno más, pero Santonja se las arregló para estar así hasta 2013, y durante 11 años cobró su sueldo de 50.000 euros sin que esa circunstancia se hiciese pública. Tanto es así, que el patronato de la Fundación, presidida siempre por la Consejería de Educación y Cultura y luego tras escindirse en dos, por la de Cultura, aprobó “honorarios del director” durante años, pero sin especificar que Santonja cobraba y que no estaba compatibilizando la dirección del Instituto de la Lengua con su puesto de profesor universitario sino que en virtud de esa comisión, sólo trabajaba para el Instituto.

Se adjudicaba trabajos del Instituto de la Lengua que luego facturaba aparte

Santonja se hacía de ese modo con dos salarios, el de 50.000 euros por la comisión de servicios que camuflaba su sueldo como responsable del Instituto, y el de 16.000 que le aprobaba el Patronato en la creencia de que su dedicación era por pura devoción académica. Según Santonja, esos 16.000 euros más eran “un complemento” tras obtener la cátedra que le otorgó un tribunal cuyos miembros, a excepción de uno, acabaron realizando distintos trabajos para la fundación, desde escribir libros hasta coordinar o comisariar exposiciones.

Pero además, Santonja cobró ese segundo sueldo facturando “cesión de derechos intelectuales” con su mercantil, Monbrún S.L. y por otro lado añadía otras cantidades por “ilustrar y maquetar libros”, incluso cuando esas ilustraciones ni eran suyas ni le habían supuesto pagar derechos por ellas, como hizo con un ensayo sobre Mariano José de Larra para el que utilizó un aguafuerte obra de Rosario Weiss y propiedad de la Biblioteca Nacional, o metiendo en la misma factura del año 2009 supuestas ilustraciones y maquetaciones de libros editados hasta dos años antes. Tras desvelarlo elDiario.es, el actual consejero de Cultura ha defendido estos cobros explicando que se necesitaba un director de publicaciones en el Instituto y que no se contrató a nadie “por razones económicas”. Lo que no ha dicho es cómo en calidad de director decidió adjudicarse él mismo esos trabajos de “maquetación” y cómo fijó el precio y, sobre todo, por qué el patronato nunca estuvo al tanto de esas tareas que se arrogaba.

Un contrato para asesorarse a sí mismo

En 2013, por razones que se desconocen, Santonja se quedó sin la comisión de servicios que había mantenido durante más de una década y tuvo que regresar a la Complutense a dar clases, pero siguió facturando al Instituto. No aguantó demasiado. En 2016 para poder compatibilizar su trabajo en la Complutense, hizo que la fundación contratase sus servicios como “director científico”. El 1 de enero de ese año firmó un contrato en el que se especificaba que la fundación estaba interesada “en el asesoramiento sobre la dirección científica de contenidos de diversas exposiciones y proyectos culturales” por parte de Gonzalo Santonja, catedrático en ese momento del Departamento de Filología Española II de la Facultad de Filología de la Complutense y que el “investigador” estaba dispuesto a hacerlo. Pero es que Santonja ya hacía ese trabajo desde 2002 y en este caso el contrato era para que se asesorase a sí mismo.

El contrato se justificó en base al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico y tenía una duración de cuatro años prorrogables. Tal y como se indicaba en ese contrato, Santonja debía informar regularmente a la fundación y mantener reuniones mensuales con sus responsables, obviando que sólo podía ser con él mismo como director de la fundación y con la gerencia, ya que el patronato sólo se reunía dos veces al año. La fundación pagó a la Complutense –y esta a Santonja– un total de 96.000 euros por esos cuatro años de “asesoramiento científico” y corrió con los gastos de desplazamiento. El sueldo de un catedrático ronda los 85.000 euros anuales y Santonja sumaba otros 18.000 anuales gracias a ese contrato encubierto para pagar su nómina como director.

De consentido del PP a consejero con Vox

La situación de Santonja saltó por los aires el pasado verano, cuando la Consejería de Cultura, en manos de Ciudadanos, aprovechó que se acercaba la fecha de jubilación para intentar prescindir de él discretamente. Aunque Gonzalo Santonja se mostró dispuesto a salir de la Fundación, llegado el momento se negó, y el patronato votó por dejar la dirección en manos de un consejo asesor. Sin embargo, los estatutos se habían modificado y exigían un quórum para votar el cese, y no se obtuvo, aunque sí una mayoría. Con un pie ya fuera, Santonja se encargó de filtrar a los medios de comunicación que dejaba la Fundación por las “hostilidades” sufridas por parte de Ciudadanos. También se dirigió a cada patrono de la Fundación para despedirse y arremeter contra el partido: “Desde mi experiencia vital –como sabes, fui encarcelado durante el franquismo– sé que las adversidades pasan y las redes clientelares caen solas, en especial cuando las promueven quienes están en vías de extinción política, pero el español permanecerá, causa que ha sido y seguirá siendo la nuestra”.

Santonja siempre ha tocado resortes gracias a ese pasado comunista y al encarcelamiento y exilio durante la dictadura de Franco, pero jamás habló de la etapa inmediatamente posterior, cuando como simpatizante de Herri Batasuna acudió a charlas y mítines, un dato que Vox, porque ahora Santonja está en las filas de la extrema derecha, ha conocido solo después de haberlo fichado. Su baile político le beneficia porque ahora desde la Junta de Castilla y León se defiende que cobrase dos sueldos, algo prohibido. Las razones son obvias: la Junta está en manos de PP y Vox por un pacto de Gobierno y Santonja ha sido nombrado consejero por Vox pero quien permitió y facilitó esa situación irregular en la etapa del Instituto de la Lengua fue el Partido Popular. Según el portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, las explicaciones de Santonja son “detalladas” y se niega a explicar en qué ley se basa para considerar que un funcionario puede cobrar dos sueldos públicos.