La oposición de las Cortes de Castilla y León, formada por PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, ha vuelto a imponer su mayoría parlamentaria al Partido Popular del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En esta sesión plenaria, tras tumbar la semana pasada con enmiendas a la totalidad el proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo autonómico, las siete formaciones han sacado adelante la votación para tramitar la proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, registrada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! para incluir mejoras en los salarios y las condiciones laborales, aunque no dará tiempo a aprobarla al no haber margen en esta legislatura.
El PP también ha visto cómo la oposición ha tumbado los dos decretos que ha presentado sobre el operativo de incendios forestales. El consejero de la Presidencia, Luis González Gago, quien ha presentado el primero de ellos, ha instado a los grupos a aprobar las dos iniciativas, ya que la campaña de incendios está “a la vuelta de la esquina” y hay unas elecciones en marzo. Gago ha defendido que el decreto era fruto de varias reuniones con representantes sindicales y que su derogación afectará a la preparación del dispositivo para el próximo verano.
Las medidas de la Junta: “sin escuchar” y “tarde y mal”, según la oposición
El consejero ha tratado convencer a última hora el sentido de voto los grupos. Durante el debate, el PSOE adelantó la semana pasada había anunciado su voto en contra y ha criticado que la Junta “legisle sin escuchar” a los profesionales del operativo. Vox, que había sido sondeado en la tarde del martes por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones para intentar salvar el decreto, también se alineó con el resto de grupos de la oposición al considerar que las medidas llegaban “tarde y mal”.
Las nuevas medidas previstas en los decretos contemplaban una inversión de 16 millones de euros. De ellos, 12,5 millones serían destinados a transformar a los fijos discontinuos en trabajadores estables durante todo el año y 3,5 millones para financiar un nuevo complemento específico para los bomberos forestales. Asimismo, la Junta quería contratará con Tragsa parte de los trabajos de prevención y extinción que hasta ahora se encargaban a empresas privadas. En paralelo, la Escuela de Administración Pública (ECLAP) prepara un programa de formación específico para los nuevos bomberos forestales a partir de 2026.
Los grupos han reprochado a la Junta haber presentado un texto “impuesto”, sin consenso sindical ni de la patronal forestal, y sin negociación previa pese a las protestas del sector ante la sede parlamentaria.
Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea ha criticado que la Junta recurriera a decretos ley “sin urgencia justificada”, mientras Unidas Podemos ha tildado de “vergonzoso e indecente” que se hubieran ignorado los informes de los representantes laborales. Por Ávila y UPL-Soria ¡Ya! han defendido en que el operativo necesita “reformas de fondo” y una planificación estable “más allá de la guerra política”.
El consejero de la Presidencia ha alertado de que la derogación del decreto compromete la preparación del dispositivo de incendios para 2024 y responsabilizó a los grupos de bloquear unas medidas “largamente reclamadas”. “Cada uno debe ser responsable de sus actos”, ha dicho , antes de lamentar que las Cortes hayan dejado sin efecto las reformas diseñadas para evitar otro verano crítico como el vivido en 2023 y 2024.
Quiñones asegura que “es la única oportunidad para dar seguridad”
Para Suárez-Quiñones los decretos sobre el operativo contra incendios son “la única oportunidad en términos de ley para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios forestales en la próxima temporada de verano”.
El segundo decreto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, también afrontaba modificaciones en la organización del operativo. Los grupos han rechazado por las mismas razones: ausencia de diálogo efectivo, oposición sindical y una reforma que consideraron insuficiente tras un verano marcado por los peores incendios forestales en la historia reciente de la Comunidad.
Este decreto creaba “anillos de seguridad” urbanos y modificaba varias leyes —montes, patrimonio natural, urbanismo y carreteras— con el objetivo de facilitar tareas preventivas, reducir burocracia y trasladar competencias a las administraciones locales. Suárez-Quiñones ha manifestado que el decreto introducía reformas necesarias para afrontar incendios de gran intensidad.
En el texto, según el consejero, recogía un “paquete relevante de reformas” dirigido a eliminar burocracia, integrar la perspectiva de la prevención en las administraciones, facilitar a propietarios públicos y privados la limpieza del entorno y el cumplimiento de normas que ya existen, entre otras cosas.
