La independencia de Bellaterra y su ansiada anexión a la vecina Sant Cugat del Vallès (Barcelona) presiden estos días todas las conversaciones entre los vecinos de esta urbanización, una de las más adineradas de Catalunya. “Sentimos abandono”, resumía este miércoles Chus Cornellana. Ella es una de las principales activistas por la separación de este vecindario del municipio al que pertenecen, Cerdanyola del Vallès, a quienes acusan de darles la espalda.
El proceso lleva años abierto, pero estos días ha escalado hasta incendiar la política local. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, ha acusado al Ayuntamiento de Sant Cugat de maniobrar de forma “desleal” para anexionarse Bellaterra, cuyos habitantes son mayoritariamente partidarios de cambiar de municipio.
Los residentes esgrimen razones de cercanía geográfica, movilidad y de falta de inversiones, pero desde el gobierno municipal de Cerdanyola denuncian que existe un sesgo de clase social: Bellaterra, la urbanización con más poder adquisitivo de la localidad, quiere unirse a Sant Cugat, uno de los municipios con mayor renta de Catalunya. “Puede que no lo digan, pero es el motivo más evidente y claro”, expresa sin ambages Cordón (PSC).
Desde el consistorio de Sant Cugat del Vallès responden, visiblemente molestos, que ellos no han intervenido en la vida política de Bellaterra. Y que se limitan a constatar la “viabilidad” de su integración en un informe encargado precisamente por Cerdanyola del Vallès, obligada por la Justicia a abrir un expediente de segregación después de que sus vecinos lograran las firmas necesarias en 2019. “Nosotros hemos sido respetuosos no, lo siguiente”, defiende Jordi Puigneró (Junts), teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales de Sant Cugat.
Con 3.037 habitantes, Bellaterra es una apacible urbanización fundada en 1929 que se extiende al norte de la Sierra de Collserola. Desde 2010, su estatus es de Entidad Municipal Descentralizada (EMD), una forma semiautónoma de gobierno dentro de Cerdanyola. Pero de la ciudad a la que pertenecen la separan 5 kilómetros, con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la autopista AP-7 y la carretera C-58 de por medio. La continuidad urbana sí existe en cambio con Sant Cugat, lo que hace que sus vecinos se sientan más integrados en la vida diaria de la localidad a la que ahora quieren sumarse.
La plaza del Pi, al lado de la estación, concentra los pocos comercios del pueblo y ejerce como punto de encuentro diario para los vecinos. En la única cafetería, la Bonaparte, Elisenda, Chus y Desveus debaten sobre la posible anexión. Las dos primeras forman parte de Comisión Bellaterra És Sant Cugat. Su primer argumento es que la distancia física y la falta de conexiones de movilidad “no permiten” una buena gobernanza de la urbanización.
“En 10 minutos llegas a Sant Cugat con los ferrocarriles, que además pasan cada 15 minutos, mientras que para ir a Cerdanyola los buses pasan con poca frecuencia, no ofrecen servicios los fines de semana y la escasez de paradas obliga a caminar largas distancias”, lamenta Chus. Un estudio de hábitos de consumo realizado por la EMD constató que un 60% de los habitantes de Bellaterra realizan la mayor parte de sus tareas diarias en Sant Cugat y que solo un 9% lo hace en Cerdanyola.
La cercanía y los transportes no son el único motivo. También aducen falta de inversiones por parte del consistorio, y en ese punto donde emergen los recelos sobre el poder adquisitivo de sus habitantes. Con una renta bruta per cápita de 45.599 y 50.459 euros (en sus dos secciones censales), están dentro del 1% más rico de España, y más cerca los 34.785 de Sant Cugat que de los 22.963 de Cerdanyola.
Los vecinos niegan que sea la riqueza de Sant Cugat lo que les mueve. “El argumento sociodemográfico se utiliza de forma interesada. El Ayuntamiento de Cerdanyola nunca ha considerado a Bellaterra como una prioridad y ha usado la excusa de las rentas altas para no invertir en el municipio”, defiende Elisenda.
La opinión la comparten algunos de los jóvenes que han crecido en la localidad. “Las calles de la parte alta están dejadas, con los impuestos que pagamos deberíamos tener algo mejor”, afirma Jan, de 21 años, que opina sobre la anexión: “Peor que ahora no será”.
