La Junta de Castilla y León asegura que la “prioridad nacional” de PP y Vox se aplicará con informes jurídicos
El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que todas las medidas recogidas en el pacto firmado este miércoles por PP y Vox respetarán la legalidad vigente. El dirigente 'popular' ha indicado que las medidas derivadas del concepto de “prioridad nacional” se harán con informes jurídicos como garantía del cumplimiento normativo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha reiterado que “todo lo pactado en el texto es conforme a la ley” incluidas aquellas convocatorias de ayudas y prestaciones que exigirán “arraigo” para ser concedidas.
Tras las críticas y dudas sobre la aplicación de las medidas del nuevo pacto de gobierno, Carriedo ha querido trasladar que es un acuerdo que garantiza “estabilidad, confianza y seguridad” y permitirá desarrollar un programa de gobierno durante los próximos cuatro años. Para el portavoz en funciones el futuro Ejecutivo autonómico será “para todos”.
Carriedo ha querido matizar que las medidas que Vox sobre migración no buscan excluir a determinados colectivos. “No queremos que se excluya a ningún ciudadano”, ha asegurado, para precisar que las ayudas se dirigirán a personas que se encuentren “en condiciones de legalidad” y con “arraigo”, algo que, como ha defendido recogido ya es “real, verificable y duradero”.
El portavoz en funciones puso de ejemplo para esto a la ayuda para la obtención del permiso de conducir incluida en el pacto, que prevé requisitos vinculados al tiempo de residencia en Castilla y León. Eso sí, Carriedo ha evitado concretar si los mismos criterios temporales se aplicarán al conjunto de prestaciones recogidas en el documento y ha señalado que cada convocatoria establecerá sus propias condiciones.
“Urgencia vital” y atención a migrantes en situación irregular
El concepto de “urgencia vital” es un apartado especialmente cuestionado por su falta de limitación y concreción en el acuerdo. En el punto 10.8 del texto, dentro de la “prioridad nacional”, se recoge la exclusión del “acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.
Preguntado por ello, Carriedo tampoco ha concretado qué situaciones quedarían incluidas dentro de ese concepto. El portavoz se ha limitado a señalar que la ayuda humanitaria está “claramente garantizada” y ha indicado que el acuerdo asegura la prestación de aquellos servicios que tengan carácter vital.
Sobre si es cobertura de supuestos se restringirá únicamente a cuestiones sanitarias o podrá extenderse a otras necesidades básicas, ha indicado que cada caso se hará de manera individual. Para Carriedo este apartado es compatible con la atención a las personas y la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de seres humanos, otro aspecto que el documento recoge.
Verificación de edad de los migrantes y ayudas a las ONG
La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha centrado en cuestiones derivadas del acuerdo firmado este miércoles, puesto que el pacto firmado por PP y Vox no fue enviado a los medios hasta después de la comparecencia conjunta de Carlos Pollán y Alfonso Fernández Mañueco. En ese texto, se recoge el compromiso para realizar pruebas de determinación de edad a inmigrantes en situación irregular desde que arranque el Gobierno autonómico.
A este respecto, preguntado por cómo lo va a hacer la Junta de Castilla y León, Carriedo ha señalado que la Comunidad no tiene competencias de Justicia, materia a la que corresponde este tipo de actuaciones. El portavoz se ha limitado a apuntar que la Junta tendrá que colaborar con otras administraciones para impulsar mecanismos que permitan la verificación de la edad de determinadas personas cuando existan dudas.
Tampoco ha concretado quién realizaría esas pruebas, si será personal del Sacyl o quién, ni cómo se articularían en la práctica.
Preguntado por la supresión de ayudas a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, el portavoz ha explicado que la Junta no colaborará con entidades que incumplan la ley o participen en actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Más adelante, Carriedo ha indicado que no conoce a ninguna ONG en Castilla y León que pueda ser sospechosa de ejercer esas actividades.
Durante el primero de los debates electorales, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó a Vox que sus políticas migratorias equivalían a “tirar seres humanos al mar”. Preguntado por esta afirmacíón y el motivo que ha llevado al PP a asumir los postulados de su socio de gobierno en esta materia, Carriedo no ha querido profundizar en la contradicción y ha replicado, de nuevo, que con el acuerdo se garantiza el respeto a “la ley, la libertad, la igualdad y la unidad de España”, principios que, a su juicio, inspiran el conjunto de las medidas pactadas.
Ley de Violencia de Género
En el documento presentado este miércoles ha desaparecido cualquier tipo de mención a la igualdad o a desarrollar una nueva Ley de Violencia de Género que se acordó en el anterior pacto de 2022 y que nunca vio la luz. Pese a la omisión, Carriedo ha justificado que se trata de una materia de “mucha importancia” que trasciende el pacto alcanzado entre PP y Vox.
Según ha explicado, la intención de la Junta es buscar un acuerdo más amplio que incluya al conjunto de las fuerzas con representación parlamentaria. “Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos”, ha asegurado el portavoz. Hay que recordar que en la legislatura pasada, Mañueco tuvo que retirar la ley por la falta de consenso y apoyo parlamentario.
La nueva Vicepresidencia Segunda busca “elevar de rango” a sus competencias adscritas
Del acuerdo presentado este miércoles llamó la atención, entre otras tantas cosas, la creación para esta legislatura de dos vicepresidencias. La primera, que será para Vox y la ostentará Carlos Pollán, tendrá adscrita una de las tres consejerías que le corresponde al partido de extrema derecha, mientras que la segunda, del PP, tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta remodelación, que sale de romper las áreas antiguas de Familia y de Medio Ambiente, buscará “elevar de rango” de estas materias “estratégicas para el futuro de Castilla y León”, como ha señalado Carriedo.
Como ha indicado, esta estructura contará con direcciones generales propias y responde a la voluntad de Fernández Mañueco de situar estas materias “en la primera línea de acción” del Gobierno. También ha rechazado que la fórmula sea un modo para sortear el límite legal de diez consejerías, al recordar que existen precedentes de varias vicepresidencias con competencias tanto en Castilla y León como en otras comunidades y en el Gobierno central.