El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades conoció con meses de antelación la existencia de una nueva denuncia ante la Justicia sobre las irregularidades del exgerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Juan Arroyo, pero no ofreció los detalles de la situación al patronato, que se reúne este martes de urgencia para abordar una nueva crisis.
En las cartas remitidas al Ministerio en agosto por el ex alto cargo que denunció los hechos, este avisaba de la existencia de la denuncia ante la Justicia interpuesta en el mes de junio y de documentos que prueban las graves irregularidades detectadas, pero, como pasó en la crisis anterior, el Ministerio no actuó hasta que el nuevo escándalo saltó a los medios.
Según fuentes internas del órgano de máxima decisión del CNIO, en la reunión celebrada el 4 de septiembre la presidenta informó de la existencia de dos expedientes disciplinarios a dos altos cargos, pero no se dieron los detalles sobre los graves hechos que denunciaban en torno a Arroyo. Desde el Ministerio de Ciencia niegan haber ocultado información y aseguran que, tal y como consta en el acta, se informó a los patronos “sobre dos expedientes disciplinarios tramitados en la F.S.P. CNIO relativos a dos trabajadores del centro por dejación de funciones y la información disponible relativa a los mismos”.
El patronato está liderado por el Gobierno y es presidido por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega Paíno. El organismo está compuesto asimismo por el Instituto de Salud Carlos III (vicepresidencia), el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Gabinete de Presidencia del Gobierno, varias comunidades autónomas y fundaciones privadas como la Fundación BBVA, la Fundación La Caixa y la Fundación CRIS contra el cáncer.
“Ilícitos penales y corrupción”
La nueva crisis en el mayor centro español de investigación contra el cáncer estalló tras la revelación del diario El Mundo de que uno de los ex altos cargos de la institución ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia de 120 páginas. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ofrecen datos sobre una presunta red de empresas alrededor del exgerente Juan Arroyo en la que participan extrabajadores del centro y que habría detraído “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra el cáncer.
Según el resto de documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Ministerio tuvo noticias desde 2024 de las sospechas del denunciante, quien en agosto de este año les informó por carta de la existencia de una denuncia.
En una misiva del día 8 de agosto dirigida al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, el denunciante advertía de las represalias que estaba sufriendo y anunciaba tener “información documental que prueba, sin lugar a dudas, todos estos hechos materiales y las graves irregularidades detectadas, las cuales han tenido un impacto significativo en los presupuestos anuales de la fundación”.
En la carta del 18 de agosto remitida a Ortega Paíno, el denunciante informaba explícitamente de que los hechos habían sido “objeto de una amplia denuncia formal presentada ante las autoridades de justicia competentes en esta materia en el mes de junio” y pedía “trasladar inmediatamente estas circunstancias al patronato para su conocimiento y, de este modo, no privarle de la oportunidad de decisión y actuación”. Ofrecía, incluso, un número de registro de la denuncia sobre estos “ilícitos penales y posibles prácticas de corrupción” cuyo contenido el Ministero dice desconocer.
Nadie del Ministerio le llamó para obtener más información sobre las irregularidades y las sucesivas respuestas recalcaban la falta de competencias ministeriales en materia laboral (al tratarse de una petición de amparo por la apertura de un expediente disciplinario que acabó en despido a finales de mes).
Finalmente, ante la relevancia de los hechos, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno, prometió el 21 de agosto a los denunciantes elevar el asunto a la Comisión Delegada del Patronato y al mismo Patronato llegado el caso. Pero en la reunión del 4 de septiembre, la presidenta mencionó la existencia de dos expedientes disciplinarios sin hablar de la denuncia ante la Fiscalía ni la gravedad de las irregularidades. Las comunicaciones con el denunciante cesaron días antes de su despido, y la crisis de reputación del CNIO volvió a estallar meses después al conocerse la denuncia.
Una pasividad reiterada
El estallido de este nuevo escándalo en el CNIO en torno a las actividades del gerente reabre la crisis anterior, que terminó con la salida de la directora científica, Maria Blasco, y del propio Juan Arroyo. Aunque el foco mediático y político se puso entonces en la primera, las denuncias sobre las irregularidades en las contrataciones del centro y las actividades de Arroyo y su entorno son anteriores.
La expresidenta del comité de empresa del CNIO entre 2018 y 2023, Ana Hernández, puso una denuncia por prevaricación y malversación en los contratos del centro a varias empresas que fue desestimada. La propia Blasco presentó una denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en los contratos menores del centro, que atribuyó al director gerente, Juan Arroyo.
A pesar de los indicios de posibles irregularidades en la contratación, a través de comunicaciones internas y denuncias, tanto el patronato como el Ministerio de Ciencia mantuvieron una actitud pasiva que solo desembocó en la destitución de la directora científica y el exgerente ante un escándalo mediático sin precedentes en el que se mezclaron verdades y mentiras para forzar la salida de Blasco. El cierre en falso de aquella crisis, y haber aplazado la toma de medidas como sucedió entonces, está reabriendo las heridas en el centro, con graves consecuencias en la imagen de la investigación contra el cáncer.