Los grupos han reprochado que la norma no contara con acuerdo social y que trasladara demasiadas obligaciones a ayuntamientos con escasos medios. El PSOE ha apuntado que los cambios no incluían incrementos de personal ni de recursos y que no constituían una estrategia forestal integral. Vox ha cuestionado el desplazamiento de responsabilidades hacia los propietarios forestales y dudó de la eficacia de las medidas.
UPL ha indicado que se pretendía cargar sobre entidades locales —incluidas juntas vecinales sin personal propio— obligaciones que la propia Junta no puede asumir. Por Ávila ha afirmado en que se imponían exigencias sin financiación adicional. Igea, por su parte, ha afirmado que Quiñones “hace tiempo se tenía que haber ido”. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, no ha intervenido al no encontrarse en el hemiciclo cuando ha sido llamado a la tribuna de oradores.
La Junta considera excesivo los 10 millones que costaría implementar la ley de agentes Medio Ambientales
La Mesa de las Cortes había trasladado al pleno el criterio contrario de la Junta, que considera excesivo el coste previsto de estas mejoras laborales, cifrado en unos diez millones de euros anuales. Pese a ello, la iniciativa fue respaldada por todos los grupos de la oposición, mientras el PP y los dos procuradores no adscritos, ex de Vox, optaron por la abstención. Solo ha votado en contra el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, que se ha confundido a la hora de marcar el voto.
El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha defendido que la regulación es “necesaria” para dar seguridad jurídica y reforzar el papel de los agentes medioambientales en la protección del territorio, especialmente en materia de prevención y extinción de incendios.
Durante el debate, PSOE, Vox, Unidas Podemos, UPL-Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto ha recordado que los agentes trabajan sobre más del 50% del territorio autonómico y han pedido una normativa específica acorde con la ley estatal aprobada hace un año. El PP, sin embargo, ha avisado del carácter “electoralista” de la propuesta y la imposibilidad de tramitarla antes de la disolución de las Cortes.
300 personas se manifiestan contra de los decretos de la Junta
A las puertas de las Cortes, varios centenares de trabajadores del operativo —unos 300 según fuentes policiales— se han concentrado desde primera hora de la mañana convocados por UGT, CCOO, CSIF, Uscal y CGT para denunciar lo que califican de “engaño”, “mentira” y “trampantojo” de la Junta con los decretos ley. Los sindicatos han acusado al Gobierno autonómico de intentar “vender” una reforma sin mejoras reales en vísperas de las elecciones autonómicas de marzo, y han exigido un operativo “estrictamente público”, “totalmente profesional” y permanente los doce meses del año. Según han apuntado, ni aumenta el número de efectivos ni los complementos específicos llegan a quienes “se queman las pestañas a pie de monte”, mientras las cuantías más altas recaen en personal alejado de la primera línea.
Los portavoces sindicales han coincidido en señalar que el texto ha sido una “imposición” sin negociación efectiva, y han recordado que también ha recibido el rechazo de asociaciones de propietarios forestales y de empresas del sector. “Cuando todos los colectivos afectados están en contra, será por algo”, han indicado antes de exigir a la Junta que “rectifique” y reformule el modelo para garantizar la profesionalización y la dignificación laboral del operativo. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron petardos y tocaron bocinas, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de este verano y ha mostrado pancartas reclamando un operativo “100% público”, además de figuras satíricas con las caretas del presidente Mañueco, del consejero Suárez-Quiñones y del director general José Ángel Arranz, a quienes han pedido su dimisión.
El responsable del área de Medio Ambiente de CSIF, Agustín Argulo, ha afirmado que el decreto “no mejora absolutamente nada” y mantiene los 4.700 efectivos que la Junta anuncia “cada año”, por lo que alertó de que “cuando llegue otro verano extremo, volveremos a vivir pueblos desalojados, casas quemadas y pérdidas de vidas”. UGT ha lamentado que el Ejecutivo busca únicamente “poner un parche” para tranquilizar a la ciudadanía antes de las elecciones, y CCOO ha criticado que la reforma “solo cambia cromos” entre empresas públicas, semipúblicas o privadas sin garantizar condiciones de empleado público. Uscal, por su parte, ha aseverado que hay un “ataque frontal” a los agentes medioambientales por la incorporación de 97 técnicos —una medida de 6,5 millones— que, según el colectivo, busca “solapar” sus funciones y erosionar su autonomía como policía medioambiental.