La subdirectora general de la fundación La Caixa, Esther Planas, ha explicado al juez que la entidad financiera se fiaba de la “buena fe” del Govern a la hora de decidir el destino de los fondos que servían para financiar proyectos sociales, por lo que el banco no sabía que parte del dinero terminó, según sospecha la Guardia Civil, en un pelotazo urbanístico del exconseller de ERC Xavier Vendrell.
Así lo ha sostenido la directiva en su declaración como testigo de este martes ante el juez Joaquín Aguirre en una de las piezas separadas del caso Voloh, que investiga desde los contactos rusos del procés a los negocios personales de expolíticos todavía muy ligados a los actuales dirigentes independentistas, como Vendrell.
Una de las ramas de la investigación es la relativa a la Villa Bugatti, en la comarca del Maresme, donde Vendrell y sus socios gestionaban un negocio de bodas y pretendían hacerse con la propiedad de los terrenos que doblarían su valor una vez consiguieran una recalificación plagada de irregularidades, según han descubierto los investigadores.
Parte del dinero de los convenios entre la fundación la Caixa y el Govern entre 2017 y 2019 se destinó a la fundación El Brot, presidida por Vendrell, y que quería construir en Villa Bugatti una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. Pero los investigadores descubrieron que casi 150.000 euros destinados a El Brot teóricamente para fines sociales sirvieron para pagar facturas de despachos de arquitectos relacionados con el pelotazo urbanístico de Vendrell.
Según la Guardia Civil, tras analizar las facturas por valor de 232.000 euros presentadas a la investigación, hay 149.718,79 euros que “podrían haberse destinado a finalidades distintas” de las del proyecto educativo de El Brot ya que “redundaron en beneficio” de la empresa Maresme Futur, propiedad de Vendrell y un socio suyo arquitecto, el también investigado Jordi S., y que es la firma que aspiraba a hacerse con la propiedad de Villa Bugatti tras la recalificación. Agregó el Instituto Armado que Vendrell y su socio habrían utilizado la fundación El Brot “como un instrumento para financiar actividades” de su empresa, como por ejemplo 110.000 euros en proyectos arquitectónicos de Solé en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y la propia Villa Bugatti.
Para esclarecer el caso, la Guardia Civil propuso al juez tomar declaración al exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat y responsable de la firma de los convenios con la Fundación el Brot en 2018 y 2019, Albert Castellanos, así como el otro firmante, el exdirector general de la fundación bancaria La Caixa, Jaume Giró, ahora conseller de Economía, y a la subdirectora general de la fundación, Esther Planas. En 2017 el encargado de firmar los convenios como secretario de Economía fue el actual president, Pere Aragonès.
Por ahora el juez no ha llamado a testificar a ninguno de los cargos políticos. Planas ha sido la primera en comparecer y, según fuentes jurídicas, ha detallado al juez los procedimientos de los convenios para financiar proyectos sociales suscritos entre la fundación La Caixa y el Govern. Primero se firma un convenio marco en el que los departamentos de la Generalitat proponen a la fundación alrededor de 200 entidades sociales a las que financiar sus proyectos.
La labor de La Caixa, ha recalcado la directiva según las citadas fuentes, es comprobar que la entidad a sufragar sea acorde a los objetivos de obra social de la fundación. En el caso de El Brot, al ser una entidad dedicada a la integración educativa de niños con dificultades de aprendizaje, sí cumplía a priori con los criterios. Pero la fundación desconocía el destino final de los fondos para El Brot, ha agregado. En este sentido, la testigo ha recalcado que respecto a los proyectos concretos a financiar, la fundación se fiaba de la “buena fe” del Govern para escogerlos, han agregado las mismas fuentes.
Fuentes de las defensas han remarcado que la testigo ha remarcado que no recibió ninguna presión para otorgar la subvención a El Brot y que, a consecuencia de la investigación penal, se decidió interrumpir los pagos hasta aclarar la situación.
El pelotazo de Villa Bugatti
Al margen de la investigación sobre los fondos de su fundación, sobre Vendrell pesan varios indicios en relación con la recalificación irregular de Villa Bugatti. La Guardia Civil mantiene que Vendrell “influenció en ciertos funcionarios” del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir los cambios urbanísticos “que no se ajustan a la legislación vigente”. Además de Vendrell, están investigados dos de sus socios; el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (PDeCAT); el exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, quien dimitió tras hallar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho; y el arquitecto municipal de Cabrera de Mar, Ramón V.
El juez Aguirre mantiene la causa abierta por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. En base a los distintos informes remitidos por el Instituto Armado, el juez considera que hay indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar.
Estos cambios avalaban la recalificación urbanística de la finca, de 48.0000 metros cuadrados y concurrida por políticos que celebraban en ella fiestas y eventos, para desarrollar una escuela de la fundación El Brot –que finalmente no se ejecutó porque la Generalitat denegó el concierto educativo del centro– y mantener la actual actividad de banquetes. Para explotar el negocio Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel” y conseguir así “una agilidad superior a la que marca la norma” a la recalificación, apunta el juez.
Además, la Guardia Civil expone que a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual del plan urbanística, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti“, sin licencia e incumpliendo ”reiteradamente“ las normas urbanísticas y sanitarias, de las que el alcalde y el concejal estaban al día. ”Villa Bugatti ha funcionado 'piratillamente' durante muchos años“, constató el propio Enric Mir en una de las conversaciones telefónicas interceptadas, mientras que el alcalde advirtió de que en la finca ”no está legalizado todo el tema de actividades, está así como en falso“.
De hecho la Guardia Civil expone en su informe que Vendrell permitió fiestas, banquetes y conciertos en la finca “sobrepasando” el aforo máximo permitido por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y sin la preceptiva licencia de actividades “con la convivencia” del exconcejal. En una de las charlas interceptadas Vendrell explicó a uno de sus socios que hasta el concejal de Cultura de Cabrera, Sergi Teodoro, “se sumó a la fiesta”, en referencia a un festival de verano celebrado en la finca. Y también pidió al exsecretario general de la conselleria de Interior, Brauli Duart, que el toque de queda nocturno se estableciera a medianoche porque tenía una cena prevista para 450 personas.