El sector inmobiliario y constructor ha recurrido el plan de Ada Colau, validado por la Generalitat, para reservar el 30% de nueva vivienda en Barcelona a uso protegido. Las entidades que han interpuesto el recurso contencioso administrativo son la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya.
La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada el pasado 5 de diciembre mediante una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) y ya en vigor, obliga a todas las nuevas promociones de más de 600 metros cuadrados a reservar el 30% de los pisos a Vivienda de Protección Oficial (VPO), que podría ser de venta o alquiler. El plan condiciona no solo las nuevas construcciones, sino también las grandes rehabilitaciones o cambios de uso de edificios.
Desde que se planteó esta medida, el pasado mes de julio, el sector inmobiliario y constructor se ha opuesto a ella, aunque hasta ahora no había dado el paso de recurrirla a los tribunales. Consideran, según han manifestado en un comunicado conjunto, que el consistorio no tiene competencias para regular esta materia y que la legislación urbanística vigente “excluye” la posibilidad de imponer una carga como la del 30% sobre las promociones. “Atenta contra las condiciones básicas del derecho de propiedad” en suelo urbano, sostienen.
Lamentan también que con la nueva medida se devalúan tanto el suelo como las edificaciones, y aseguran que los efectos más negativos serían para las grandes rehabilitaciones, que consideran que “dejan de ser viables”.
La medida aprobada por el consistorio barcelonés prevé que queden exentas de estar sometidas a esta 'cuota social' las promociones cuyo suelo haya sido adquirido a partir de junio de 2016. Tampoco deberán cumplir con la normativa las que tramitaron sus licencias de obras antes de su entrada en vigor, lo que ocasionó un auténtico alud de trámites entre la aprobación inicial del plan, en junio, y la definitiva, en diciembre, para esquivar esta reserva.
La modificación del Plan General Metropolitano se aprobó en el Ayuntamiento con votos de BComú, PDeCAT, ERC, PSC y CUP. La iniciativa llegó a votación después de una campaña de las principales entidades por el derecho a la vivienda, como la PAH o el Sindicato de Inquilinos.