Una acusación pide a la jueza de las VPO de Alicante que cite de testigo al exedil del PP que contradijo al alcalde Barcala
La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa del escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante ha pedido a la jueza instructora que cite como testigo al exconcejal del PP Antonio Gallego, quien en la sesión del pasado 2 de julio de la comisión de investigación de las Corts Valencianes contradijo la versión del alcalde Luis Barcala y de la exedil de Urbanismo que figura imputada en el procedimiento, Rocío Gómez.
La investigada, en su declaración ante la jueza del pasado 20 de mayo, desvinculó la vivienda que ella y su marido poseen en el residencial Les Naus de su actividad municipal, mientras que Gallego aseguró que Gómez le pidió que respondiera él una pregunta de la oposición sobre esa partida de pisos protegidos al tener ella una casa allí “y que no quería que se mezclaran las cosas”.
El escrito del abogado de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, asegura que las declaraciones del exedil “contradicen directamente el relato oficial sostenido hasta la fecha por la corporación municipal”.
Mientras que el alcalde popular, Luis Barcala, siempre ha mantenido que desconocía las irregularidades en la adjudicación del residencial Les Naus, el exconcejal Antonio Gallego afirmó en la comisión de investigación que “se puede intuir” que “la alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024”.
“Esta manifestación altera sustancialmente el escenario de la instrucción, abriendo la necesidad de investigar, tal vez, posibles conductas omisivas, de presunto encubrimiento o de presunta prevaricación administrativa por parte de otros miembros del consistorio”, afirma el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
“Graves fallos en los controles municipales”
También recuerda que el exconcejal “denunció expresamente” ante el Parlamento autonómico la “existencia de graves fallos en los controles municipales de la construcción” de las 140 viviendas de Les Naus. “Su testimonio como responsable, en su día, del área de Hacienda y Patrimonio es clave para auditar los mecanismos internos de control que resultaron vulnerados o conscientemente desactivados”, agrega el escrito.
Las manifestaciones de Gallego “revisten una trascendencia penal inequívoca para el esclarecimiento de los hechos”, apostilla el escrito de la acusación popular de Ciudadanos. La representación jurídica del partido naranja también pide que, previamente a la testifical del exedil, se requiera a la cámara autonómica la grabación de la comparecencia de Antonio Gallego en la comisión de investigación.