El Govern cubrirá las fianzas que suman 5,4 millones de euros de los 34 exdirigentes y funcionarios encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. Tras semanas de debate sobre el encaje jurídico de la medida y presiones de algunos partidos y entidades soberanistas, el Ejecutivo catalán ha presentado este martes el llamado Fondo Complementario de Riesgos para “dar cobertura” a las reclamaciones judiciales o administrativas de trabajadores públicos y altos cargos.
La decisión llega después de que el Tribunal de Cuentas diera de plazo hasta finales de este mes de julio a 34 exaltos cargos y funcionarios, entre ellos los expresidents Mas, Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras, para abonar 5,4 millones de euros por los gastos relacionados con la promoción exterior del procés que, según el ente fiscalizador, superaban el límite de la legalidad estatutaria.
El fondo, que se creará a propuesta de los departamentos de Economía y de Presidencia, tendrá una aportación inicial de 10 millones de euros. Su funcionamiento se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera –aún por concretar, el Govern está conversando con varias– quien avale las fianzas, con un contraaval de la Generalitat. Mientras no se crea una entidad propia para gestionarlo, el fondo estará en manos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
“No es un aval directo”, ha alegado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró. El conseller ha defendido la “solidez jurídica” de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 encausados por los gastos exteriores del procés porque en ningún momento habrá “desplazamiento patrimonial”. Antes de que finalizara la rueda de prensa del Govern una entidad contraria a la independencia, Convivencia Cívica Catalana, ya ha denunciado ante el juzgado de guardia al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a todos los consellers por este delito y el de prevaricación.
A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: “Lo estamos viendo” (...) “Hay muchas cajitas”, ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias. Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera, el Institut Català de Finances asumirá la comisión gestora del fondo, pero Giró ha remarcado que este únicamente actuará como comisión gestora del fondo, pero no gestionará el aval, sino que este rol corresponderá a una entidad financiera.
La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reivindicado la puesta en marcha de este fondo en cumplimiento del “principio de indemnidad”, por el cual las administraciones deben “defender a los servidores públicos” inmersos en causas judiciales por cuestiones relacionadas con el desempeño de su trabajo hasta que haya sentencia firme.
“Es lo que hace cualquier administración pública del mundo”, ha apostillado Giró. El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso “nacionales e internacionales”; llegado ese punto, “el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración”.
Sánchez: “Si no es sujeto a derecho, recurriremos”
Pedro Sánchez ha evitado hacer una valoración política sobre la decisión de la Generalitat de crear un fondo para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a dirigentes independentistas por el procés. En una rueda de prensa en Tallin (Estonia), donde ha comenzado una gira por los países bálticos, el presidente se ha limitado a decir que el Gobierno estudiará esa decisión y que la recurrirá si no se ajusta a la legalidad. Informa Irene Castro.
“Siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. A partir de ahí, si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no es sujeto a derecho, evidentemente tendremos que recurrirlo”, ha respondido Sánchez a los periodistas. No obstante, ha dicho que por ahora es un asunto que está siendo objeto de estudio jurídico. El PP ya ha anunciado que lo recurrirá.