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El Gobierno no pide inhabilitaciones al Constitucional para evitar romper el consenso en el Tribunal
El Gobierno ha levantado el pie del acelerador jurídico –que no declarativo– evitando pedir al Constitucional la inhabilitación de los miembros de la Mesa del Parlament que este miércoles han participado en la admisión a trámite de la Ley de referéndum. De haber querido, Moncloa tan solo tendría que hacer uso de la reforma de la ley que regula el Constitucional, aprobada en 2015 con la mayoría absoluta de los de Rajoy.
Esa reforma convertía al Constitucional en un órgano jurídico con capacidad para ejecutar medidas que garanticen el cumplimiento de sus sentencias. Dicho de otro modo, el Constitucional ganó en esa reforma la capacidad para inhabilitar a cargos electos.
La reforma de 2015 nunca se ha llegado a aplicar en este punto y hay discrepancias internas en el Constitucional sobre la posibilidad de acabar convirtiéndolo en un tribunal con carácter penal.