La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha detectado un “fraccionamiento indebido” en varios contratos que hizo el Patronato de la Montaña de Montserrat durante 2017, liderado por el expresidente del Parlament Joan Rigol, y ha cuestionado las subvenciones por valor de 2 millones de euros que la Generalitat otorgó a la abadía.
Las irregularidades detectadas en las cuentas de 2017 se centran en dos subvenciones concedidas por la Generalitat. Una es de un millón y medio de euros para “la prestación de servicios públicos en el interior de la zona urbana propiedad del Monasterio”. La otra es de medio millón y fue otorgada para las obras de rehabilitación de la estructura de la pasarela de acceso al monasterio.
La Sindicatura concluye que el procedimiento para otorgar los fondos “no se ajustó a la normativa” y que las subvenciones “no han quedado correctamente justificadas”, por lo que la Generalitat incumplió la normativa de contratación pública.
Al respecto, la Sindicatura sostiene que “el patronato debería adecuar las ayudas a la Abadía de Montserrat a la normativa en materia de subvenciones, revisar las justificaciones presentadas por el beneficiario, requerir la documentación justificativa adicional que sea necesario y, en su caso, iniciar un procedimiento de reintegro”.
De hecho, según el informe, el Patronato de la Montaña de Montserrat ha registrado gastos por 175.884 euros que son subvenciones directas otorgadas sin seguir el procedimiento establecido por la normativa vigente. Por otra parte, la Sindicatura también ha detectado que el patronato abonó a su personal algunos complementos salariales “que no se ajustan a la normativa aplicable”.
Asimismo, la Sindicatura censura contratos adjudicados por el monasterio que incumplen la ley. Se trata de contratos por el suministro y colocación de cajeros automáticos en el parking, el servicio de recogida de animales abandonados en el Parque Natural, el servicio de limpieza y mantenimiento del parque, el servicio de mantenimiento de caminos, el suministro de electricidad y el cambio de dispositivos de seguridad.
Según el informe, durante el ejercicio de 2017 el patronato sólo hizo contratos menores. En concreto, hizo 86 (59 de servicios, 21 de suministros y 6 de obras) adjudicados directamente por un total de 967.298 euros. La Sindicatura ha analizado estos contratos menores en comparación con los que se produjeron en los ejercicios de 2015, 2016 y 2018 y ha concluido que, en varios casos, “los importes, las fechas, los tipos de contrato o la reiteración de contratos suponen un incumplimiento de lo establecido en el artículo 86.2 del TRLCSP y, en consecuencia, se considera que hubo un fraccionamiento indebido de los contratos”.