Dos peritos, que han comparecido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la conocida como trama eólica, han asegurado que era habitual que grandes corporaciones energéticas se asociaran con empresas locales.
Los dos expertos, que han acudido por parte de la defensa del Grupo Collosa, han argumentado que esas asociaciones eran usuales porque los locales conocen el terreno en el que se va a situar un parque eólico, la zona y a qué ayuntamientos corresponde.
Esta práctica, que se da en general en España y otros países, en el caso de Collosa se basaba también en que tiene una división de construcción -para llevar a cabo parques eólicos una vez concedidas las licencias- y en que previamente ya conocían a grandes compañías por su actividad en el sector del gas.
Sociedades vehículo
Los dos peritos, que emitieron un informe el 30 de noviembre de 2018 sobre la actividad de Collosa vinculada con las eólicas, se han referido también a la existencia de sociedades vehículo que han descrito como las que se crean cuando hay un parque eólico y quieren invertir tres compañías.
Entonces, los bancos, para proporcionar financiación, dicen a las compañías interesadas que constituyan una sociedad vehículo, cada una con su participación, porque así tienen plena visibilidad sobre sus ingresos, gastos, activos y pasivos, beneficios y pérdidas. Se trata de una fórmula a requerimiento de los bancos para conceder financiación, han resumido.
Los dos comparecientes han expuesto un estudio que elaboraron acerca de la evolución del mercado eólico y han especificado que pasó de tener 1.829 megavatios en 2000 a 22.758 megavatios en 2012.
Ha apoyado el incremento observado en que, en ese periodo, se produjo el boom y el inicio de la construcción y desarrollo de los parques eólicos, en general la energía renovable, porque había un entorno legislativo favorable y las grandes empresas se dieron cuenta de que había unos excelentes recursos eólicos en España.
Por estos motivos proliferaron tanto los parques eólicos en aquel periodo inicial pero, posteriormente, entre 2012 y 2017, además de la crisis económica que se registró, hubo un entorno legislativo y sobre todo fiscal desfavorable a los parques eólicos.
Entorno legislativo favorable
El ámbito legislativo favorable consistía en el sistema primado que se estableció legalmente para incentivar la inversión en parques eólicos, de modo que quienes producían energía eólica percibían el precio de mercado más una prima. Esa prima se concedía por la producción de energía eólica, una vez que estaban construidos los parques y en funcionamiento, no antes de su puesta en marcha, han concretado.
Los peritos han explicado que, cuando llegó la crisis económica, a finales de 2009 Collosa tenía una deuda de unos 241 millones de euros por lo que contactó con la banca para refinanciarse y desinvertir en actividades que era más fácil vender a terceros, en este caso la parte del Grupo correspondiente a parques eólicos para ir vendiendo y repagar a la banca. Finalmente, de una deuda de 241 millones en 2009 se pasó a una deuda de veintisiete millones en 2017.
Lo que hizo el Grupo Collosa fue vender aquella parte de su negocio que era más fácilmente vendible a un precio razonable porque si no los bancos no le refinanciaban, han detallado.
Ambos han resumido en respuesta a preguntas de la defensa que no observaron ninguna operación anómala desde la perspectiva económica al elaborar su informe, que la intención era obtener rendimiento económico con la inversión en parques eólicos o en la construcción de esos parques y que los precios de las transacciones fueron adecuados al mercado.
La vista oral, en la que se sientan en el banquillo exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos, continuará el próximo lunes con la comparecencia de más peritos.