Carrera profesional en Castilla-La Mancha: hipocresía política convertida en riesgo sanitario

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales.

La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de 'privilegio' corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional.

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región.

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía.

Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble el PP debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica.

Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un 'extra' en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud.

Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.