Puente entrega la cabeza de dos cargos al Govern de Illa para calmar su enojo por la crisis en Rodalies

En una sala del departamento de Territorio comparecían los presidentes de Renfe y Adif, por primera vez en toda la crisis, sin banderas ni logos oficiales. En la sala contigua aún estaba el equipo del Govern, capitaneado por la consellera Sílvia Paneque. Mientras hablaban los máximos responsables ferroviarios de España, la conselleria enviaba una breve comunicación a los medios en la que exigían dimisiones. Acabar el lunes sin trenes, después de seis días de absoluto desaguisado en Rodalies, había sido la gota que colmaba el vaso. La Generalitat enterraba el tono conciliador y mostraba sin medias tintas su mayúsculo enfado.

La crisis de Rodalies ha abierto la primera brecha entre el Ejecutivo de Salvador Illa y el Ministerio de Óscar Puente. Ambos políticos habían mostrado en público su cercanía, pese a que no todos los nombramientos de la nueva cúpula de Transportes agradaba a los socialistas catalanes. Sin embargo, el caos en el servicio de Rodalies ha tenido, a juicio del Govern, demasiados capítulos en los que Renfe y Adif han dejado en mal lugar a la Generalitat, que a fin de cuentas es la administración titular del servicio.

La situación venía siendo crítica, pero acabó de explotar el lunes, cuando Adif sufrió un problema informático en su sala de control que volvió a dejar Rodalies en KO, tras unas primeras horas de paradas y reinicios que generaron el desconcierto de los usuarios. El día anterior la Generalitat se había preocupado de que en la rueda de prensa para anunciar la recuperación del servicio estuviera el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, hombre que permitía dar garantías de que, esta vez sí, la cosa funcionaría. Pero no fue así.

A lo largo de toda la crisis iniciada el pasado martes por la noche con el accidente de Gelida (Barcelona), han sido al menos tres las veces que la actuación de la operadora, Renfe, o el gestor de las líneas, Adif, ha desmentido los planes comunicados públicamente por la Generalitat: el jueves, día que no hubo servicio de Rodalies; el sábado, que circularon pese a que el Govern había anunciado que no; y este mismo lunes, cuando de nuevo Adif ha sido incapaz de reactivar la marcha de los trenes.

Tras unos días para olvidar y un fin de semana en el que se habían depositado muchas esperanzas, el Govern confiaba en poder iniciar la semana con la movilidad restablecida y pasar página de una pesadilla imputable, según el relato que han tratado de levantar en los últimos días, a la meteorología. Pero poco después de las 9 de la mañana de este lunes, cuando ya era evidente que no ocurriría, en Territorio ya comenzaba a hablarse de que “alguien tiene que caer”.

Quien ha caído, finalmente, han sido el máximo responsable de Renfe en la red de cercanías catalana, Josep Enric García Alemany, y el director de Operaciones de Adif, Raúl Míguez Bailo. Ninguno de los dos había cumplido aún el primer año en sus actuales puestos, pero ambos estaban relacionados con los dos problemas que convergido y se han retroalimentado en esta crisis: la rebelión del personal y la puesta en evidencia de una infraestructura casi impracticable.

En paralelo a las dimisiones, Santano ha anunciado también un nuevo plan de Rodalies, en este caso ampliado hasta los 8.000 millones, pese a que ya hay uno vigente que llega hasta 2030 y prevé aún un desembolso de cerca de 4.000 millones de euros.

Más protagonismo para la empresa mixta

La crisis del transporte por vía férrea se ha producido en unas fechas inconvenientes por más de una razón. La primera de todas, porque ha sorprendido a Salvador Illa ingresado en un hospital y convaleciente de una osteomielitis. Además, ha llegado solo una semana después de que el Govern y el Ministerio pactasen el nuevo director y los nombres del consejo de administración de la nueva Rodalies, la empresa mixta que participará la Generalitat bajo el paraguas de Renfe. Tanto el Govern como ERC confían en que la nueva sociedad actúe como revulsivo del servicio.

El director de esa empresa, aun en fase de desarrollo, será Òscar Playá, hasta hace poco número dos del metro de Barcelona. Esta nueva división no está aún preparada para operar por sí misma trenes, pero el Govern sí quiere que vaya apareciendo paulatinamente como una suerte de “mando único”, sobre todo en momentos de crisis como los ocurridos esta semana, donde la descoordinación entre empresas públicas y capas de la administración ha sido uno de los errores más evidentes.

Con todo, la propia arquitectura de la nueva empresa pone en duda que, efectivamente, Playà pueda tener un margen de actuación más amplio que anteriores gestores. La configuración societaria de la nueva Rodalies es el resultado, no de lo pactado entre ERC y el Gobierno en verano de 2023, sino de la negociación posterior con los maquinistas, quienes siempre se han negado rotundamente a un traspaso integral a la Generalitat.

Para contentar a estos trabajadores, Oriol Junqueras acabó aceptando que la Generalitat perdiera la mayoría accionarial pactada en la nueva empresa y también que esta se constituyera como una división más de Renfe. Esto significa que, si una crisis similar ocurre con la nueva operadora, habrá un responsable que responda a la vez ante la Generalitat y ante el Ministerio, pero seguirá dependiendo orgánicamente del presidente de Renfe y, en última instancia, del Ministerio de Transportes.