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Primera denuncia contra Aragonès por malversación en el aval del Govern a la fianza del Tribunal de Cuentas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès

Oriol Solé Altimira

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No había acabado el Govern de presentar el fondo para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros del Tribunal de Cuentas a los exdirigentes independentistas por los gastos exteriores del procés que ya tiene la primera denuncia por ello. La entidad contraria a la independencia Convivencia Cívica Catalana contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, por malversación y prevariación ante el juzgado de guardia de Barcelona, pese a que el president es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Convivencia Cívica Catalana considera que el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, no puede asumir el aval ya que “se se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos”. “La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal”, ha agregado la entidad en un comunicado.

En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano “no se puede permitir que se destine un solo euro de dinero público a los gastos de defensa de quienes han malversado dinero público, y mucho menos se haya con la naturalidad que estamos viendo; ¿Alguien se imagina al Gobierno de España asumiendo los gastos de defensa de Roldán?”.

El Govern cubrirá las fianzas que suman 5,4 millones de euros de los 34 exdirigentes y funcionarios encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. Tras semanas de debate sobre el encaje jurídico de la medida y presiones de algunos partidos y entidades soberanistas, el Ejecutivo catalán ha presentado este martes el llamado Fondo Complementario de Riesgos para “dar cobertura” a las reclamaciones judiciales o administrativas de trabajadores públicos y altos cargos.

La decisión llega después de que el Tribunal de Cuentas diera de plazo hasta finales de este mes de julio a 34 exaltos cargos y funcionarios, entre ellos los expresidents Mas, Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras, para abonar 5,4 millones de euros por los gastos relacionados con la promoción exterior del procés que, según el ente fiscalizador, superaban el límite de la legalidad estatutaria.

El fondo, que se creará a propuesta de los departamentos de Economía y de Presidencia, tendrá una aportación inicial de 10 millones de euros y se irá actualizando anualmente en función de las liquidaciones que se hayan efectuado. Mientras no se crea una entidad propia para gestionarlo, el fondo estará en manos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

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