PP y Vox votan contra la restitución de las víctimas de violencia machista en el protocolo de vivienda pública de Valladolid en medio de una bronca
PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado, con 14 votos en contra frente a 13 a favor, la moción de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que reclamaba recuperar la referencia expresa a las víctimas de violencia de género en el protocolo municipal de acceso a vivienda pública y restituir los 1,5 puntos que contemplaba el baremo anterior.
El debate durante el Pleno ha derivado además en una bronca entre la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, la oposición y parte del público, con interrupciones, reproches e insultos cruzados. Carvajal ha acusado a PSOE y VTLP de convertir el asunto en un “circo político” y de utilizar a las mujeres víctimas para obtener “una foto y un titular”.
Carvajal, después de ser interrumpida durante su intervención por el público, ha señalado a la tribuna y ha hablado de “los fascistas que hay ahí arriba”, mientras desde el público coreaban “fuera fascistas de Valladolid” y “es violencia de género”.
La propia Carvajal ha tenido que ser interpelada en varias ocasiones por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que le ha pedido que terminara su intervención al haber superado el tiempo. “Señora Carvajal, le ruego que termine ya”, le ha advertido el regidor. El alcalde también ha reclamado silencio y respeto al público durante el debate y la propia teniente de alcalde ha exiguido que se retiren los insultos a su persona.
En este pleno se debatía una moción para recuperar en la distinción a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler de VIVA, aprobado en mayo con los votos de PP y Vox. El anterior baremo otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. El nuevo texto sustituye esa referencia por la de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, una categoría que el Gobierno municipal defiende como más amplia y que, según la oposición, diluye la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.
La socialista Rafaela Romero ha reclamado durante el pleno que se dé marcha atrás y ha insistido en que “violencia de género y violencia doméstica no son lo mismo”. Para el PSOE, el cambio no es meramente terminológico porque modifica también la puntuación asociada a las víctimas. Romero ha sostenido que las mujeres que antes tenían 1,5 puntos pasan a quedar incluidas en una categoría que recibe un punto.
Rocío Anguita, de VTLP, ha defendido que la legislación estatal y autonómica establece una protección específica para las víctimas de violencia de género y ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda sustituirla por una categoría genérica sin un informe jurídico que avale el cambio. También ha criticado que se haya eliminado del protocolo la valoración de dos puntos asociada anteriormente al paso por recursos asistenciales o habitacionales, como casas de acogida.
“¿Un punto es más que un punto y medio?”, ha ironizado durante su intervención. “Las matemáticas no fallan, es menos”, ha remachado.
Los colectivos de mujeres reclaman volver al protocolo anterior
El debate ha contado con la intervención de representantes del movimiento feminista y vecinal. Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y ha insistido en que no puede equipararse con la violencia doméstica.
Paula Granado, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Consumidores Antonio Machado, ha incidido en la misma cuestión. Ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, sí reconoce expresamente la violencia de género, mientras que apenas unas semanas después el protocolo de acceso a la vivienda sustituía esa referencia por la violencia doméstica.
Las organizaciones han defendido que esa modificación no es un simple cambio de vocabulario, sino una alteración de las prioridades en el acceso a recursos públicos. Este asunto también fue abordado hace 15 días, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, en la que numerosas entidades abandonaron la sesión en protesta por la forma en que se estaba tratando el cambio del protocolo.
Vox defiende que la violencia doméstica amplía la protección
Irene Carvajal ha defendido durante buena parte de su intervención la decisión adoptada por PP y Vox. Su argumento es que la violencia doméstica constituye una categoría más amplia que permite incluir a víctimas que no quedaban contempladas en el anterior baremo: menores, personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar.
La concejala de Vox ha citado el Convenio de Estambul y el artículo 173.2 del Código Penal para sostener que la violencia doméstica engloba diferentes formas de violencia dentro de las relaciones familiares y de convivencia. A su juicio, integrar las víctimas de violencia de género en esa categoría no supone reducir su protección siempre que se mantenga su prioridad efectiva en el acceso a una vivienda.
