Las fianzas del Tribunal de Cuentas a exdirigentes y funcionarios catalanes por el procés siguen protagonizando la política catalana. El presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha anunciado que su partido pedirá este vernes un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el equivalente autonómico al Tribunal Constitucional, sobre el fondo que ha creado el Govern para cubrir económicamente a los 34 encausados por del Tribunal de Cuentas, que a su vez han recurrido las fianzas que suman 5,4 millones.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Illa ha explicado que el objetivo del dictamen es aclarar las “dudas” que tiene el PSC sobre el encaje del fondo en la legalidad estatutaria y constitucional. El movimiento del PSC llega después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuestionara el decreto aprobado por el Govern ya que, en su opinión, “pone cosas que son difíciles de entender”. En cambio la Generalitat defiende que el fondo es plenamente legal.
El líder de la oposición en Catalunya ha avanzado que si el CGE dictamina que el fondo es legal, el PSC no tendrá inconveniente en votar a favor de la medida en el Parlament cuando toque convalidar el decreto ley del Govern. “Es razonable que tengamos dudas y que las queramos aclarar por el bien de todos. El momento de esta medida introduce dudas”, ha apostillado.
En paralelo al recorrido del fondo del Govern, los 34 dirigentes y funcionarios encausados por los gastos exteriores del procés han recurrido la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas y han pedido más tiempo para depositar la fianza. El Tribunal de Cuentas dio hasta finales de julio para abonar el dinero, pero los exlíderes del procés han pedido que se suspenda el plazo o que se les conceda más tiempo.
La defensa del expresident Carles Puigdemont ha presentado un recurso ante por la fianza que, en su caso, supera los dos millones de euros. Puigdemont ha alegado que tiene inmunidad como eurodiputado y que el Tribunal de Cuentas tendría que pedir un suplicatorio a la Eurocámara antes de proceder contra él. También ha acusado al órgano fiscalizador de “derogar las competencias en materia de la acción exterior de la Generalitat” con esta causa, así como de dar respuesta de forma “muy superficial” a sus alegaciones durante el procedimiento.
Por su lado, el expresident de la Generalitat Artur Mas ha recurrido su fianza de más de dos millones y ha cargado contra “la irregular tramitación” que, a su juicio, ha seguido la causa del Tribunal de Cuentas, lo que le ha generado una “indefensión material”. Recuerda la defensa de Mas que fue el pasado 29 de junio cuando el tribunal les dio las 500 páginas del auto de liquidación provisional y solo tres horas para leerlo y formular alegaciones, lo que impidió ejercer la defensa “en las debidas condiciones”. Y agrega que se le vincula con actuaciones que son posteriores a su etapa como president.