La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar
Kalita Fernández ha obtenido un poco más de tiempo. La Justicia europea ha ordenado la suspensión del desahucio, instado por un fondo buitre, de esta mujer de Badalona, con seis hijos menores de edad a su cargo (uno de ellos, con apneas que le obligan a dormir conectado a una máquina), previsto para este viernes.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado la medida cautelar solicitada por el abogado de Fernández, Ton Mansilla, y ha ordenado al Estado español que la mujer y su familia no puedan ser desahuciadas, al menos, durante una semana, hasta el próximo 1 de julio.
Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes.
En su demanda, el abogado de Fernández reclamó la suspensión del desahucio como medida “estrictamente temporal y limitada” hasta que las autoridades locales proporcionen a la familia “una alternativa habitacional real, inmediata, estable y adecuada, compatible con las necesidades de seis menores y, en particular, con la situación médica de la hija menor”.
El plazo de suspensión del desahucio todavía podría ampliarse. En estos siete días, el TEDH espera la respuesta de España sobre si la jueza de Badalona que ordenó su desalojo tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y si las autoridades locales han ofrecido una alternativa de vivienda.
A falta de conocer la contestación formal del Estado, la respuesta a ambas preguntas es negativa, tal y como ya explicó elDiario.es. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
“La ejecución del desalojo sin alternativa habitacional inmediata, estable y con condiciones adecuadas crea un riesgo concreto para la vida de la menor”, recuerda el abogado Mansilla en su escrito ante el TEDH.
El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social.
En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.
Tal y como explicó la mujer a este diario, Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Entonces tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, reclamó.
Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.
Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explicó la mujer. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, alegó haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.