Punto final. La Junta Electoral Central (JEC) ha retirado el escaño a la presidenta de Junts, Laura Borràs, tras su condena por corrupción, pese a que la sentencia no es firme. La decisión del órgano electoral, confirmada por la Agència Catalana de Notícies después de que lo avanzara ABC, es un nuevo paso en el caso que va camino de costar la carrera política a la que fue uno de los mayores activos de Junts.
Ya había anticipado la JEC en abril, cuando permitió a Borràs y al Parlament un trámite de alegaciones, que la líder de Junts terminaría sin acta de diputada. Su caso, constató la JEC, es “análogo” a los de Quim Torra y Pau Juvillà, que acabaron con su cese como parlamentarios sin contar con una sentencia condenatoria firme. No había otro final posible para Borràs.
Formalmente, la JEC ha comunicado este jueves su decisión a la líder de Junts. En su acuerdo, la JEC descarta que el cese exprés de Borràs vulnere su derecho a la participación política, tal y como habían alegado tanto la líder de Junts como los letrados del Parlament. “Las dudas jurídicas sobre la afectación en el derecho fundamental de participación política ya han sido despejadas por el Tribunal Supremo”, zanja la JEC, desestimando así todas las alegaciones.
El siguiente en las listas de Junts y primer candidato a ocupar el acta de diputada de Borràs es Antoni Castellà, un veterano de la política catalana ex de Unió y ahora líder de Democràtes, la escisión independentista del desaparecido partido democristiano.
Perdido ya todo el eco institucional que le daba el cargo público, a Borràs todavía le queda la presidencia de Junts, aunque tampoco la puede dar por descontada. Los dos sectores enfrentados en el partido se han dado una tregua hasta después de las municipales, pero la guerra interna para desbancar a Borràs podría volver después del 28 de mayo.
Tras su condena a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, Borràs se atrincheró y rechazó dimitir de sus cargos institucionales y del partido. La líder de Junts lleva meses desoyendo la petición unánime del resto de partidos para no alargar más la interinidad en la presidencia del Parlament que empezó en julio después de su suspensión.
Borràs ha desoído todas las voces que le han pedido dar un paso atrás y sigue insistiendo en que se la ha condenado por independentista y no por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. Una tesis que ni voces de su propio partido compran: la presidenta de la comisión de garantías de Junts, Magda Oranich, ha puesto en duda que el caso de Borràs sea de ‘lawfare’. Oranich será la encargada de decidir si Borràs mantiene la militancia una vez el Tribunal Supremo resuelva su recurso.
Aunque los pronunciamientos públicos escasean, el caso Borràs ha reavivado la división interna en Junts. Borràs lidera el sector que aboga por la vía unilateral y la confrontación con el Estado (sin precisar cómo), mientras los exconsellers, con Jaume Giró y Victòria Alsina al frente, encabezan el sector pragmático, guardián de las esencias de gestión convergente sin renunciar a la independencia. El secretario general de Junts, Jordi Turull, intenta por todos los medios que el partido no se rompa.
Nuevo escenario en el Parlament
Con la decisión de la JEC, el Parlament no tiene ya más excusas para pasar página a la interinidad que vive desde la suspensión de Borràs. Junts se ha negado a proponer una candidatura alternativa para presidir la Cámara, pero el resto de grupos ha mostrado su intención de no prolongar más la presidencia vacante.
La portavoz del PSC, Alícia Romero, apostó este martes por resolver la interinidad “cuanto antes mejor” una vez la JEC decidiera. También ERC desearía un pacto rápido entre independentistas que posibilitara una nueva presidencia. Con todo, es previsible que los grupos esperen a que Junts mueva ficha.
Este miércoles, ERC, Junts y la CUP rechazaron en el Parlament la reforma del reglamento propuesta por el PSC al considerar que se trataba de un planteamiento “ad hoc” para el caso Borràs. Republicanos y anticapitalistas han abogado por buscar un “texto de consenso” para reformar el reglamento.
En el grupo posconvergente conviven los partidarios de nombrar a uno de sus diputados en la presidencia y llenar el vacío institucional –uno de los nombres que más aparece en las quinielas es el de la diputada Anna Erra– y el núcleo de parlamentarios más cercano a Borràs, que ha insinuado que se tendría que dejar vacante la presidencia.
Borràs conocía los precedentes
Borràs sabía que su final como diputada estaba cerca. En su etapa como presidenta del Parlament, le tocó gestionar el caso de Pau Juvillà, diputado de la CUP condenado por desobediencia y al que la JEC también privó de escaño sin contar con sentencia firme. Pese a que Borràs prometió que defendería el acta de Juvillà, la entonces presidenta del Parlament terminó acatando la orden de la JEC.
Cabe recordar además que Borràs criticó con dureza a su antecesor, el republicano Roger Torrent, por acatar la orden de la JEC de retirar el escaño de Quim Torra. Borràs terminó actuando igual que Torrent, y ahora tampoco se espera una desobediencia de la vicepresidenta y líder en funciones de la Cámara, la republicana Alba Vergés.
La única diferencia entre Borràs y el expresident y el exdiputado de la CUP es que su condena es por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos por beneficiar a un amigo, mientras que las de Torra y Juvillà fueron por desobediencia por no retirar lazos amarillos de edificios públicos.
Tanto la prevaricación como la desobediencia forman parte de los delitos contra la Administración Pública. Una condena inicial por este tipo de delitos ya es suficiente para que la JEC pueda retirar el escaño, aunque el diputado no tenga sentencia firme.
Más allá de las diferencias entre un caso de corrupción y otro relacionado con el procés, la retirada exprés de escaño a cargo de la JEC sin contar con sentencia firme, avalada por el Supremo, suscita dudas en círculos jurídicos, habida cuenta de que supone privar de su acta a un diputado sin que haya agotado todos los recursos a los que le da derecho la ley.