También ha defendido que el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a vivienda protegida, pero no fija una puntuación concreta para los programas municipales de alquiler. Y ha señalado que las viviendas municipales de VIVA son viviendas libres, no viviendas calificadas como protegidas.
Carvajal ha acusado además al PSOE y a VTLP de no haber planteado objeciones cuando el protocolo se aprobó en mayo y ha asegurado que ambos grupos recibieron el texto 48 horas antes. La oposición, por su parte, ha defendido que sí se opusieron al cambio y cuestiona la forma en que se introdujo la modificación.
El PP asegura que no hay una menor protección
El equipo de gobierno ha defendido que el cambio de baremo no implica, según PP y Vox, una menor protección para las víctimas de violencia de género. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha asegurado que actualmente VIVA y los servicios sociales municipales disponen de mecanismos suficientes para atender a estas mujeres y ha afirmado que 16 viviendas están ocupadas en estos momentos por víctimas de violencia de género dentro de los recursos municipales. También ha reiterado que ninguna mujer víctima se quedará sin una solución habitacional.
La oposición ha respondido que no cuestiona la existencia de recursos asistenciales, sino que reclama que la protección quede expresamente recogida en las normas y protocolos que deben aplicar los empleados públicos.
Carnero anuncia un informe jurídico
Debido a la polémica generada, Carnero ha optado finalmente por pedir un informe a los servicios jurídicos municipales. El alcalde ha defendido que el Plan Director de Vivienda y Suelo, vigente hasta 2030, recoge la protección de las víctimas de violencia de género y ha sostenido que el nuevo protocolo “mejora” las políticas anteriores.
“Como el tema parece que es una cuestión jurídica, solicitaré al señor secretario y a los servicios jurídicos un informe jurídico de la cuestión”, ha anunciado antes de proceder a la votación.
Carnero ha insistido en que, a su juicio, el concepto de violencia doméstica utilizado en el protocolo incluye la violencia de género y ha asegurado que su Gobierno mantiene un compromiso “claro, determinante y diáfano” contra esta violencia.
La moción de PSOE y VTLP incluía cinco acuerdos. Todos fueron rechazados por PP y Vox, con 13 votos a favor y 14 en contra: reconocer expresamente a las víctimas de violencia de género como colectivo de protección específica y prioritaria; recuperar la diferenciación entre violencia de género y doméstica; restituir los 1,5 puntos del anterior baremo; garantizar las medidas específicas de protección en los instrumentos municipales y rendir cuentas al Consejo Municipal de las Mujeres.
PP y Vox piden más dinero al Gobierno para combatir la violencia machista
Mientras el equipo de gobierno ha votado en contra de la anterior moción, El PP, con el voto a favor de Vox, ha presentado otra moción para reclamar al Ejecutivo central un incremento de los recursos destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.
La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en su punto principal. PP, PSOE y VTLP han coincidido en reclamar más financiación estatal, mientras que también se ha aprobado, con 24 votos a favor y tres en contra de Vox, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación suficiente para sus competencias en prevención, protección y atención a las víctimas.
La moción socialista incorporaba además reclamaciones de mayor coordinación entre administraciones, que también han sido aprobadas con 24 votos a favor y tres en contra.
El portavoz del PP, Rodrigo Nieto, ha defendido que Valladolid recibe cada vez menos dinero del Estado para estas políticas y ha reclamado que la financiación aumente a medida que más municipios se incorporan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El PSOE ha aceptado pedir más fondos al Gobierno central, pero ha rechazado que la disminución de la cantidad recibida por Valladolid pueda presentarse como un recorte decidido específicamente contra la ciudad. La socialista Charo Chávez ha explicado que el reparto responde a criterios fijados legalmente y que el número de municipios incorporados al sistema de protección ha aumentado, lo que reduce la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento.
La socialista ha reclamado también corresponsabilidad a todas las administraciones y ha señalado que Castilla y León recibe fondos estatales para desarrollar sus propias competencias en esta materia.