Solo un 8,3% de los municipios valencianos se inscriben en la plataforma antiokupación impulsada por el PP
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“El impacto de la ocupación ilegal de viviendas en los municipios de la Comunitat Valenciana ha ido creciendo en estos años existiendo una preocupación real cada vez mayor en relación con la ocupación ilegal de viviendas”. La resolución de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en la que el PP tiene mayoría absoluta, por la que se aprobó en diciembre del pasado año la creación de la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO) se expresa en estos términos.
Sin embargo, a tenor de la respuesta que ha habido por parte de las 541 localidades adheridas a la FVMP (la totalidad de las que hay en la Comunitat Valenciana, salvo una), no debe ser tan alarmante “la preocupación real” ni mucho menos su impacto en los municipios, puesto que a tan solo un mes de que se constituya la Red MAO, tan solo se han inscrito 45, un 8% del total.
Recientemente, la FVMP, con mayoría absoluta del PP y presidida por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, remitió una circular a los diferentes municipios para recordarles que “su constitución está prevista para principios del próximo mes de octubre”.
Por ello, añade la misiva, “ponemos en su conocimiento la posibilidad de formalizar la adhesión de su entidad local a la Red MAO, si aún no lo ha hecho, con el fin de que su municipio pueda estar representado desde el momento de su constitución”. Igualmente, fuentes de la FVMP explican que cualquier municipio se puede dar de alta en cualquier momento.
“Le recordamos que, para adquirir la condición de socio de la Red MAO, es necesario que la entidad local manifieste su voluntad expresa de adhesión mediante acuerdo plenario, tramitado a través de la sede electrónica de la FVMP”, explica la carta.
En declaraciones a elDiario.es, Bartual ha defendido que “la ocupación ilegal es un delito que vulnera derechos fundamentales y atenta contra la dignidad de las personas propietarias, dejándolas sin su propia casa, generando problemas de convivencia con los vecinos del edificio donde se encuentra la vivienda ocupada y ejerciendo de freno a la oferta de vivienda para alquiler por parte de los propietarios.
La presidenta de la FVMP ha explicado que “la puesta en marcha de la Red MAO supone posicionarse al lado de las víctimas, porque entendemos que debemos acompañarlas en este duro proceso” y su objetivo es “apoyar a los ayuntamientos en la toma de decisiones encaminadas a abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, estableciendo un espacio y un foro de debate, análisis y consulta que permita conocer la dimensión del problema y buscar soluciones concisas a la hora de plantar cara la ocupación ilegal”.
Tras su creación, desde las filas populares trataron de llevar mociones a los plenos de los ayuntamientos en los que no gobiernan con el objetivo de plantear el debate de su adhesión. Fue el caso de Alboraya, el pasado mes de abril, cuando el PP de localidad propuso adhesión a la red MAO puesto que se trata de “una problemática que también se ha detectado en el municipio, tal y como vienen advirtiendo vecinos y vecinas, con situaciones en distintas zonas como la avenida Cortes Valencianas, alquerías y viviendas en la huerta o áreas de carácter industrial, lo que refuerza la necesidad de actuar con mayor coordinación y eficacia”.
Sin embargo, la moción fue rechazada por el PSPV, partido mayoritario que ostenta la alcaldía, con el apoyo de Compromís e Izquierda Unida, bajo el siguiente motivo: “No alimentar el bulo. No supone un problema real (las cifras confirman que las denuncias no llegan al 1%) y se intentó derivar la moción a acciones reales para favorecer que la gente pudiese comprar o alquilar vivienda. Dado que el discurso de la moción inamovible era ocupas y no atajar los problemas de la vivienda, se rechazó”.