Josep Maria Riba, presidente de la EMD, es más comedido, pero coincide al afirmar que faltan equipamientos y autogobierno. En el último informe sobre la separación que remitió a Cerdanyola, resumía las razones geográficas, administrativas, de movilidad y económicas. “El desconocimiento del grado de solidaridad económica de Bellaterra hacia el resto de Cerdanyola, unido a una carencia histórica de inversiones, favorece una percepción generalizada de que el retorno de los impuestos y tasas que se pagan es bajo”, reza el documento.
Del proceso histórico a las acusaciones políticas
Los vecinos de Bellaterra hace décadas que quieren dejar de pertenecer a Cerdanyola. Los primeros intentos de independizarse fueron en los 90, y la propia creación de la EMD, en 2010, fue un intento de acomodar sus aspiraciones de autogobierno. En 2015 celebraron una consulta ciudadana para separarse y el sí superó el 90%, pero la Generalitat lo rechazó e instó a que negociaran un nuevo convenio de autogobierno. Años después, a falta de que este se materializase, un grupo de vecinos volvió a la carga, pero esta vez para integrarse en Sant Cugat.
Una campaña de recogida de firmas en 2019 logró que más del 60% del censo apoyara el cambio de municipio. Cerdanyola lo rechazó, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a Bellaterra y obligó al ayuntamiento a abrir un expediente de segregación, que es el que se está tramitando actualmente.
Es en este marco que Cerdanyola encargó un informe a Sant Cugat y a otras administraciones implicadas (la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona o el Consejo Comarcal) sobre si la anexión cumple los requisitos necesarios en materia urbanística, demográfica, económica o jurídica. La conclusión es que sí, que no habría impedimentos técnicos, aunque algunos entes como la Diputación recomiendan que se lleva a cabo por consenso.
A partir de ahí, el Ayuntamiento de Cerdanyola debe cerrar el expediente, llevarlo a votación en el pleno y elevarlo a la Dirección General de la Administración Local, de la Generalitat, en seis meses para analizarlo todo. Finalmente, sería el Govern que preside Salvador Illa el que debería aprobarlo.
Mientras tanto, la presentación en rueda de prensa del informe de Sant Cugat, donde gobierna Junts con ERC, ha desatado las quejas en la ciudad vecina, cuyo alcalde es del PSC. “Lo que criticamos es que ellos no van de cara, no nos quieren decir nada, y luego el 6 de enero por la noche su alcalde me manda un WhatsApp informándome de que van a aprobar el informe donde se avala la integración”, lamenta Cordón, que acusa al gobierno municipal vecino de “trabajar activamente” para anexionarse Bellaterra con reuniones con sus vecinos y asistiendo a sus plenos.
Puigneró, por su parte, insiste en que se han limitado a elaborar un informe encargado por Cerdanyola, y que la relación con los vecinos de Bellaterra era necesaria para ello. El teniente de alcaldía argumenta que deben ser los residentes en Bellaterra quienes decidan su futuro, y acusa a Cerdanyola de querer evitar una segregación que ya parece inevitable. “Si no quieren que se vayan, lo que deben hacer es arreglar sus problemas. ¿Por qué hace 25 años que se quieren ir? ¿Quizás porque hace 25 años que los maltratan?”, cuestiona Puigneró.
Desde Cerdanyola, sin embargo, argumentan que la anexión abriría un “precedente” de desigualdad territorial. “Que núcleos con más poder adquisitivo se vayan juntando supone dejar de lado el modelo de igualdad y la sociedad de la redistribución que nos caracteriza”, expone el alcalde Cordón.
Con unanimidad de todo el pleno de Cerdanyola en contra de este proceso, falta por ver cuáles serán las conclusiones del informe que su consistorio debe cerrar en las próximas semanas.
Uno de los puntos que pueden hacer descarrilar la anexión es el futuro la EMD. Casi nadie en Bellaterra quiere que desaparezca esta forma de autogobierno. “Perderla supondría la pérdida del acceso a subvenciones y de capacidad de gestión local”, advierte su presidente, Josep Maria Riba. Si consuman la separación, esto desaparecería, porque forma parte de un convenio con el Ayuntamiento de Cerdanyola. Sant Cugat podría plantearlo, pero el problema es que desde 2013 la reforma de la administración local del PP dificulta mucho más su creación.