“La aplicación de las zonas tensionadas no ha funcionado allí donde se ha aplicado”. Esta es una de las excusas más repetidas por la alcaldesa de València, María José Catalá, y de la consellera de Vivienda del Gobierno de Mazón, Susana Camarero, cuando se les pregunta por qué no aplican la Ley de Vivienda del Gobierno en lo que zonas tensionadas se refiere, lo que permitiría a los ayuntamientos, previa aprobación normativa de la Generalitat, topar los precios de los alquileres.
Sin embargo, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, desmintió este miércoles esta afirmación con datos oficiales de la situación de Barcelona, donde se aprobó este mecanismo de forma pionera, en una comparecencia junto a la secretaria general de los socialistas en la ciudad de València y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien reivindicó las políticas de vivienda de la ciudad condal como ejemplo a seguir en la capital valenciana.
Collboni aseguró que, según los últimos datos del observatorio de Barcelona correspondiente al último trimestre de 2024, se mantiene la tendencia a la baja del precio de alquiler mensual en la ciudad desde el 16 de marzo de 2024, fecha en que entró en vigor la regulación de alquileres en la Zona de Mercado Residencial Tensionado.
Una de los datos más destacados del informe del cuarto trimestre de 2024 es que el precio medio de los nuevos contratos de alquiler se ha situado en 1.117,4 euros mensuales, lo cual supone un 1,4% menos que en el tercer trimestre de 2024 y representa una bajada del 6,4% en relación con el primer trimestre del 2024, cuando entró en vigor la ley de contención de rentas.
En València, sin embargo, según el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica (UPV) correspondiente al último trimestre de 2024, el precio situó en el cuarto trimestre de 2024 en 1.646 euros, frente a los 938 euros de finales de 2019, un incremento continuado del 78%.
Collboni afirmó que han aprovechado “el marco legislativo del gobierno de España para articular medidas en esta dirección y ya hemos conseguido que baje el alquiler en 100 euros tras 10 años de un crecimiento del precio de un 70% topando los alquileres. Además, estamos construyendo 4.000 viviendas públicas entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno de España hasta final del mandato y hemos establecido porcentajes de vivienda pública en los nuevos desarrollos de más del 50%”, dijo.
Bernabé animó a seguir los pasos en materia de vivienda de Barcelona, una ciudad, apuntó, que se ha convertido en una referencia internacional por la construcción de vivienda pública, el control de los precios de alquiler y la limitación de los apartamentos turísticos. Bernabé, quien participó en un acto con Collboni, y más de una veintena de entidades y asociaciones de la ciudad, incidió en que el principal problema de València es la vivienda y, por eso, se comprometió a colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona para aplicar las “medidas valientes” que ha puesto en marcha y que les ha permitido ya rebajar el precio de los alquileres en más de 100 euros así como construir 4.000 viviendas públicas y poner coto a los apartamentos turísticos, tal y como permite la Ley de Vivienda que València no está aplicando“.
“El PSPV tiene la vocación de buscar las soluciones a los problemas y hay que hacerlo en las ciudades que tienen buenos gobiernos y buenas prácticas como es Barcelona, que se ha convertido en una referencia internacional en políticas de vivienda para dar respuesta al problema que tienen las ciudades como València”, dijo. En este sentido, criticó que la cuenta que puede hacer Catalá en sus dos años en el Ayuntamiento es de cero viviendas propias: “Empezó diciendo que haría 1.000, después 17, y al final del mandato seguro que le sale a deber”, criticó.
La responsable socialista exigió a Catalá que deje de darle suelo a las promotoras privadas para que desarrollen las viviendas públicas que debería hacer el Ayuntamiento. “Esta no es la política de vivienda que merecen los valencianos. Tiene muchas medidas a su alcance puestas a su disposición por el gobierno de España, pero ha decidido, por ejemplo, rechazar la compra por tanteo y retracto de más de 400 viviendas en estos últimos dos años”.
Sobre la vivienda turística calificó de “vergonzosa” la cifra de apartamentos turísticos que hay en València y que ascienden a 11.000, 9.000 de los cuales, recordó, son ilegales. “Y a pesar de esta cantidad de apartamentos ilegales, el Ayuntamiento en 2025 solo se han aplicado siete sanciones”, dijo. Además, lamentó que la normativa que está preparando Catalá “permitirá incorporar 5.000 nuevos apartamentos, una medida que va en dirección contraria a la que ha puesto en marcha Barcelona y que implica prohibirlos en toda la ciudad”.
Por su parte, el alcalde de Barcelona ha defendido que el reto de las ciudades es “defender el derecho a quedarse en la ciudad y que no expulse a los vecinos y vecinas ni la especulación ni la gentrificación. Muchas familias trabajadoras y de clase media han tenido que abandonar las ciudades porque no pueden asumir el precio del alquiler y por eso las administraciones debemos intervenir como hemos hecho en Barcelona”.
Collboni: “Los apartamentos turísticos nunca debieron exisitir”
Sobre los pisos turísticos, el alcalde de Barcelona sostuvo que “no deberían haber existido nunca porque las viviendas son para que viva la gente”. En este sentido, ha indicado que en Barcelona hay 10.000 pisos turísticos y que el Ayuntamiento ha aprobado una normativa para que en noviembre de 2028 “podamos retirar todas las licencias de pisos turísticos y que esta actividad esté prohibida. Con esto, más de 10.000 viviendas volverán al mercado residencial. El futuro no lo van a marcar las plataformas turísticas sino los ciudadanos y, para eso, hay que cambiar las reglas del juego e impedir la especulación”, destacó.
Preguntada Bernabé si aplicaría esta medida en València en caso de ganar las próximas elecciones, comentó que “València está a años luz de Barcelona” y que antes habrá que implementar “todas las políticas que estén al alcance para proteger a los vecinos y vecinas de su expulsión de sus barrios”, por lo que hay que aumentar “todos los porcentajes de vivienda pública, al contrario de lo que se está hacienda, además de poner en marcha los mecanismos legales que ha aplicado Barcelona aplicando la Ley de Vivienda en cuanto a zonas tensionadas”. Por este motivo, “hay que hacer una valoración para ver todo lo que se puede desarrollar y si las viviendas turísticas son una amenaza para que los vecinos y vecinas no puedan vivir en su ciudad, es una medida que habrá que poner en marcha”.
Finalmente, Collboni comentó que la tasa turística que tumbaron el PP y Vox desde las Corts se ha convertido en la tercera fuente de ingresos del Ayuntamiento de Barcelona, tal y como informó elDiario.es. “Recaudamos 100 millones de euros y no ha bajado el número de turistas. Con este dinero, no solo pagamos los costes que ocasiona el turismo como la limpieza, la seguridad y el transporte que en ningún caso deben pagar los ciudadanos sino que también hacemos un retorno social. Con un tercio de la recaudación estamos financiando la climatización, por ejemplo, de todas las escuelas públicas de primaria, más de 170 colegios. Es decir, que la tasa sirve para que los ciudadanos no paguen de su bolsillo el impacto turístico y para invertir en políticas públicas. Que los ciudadanos sientan que les llegan también los beneficios”, finalizó.
Catalá anuncia el impulso a 360 nuevas viviendas
La alcadesa de València, María José Catalá, y el concejal de Vivienda, Juan Giner visitaron este miércoles los trabajos de construcción del nuevo edificio de viviendas de protección pública situado en la avenida de los Naranjos, donde han confirmado que “las obras van a buen ritmo”. “Hace un año presentamos aquí el Plan +Vivienda. Era un solar y ahora el edificio ya está levantado. La imagen da muestra de nuestro compromiso y del trabajo serio de este gobierno para que los vecinos puedan acceder a vivienda de protección pública” ha afirmado.
La previsión es que estas obras, que cuentan con un presupuesto de 8,5 millones de euros, finalicen en el primer trimestre de 2026. El edificio albergará 75 viviendas de arrendamiento de protección pública. Por lo que respecta a la tipología de estas, habrá 7 viviendas de una habitación, 61 de dos, 7 viviendas de tres habitaciones y 3 viviendas accesibles en planta baja. Además, el edificio contará con 31 plazas de aparcamiento de coches, 10 plazas de aparcamiento de moto y 34 trasteros, así como aparcamientos para bicicletas.
En este sentido, Catalá ha avanzado que hoy mismo el consejo de administración de Aumsa va a aprobar licitación de la dirección de las obras del proyecto de urbanización del PAI para el desarrollo de la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 Malilla Sur que supondrá la construcción de 113 viviendas de protección pública. El presupuesto base de licitación es de 5.291.017,77 €, y el plazo de ejecución de 10 meses.