Visto para sentencia el juicio por la estafa millonaria de los ataúdes: 23 acusados y más de 200 testigos y peritos
El juicio del conocido como caso ataúdes, celebrado contra veintitrés acusados y que se ha centrado en el supuesto cambio de féretros antes de la incineración para su reventa en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, ha quedado visto para sentencia tras más de 200 testigos y peritos desde marzo.
Antes de la conclusión de la vista oral, el tribunal ha concedido la última palabra a cada procesado, que no han hecho uso de esta opción y han manifestado que no tenían nada que decir o nada que añadir.
Los encausados se enfrentan a penas que oscilan entre veinte años de cárcel, las más altas, y dos años de prisión, las menores, por delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
La vista oral se ha desarrollado por hechos ocurridos entre 1995 y 2015 con la intervención del ministerio fiscal, dos acusaciones particulares, nueve defensas y la letrada de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, en estos dos casos como responsables civiles.
Los abogados de los acusados que aún no habían expuesto su informe final lo han hecho este miércoles durante la última sesión del juicio.
Las defensas han criticado que la causa se asiente, a su juicio, solo sobre anotaciones, fotografías de cadáveres y escritos de un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, al que han considerado no creíble porque sentía animadversión hacia su jefe, también ya fallecido, y utilizó esos apuntes para extorsionar al dueño de la empresa, un delito por el que fue condenado.
Relación enfermiza de odio
Ese trabajador tenia “una relación enfermiza de odio contra su jefe” que se fue deteriorando y provocó una reacción de chantaje y amenazas. “La relación estaba viciada y contaminada por ese sentimiento de odio”, ha sostenido uno de los letrados.
Los listados que elaboró Justo M.G. adolecen de errores que reconoció su autor, lo que sería suficiente para anular esa prueba; las anotaciones son “falsas” y confeccionadas para blindarse ante un posible despido, ya que llegó a la empresa procedente de otro despido y su jefe le amenazaba día sí y día también con echarle de la empresa, ha agregado otro abogado.
Entre las argumentaciones de las defensas también se ha escuchado en la Audiencia Provincial de Valladolid que uno de los acusados, hijo del que fuera propietario de la empresa, acudió a la Policía a denunciar la extorsión de Justo a su padre y lo hizo porque no tenía nada que temer.
“La última palabra de Justo fue con su escrito de defensa. Cuando le pidieron veinte años de cárcel, su abogado negó los hechos de la acusación y pidió su absolución. Es que era mentira, lo dijo a través de su defensa”, ha recalcado un letrado.
Prescripción e indefensión han formado parte también de las alegaciones de los letrados, que han apelado a la duda razonable que surge en este caso “rigurosamente” ante el riesgo de condenar a un posible inocente.
La pena de banquillo
Uno de los abogados se ha referido a la “pena de banquillo” que han soportado sus clientes durante siete años y ha recalcado que ninguno de los trabajadores acusados se ha lucrado con las supuestas prácticas de cambio de ataúdes que se les atribuye.
Un defensor ha desechado que la razón por la que llevaran a cabo esos cambios fuera el miedo a perder su trabajo, porque es un empleo que no quiere nadie, no ganaban 6.000 euros al mes, obtenían unos 1.400 euros; no era una bicoca, era una tarea penosa, difícil, desagradable y no era para arriesgarse a pasar años en la cárcel por mantener el puesto.
“No veo sentados a los Corleone” en el banquillo de los acusados, “veo a trabajadores, a obreros”, ha expresado otro de los letrados. Antes de dejar el juicio visto para sentencia, el magistrado presidente ha agradecido la colaboración de todos y ha asegurado que el tribunal se va a guiar únicamente por la prueba practicada en el acto del juicio y valorando los informes “brillantes” expuestos.