El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado en una rueda de prensa que 8 ciudades de todo el país han avalado la manifestación en coche contra el Gobierno por la gestión de la crisis de la COVID-19 prevista para el próximo 23 de mayo. La formación ultra sitúa el veto en Castilla y León y en Cataluña, donde recurrirán la decisión ante los tribunales.
Buxadé confía en poder celebrar la marcha en caravana por el centro de ciudades como Madrid, después de que el delegado del Gobierno en esa Comunidad, José Manuel Franco, asegurase que no tendría “inconveniente” en autorizar protestas contra el Ejecutivo siempre que “se preserve la salud manteniendo la distancia social y cumpliendo la ley”. En Castilla y León, la delegación del Gobierno manifestó su rechazo este sábado, al considerar que sí suponían un riesgo para la salud.
El recurso judicial anunciado por el supuesto veto en Castilla y León y en Catalunya, se produce días después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, acusase al PP de Castilla y León de colaborar “con la censura del Gobierno socialcomunista” por no autorizar la manifestación de Burgos. El jefe del Servicio Territorial de Sanidad de Castilla y León informó “de forma desfavorable” señalando que “la manifestación puede suponer un riesgo sobre la integridad física de los participantes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.