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CATALUNYA

La Generalitat valida que Barcelona obligue a los promotores a destinar el 30% de su nueva vivienda a uso social

El Ayuntamiento obtiene el visto bueno del Departamento de Territorio para que todas las nuevas construcciones reserven un 30% de vivienda de protección

Vivienda en Barcelona

Colau anuncia un acuerdo con el Govern para destinar el 30% de nueva vivienda a uso social

El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido el sí de la Generalitat este miércoles a su medida de destinar el 30% de las nuevas viviendas de la ciudad a uso social. Dos meses después de sacar adelante en el pleno municipal la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), y tras varias negociaciones con el Departamento de Territorio, han alcanzado un pacto para que la nueva norma entre en vigor la semana que viene prácticamente sin tocar el texto inicial.

Colau considera esta reserva de pisos, propuesta por entidades como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, como una de sus medidas estrella para ampliar el parque de vivienda asequible en la ciudad. La nueva norma para Barcelona, que se sustenta en la ley catalana de vivienda de 2007, obliga a los promotores inmobiliarios a destinar a Vivienda de Uso Protegido (VPO) el 30% de los pisos de nueva construcción, de rehabilitaciones integrales o de cambios de uso de edificios. 

Con esta medida, el consistorio calcula que ganará cada año entre 300 y 400 pisos a precio asequible. Del promotor dependerá si estas viviendas las destina a la venta o al alquiler social. En el caso de que opten por lo primero, el Ayuntamiento podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir los pisos y así ampliar el parque de vivienda pública.

"Hoy es un día histórico, supone un antes y un después para la ciudad", ha celebrado la alcaldesa, que ha reivindicado una vez más la necesidad de que la iniciativa privada se "corresponsabilice" de la generación de vivienda asequible en la capital catalana. Después de varias semanas de discrepancias, Colau ha mostrado plena sintonía este miércoles con el conseller de Territorio, Damià Calvet. "Estamos hablando de hacer ciudades que no expulsen, más habitables", ha expresado el conseller. 

Desde que el plenario sacó adelante la medida, con votos de BComú, PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, el Ayuntamiento viene presionando a la Generalitat para que lo valide. En esos dos meses han entrado a registro solicitudes de licencia para construir 40 inmuebles a los que se podría aplicar la medida si estuviera en vigor, con lo que estiman que han perdido alrededor de 300 pisos a precio asequible.

Todos los promotores que hayan registrado solicitudes de licencia hasta la fecha quedan exentos de reservar este 30%, lo que ha provocado en los últimos meses una alud de peticiones para esquivarlo. Tampoco se les aplicará a los que adquirieron un solar después del 30 de junio de 2016, porque se estima que para ellos la operación perdería viabilidad económica. 

El principal escollo de la negociación entre Ayuntamiento y Generalitat tenía que ver con los solares adquiridos durante el primer semestre de 2016, entre 200 y 300, a los que el consistorio quería aplicar un 20% de la reserva, al entender que una cuota como esta seguía garantizándoles viabilidad económica según su cálculo de la revalorización del suelo. 

Al final, el acuerdo entre las partes pasa por dejar estipulado en el texto que se estudiará cada operación de forma particular y se le aplicará la reserva si el Ayuntamiento estima, previo informe económico, que mantiene viabilidad.

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