La mitad de votantes de PP y Vox, a favor de aumentar impuestos a quien tenga más de una vivienda en propiedad
La redistribución de la riqueza es una de las medidas que la sociedad española ve con mejores ojos para solucionar la actual pérdida de poder adquisitivo. Incluso entre los votantes de la derecha: más de la mitad de los simpatizantes de PP y Vox están a favor de aumentar los impuestos a quienes tengan más de una vivienda en propiedad (58% y 55%, respectivamente), así como de gravar “considerablemente” a los ricos (63% y 58%).
Así lo muestra encuesta del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) elaborada a 1.850 personas de toda España este verano, meses antes de que la cuestión de la vivienda se convirtiera en el centro del debate. El estudio ha analizado, primero, el estado socioeconómico español y, luego, ha preparado una serie de propuestas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo y las ha cruzado con el recuerdo de voto de la población preguntada.
Los datos de la encuesta demuestran que la precariedad se ha instalado en el conjunto de la población; cerca de la mitad de la población asegura que sólo puede hacer frente a los gastos básicos de su día a día, sin margen de ahorro ni para afrontar imprevistos. En esta máxima, el peso de la vivienda tiene una gran importancia: mientras el precio del alquiler ha subido un 85%, los salarios sólo lo han hecho un 25%. Con todo, la riqueza que genera el mercado habitacional, cada vez se reparte entre menos manos: en este periodo se han construido dos millones de viviendas, pero el número total de propietarios ha caído un 22%.
Esta concentración de los bienes se encuentra también en la cesta de la compra, cuyo precio ha subido un 45% en la última década, o en la energía. A pesar de eso, la población no reconoce a las grandes empresas como responsables de sus problemas económicos. La población sitúa en las principales posiciones al Gobierno y a los partidos políticos, seguidos por los especuladores y los bancos. Las empresas se encuentran en la cuarta quinta posición de la lista de culpables, seguidas por los inmigrantes y los propios trabajadores.
“Detectamos un malestar económico amplísimo que, aunque pocas veces llega a la pobreza extrema, está muy extendido y genera miedo al futuro”, apunta Jaime Palomera, director de Idra. Eso, apunta, se nota en las soluciones preferidas de la población. A parte de gravar a los colectivos más adinerados, otra de las medidas mejor valoradas es aquella que interviene los precios del mercado. El 70% de la población estaría a favor de que el Estado tope los precios de la vivienda, los alimentos y la energía durante momentos de crisis. Esa cifra se mantiene en un 63% en el caso de los votantes de la derecha.
Aun así, aseguran que la intervención sobre los precios genera más consenso social: se trata de una medida muy bien valorada por los partidos de la izquierda y divide mucho menos a los votantes conservadores. De esta manera, los investigadores apuntan a que los partidos que pudieran construir una “agenda política creíble podría disputar la hegemonía”.
En la misma línea, insisten en que el coste de la vida se sitúa en el centro del debate y, por eso, las políticas económicas que no protejan a la población podrían castigar mucho a ciertos partidos, de la misma manera que insinúan que un partido que se mostrara abiertamente a favor de aumentar impuestos a los ricos podría recolectar más apoyos. En este sentido, han evaluado el potencial apoyo a programas electorales “hipotéticos” y han recabado que una formación que prohibiera abiertamente la especulación tendría un 3% más de posibilidades de ser votado.
Por otro lado, una propuesta electoral que afirmara claramente su negativa a gravar a los ricos tendría un 9% de posibilidades de movilizar el voto hacia una formación que sí apostara por hacerlo. Por otro lado, la medida propositiva que mayor apoyo recolectaría sería la de ampliar el parque público de vivienda (con un 7% más de posibilidades de voto). “La vivienda es clave”, insisten desde Idra, que zanjan con un dato que es muy claro: las propuestas que defienden la libertad de mercado en el ámbito de la vivienda son las que menos gustan a la población. Y la razón es que el 70% de los preguntados creen que los ricos especulan con la vivienda.