El edificio de la Seguridad Social de 5.200 m² abandonado desde hace once años en el centro de Barcelona: “Es injustificable”

Han pasado once años desde que los juzgados de lo Social y de Magistratura abandonaron el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el distrito del Eixample de Barcelona. Desde entonces, este inmueble público de 5.200 m² permanece cerrado y sin uso en un barrio que arrastra no solo una falta de vivienda asequible, sino también de equipamientos públicos.

“Cada vez que paso por delante pienso que es una lástima que un edificio así no sirva para nada. Lleva muchos años vacío y se está deteriorando”, lamenta Dolores Martín, vecina del barrio desde hace cuatro décadas. Igual de indignada se muestra Dora Malfaz, que vive en el Eixample desde hace treinta años y conoce de cerca la gentrificación que ha sufrido la zona. “En lugar de mantenerlo abandonado, habría que aprovechar este patrimonio público para viviendas sociales o servicios para el barrio”, opina.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample lleva años reclamando que el edificio, ubicado en las calles Ali Bei y Ronda Sant Pere, deje de estar sin uso y se destine a vivienda dotacional para personas mayores y jóvenes, además de incorporar un centro de día, un comedor comunitario y otros equipamientos públicos.

Sin embargo, la propuesta permanece encallada. El Ayuntamiento también hace tiempo que negocia con la Administración General del Estado para obtener la cesión del inmueble, aunque sin resultados. Además, el Gobierno municipal también valora la opción de destinar el edificio a la ampliación del Centro de Atención Primaria (CAP) del barrio de Casc Antic, algo que no convence a los vecinos.

Subastas frustradas y presión vecinal

La reivindicación vecinal arrancó en 2018, cuando la Tesorería sacó el inmueble a subasta por segunda vez. Los vecinos iniciaron entonces una campaña para impedir su venta y reclamar que el edificio permaneciera en manos públicas. Entre 2017 y 2019 llegó a subastarse en tres ocasiones, pero ninguna prosperó. La calificación urbanística de equipamiento (clave 7a), que limita los usos posibles a actividades de interés público o comunitario, redujo el interés de posibles compradores, según aclaran fuentes municipales.

Seis años después, en octubre de 2024, la asociación presentó junto con la cooperativa Sostre Cívic un proyecto para transformar el inmueble. La propuesta recibió el apoyo de todos los grupos municipales del distrito salvo la abstención del PP.

La iniciativa planteaba destinar las plantas superiores a vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores y jóvenes. Este modelo, implantado en distintos países europeos y cada vez más en Catalunya, permite a los residentes utilizar una vivienda de manera indefinida sin adquirirla en propiedad ni acceder mediante un alquiler convencional.

Por otro lado, la propuesta incluía que las plantas inferiores albergasen un centro de día para personas mayores, una sala polivalente, un comedor comunitario y otros equipamientos abiertos al vecindario.

“Los edificios públicos en desuso representan una oportunidad extraordinaria porque el suelo ya pertenece a la Administración y eso facilita desarrollar políticas públicas”, explica Yabel Pérez, arquitecto y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. “Por sus dimensiones, su estructura y su ubicación, este inmueble podría adaptarse con facilidad a diferentes necesidades del barrio”, sostiene.

No obstante, la propuesta quedó paralizada pocos meses después, cuando el Ayuntamiento empezó a estudiar la posibilidad de trasladar parte del CAP del Casc Antic al edificio. La opción provocó el rechazo tanto de vecinos del Casc Antic, que se oponen a desplazar el centro sanitario fuera de su barrio, como de la asociación de la Dreta de l'Eixample, que considera prioritario mantener el proyecto original.

Entre el centro de salud y equipamientos de barrio

En marzo de 2026 se volvió a presentar la propuesta en un plenario a petición de los Comuns, donde todas las formaciones políticas votaron a favor a excepción del PSC, que votó en contra al ya estar inmersos en el proyecto de la ampliación del CAP.

Fuentes municipales explican ahora que también se estudia ampliar el CAP en el edificio del Síndic de Greuges, contiguo al inmueble de la Seguridad Social, una alternativa que permitiría llevar a cabo el proyecto vecinal en el antiguo complejo. “Lo lógico sería utilizar el edificio de al lado y no trasladar un centro de salud a otro barrio”, sostiene Jaume Artigues, portavoz de la asociación.

Para la entidad, el bloqueo resulta difícil de justificar. “En la Dreta de l'Eixample cerca del 90% de los equipamientos son privados y seguimos sin disponer de residencia pública ni centro de día para personas mayores”, denuncia Artigues. “Es absolutamente incomprensible que la Tesorería de la Seguridad Social no sea capaz de ceder un edificio como este después de tantos años vacío”, añade.

Desde el Ayuntamiento insisten en que las conversaciones con el Estado para obtener la cesión continúan activas, aunque admiten que no existe un plazo para resolverlas. “El distrito del Eixample es partidario de que todos los edificios públicos, independientemente de quién sea su titular, tengan un uso y, si es posible, se destinen a equipamientos de proximidad”, señalan fuentes municipales.

Mientras tanto, la asociación vecinal mantiene el pulso. En abril remitió una queja al Síndic de Greuges –aún pendiente de resolución– y tiene prevista una nueva reunión con el gobierno del distrito a mediados de julio para volver a defender un proyecto que ya ha sido aprobado en dos ocasiones por el pleno, pero que sigue sin fecha.

“Que un edificio de 5.200 m² permanezca cerrado y sin uso, pese a ser de titularidad pública, es inadmisible teniendo en cuenta las carencias que tenemos en materia de vivienda y de servicios públicos. No tiene ningún sentido y es injustificable”, zanja Ferran Raiva, miembro de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample.