El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del 3% ha requerido documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la empresa pública a la que pertenece TV3, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en la investigación sobre supuestos pagos de gastos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cargo de la productora Triacom.
La Audiencia Nacional, que ya procesó a los extesoreros del partido y al exconseller Germà Gordó en la pieza principal del caso del 3%, mantiene abierta una investigación por los indicios de que Triacom realizó facturas falsas a TV3 para hacer pagos al partido. El empresario Joan Manuel Parra acusó a CDC de emplear un sistema de facturaciones falsas con la productora para financiar actos de la campaña electoral de 2010.
En un operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra se han personado este martes en TV3 e instituciones como el consistorio de la capital catalana y la conselleria de Presidencia de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas o el Instituto Catalán de Empresas Culturales, además de a varias sociedades privadas como Mediapro, para recabar la documentación requerida por el magistrado Santiago Pedraz.
El juez quiere conocer “todos los contratos” suscritos entre la Corporación Catalana de Medios y la productora Triacom entre 2008 y 2016, además de documentación sobre las normas internas de contratación del ente público o los cargos que desempeñó Josep Oriol Carbó, exgerente de TV3 imputado en la causa.
Requiere también el magistrado al departamento de Presidencia de la Generalitat documentación “relacionada con el control y fiscalización” de dos subvenciones de 2013 y 2014 por 60.000 y 65.000 euros, respectivamente; y a la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona para que entregue expedientes de contratación de campañas publicitarias suscritos con Triacom en la época de Xavier Trias, y otros documentos como contratos, facturas y justificantes de pago.
En la trama presuntamente habría entrado en juego Triacom, pues, según la investigación, tanto la productora como Oriol Carbó, en lugar de hacer donaciones, habrían realizado pagos a Joan Manuel Parra, administrador de Hispart, “sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda” que CDC había contraído con dicha empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral de CDC de 2010.
“La cantidad total abonada en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros”, indica el auto del juez, que describe el “patrón de actuación” detectado: además de pagar gastos a CDC relativos a dicha campaña, también habría abonado otros gastos particulares de “personas ligadas directa o indirectamente” con la formación, entre las que cita a la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán; o del empresario David Madí, involucrado también en la trama.
En base a todo ello ha ordenado todos estos requerimientos, entre los que también se encuentra una serie de documentación a Triacom, cuya sede ya fue registrada en 2020, como diversos contratos, facturas, su libro diario, presupuestos, informes o memorias en relación a diferentes proyectos.
Pedraz pide facturación, albaranes o cualquier otra documentación que la productora haya emitido o recibido entre 2009 y 2016 en relación a diferentes sociedades, así como su libro diario. De Mediapro quiere documentos relativos a dos programas producidos por Triacom, “El Gran Dictat” y “Fish & Chips”, entre 2009 y 2015.