La tasa turística a la que renuncian el PP y Vox en València recaudó el pasado año en Barcelona 106 millones

El PP y Vox no solamente han reducido en cerca de 500 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) los impuestos a las rentas más altas a través del IRPF o de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Además, ha cerrado la puerta a que los municipios valencianos puedan obtener recursos mediante vías como la tasa turística.

Fue en noviembre de 2023 cuando el Gobierno valenciano, entonces formado por el PP y Vox, celebró a bombo y platillo la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior Gobierno del Pacto del Botánico mediante una ley en las Corts Valencianes. Una nueva tasa que incluyó una moratoria que aplazaba su puesta en marcha hasta 2024 y que además era de aplicación voluntaria en cada municipio.

En el caso de València, el anterior equipo de Gobierno municipal formado por Compromís y por el PSPV se mostró favorable a implantarla, tal y como acordó en una moción aprobada en el pleno de noviembre de 2021. Pero con el cambio de color político al frente del Ayuntamiento tras la llegada del PP y de Vox al ejecutivo, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza, nunca llegó a ejecutarse. De hecho, tanto Catalá como el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, hicieron campaña contra la tasa.

Sin embargo, con la creciente presión turística cada vez son más las voces que se muestran favorables a implementarla para paliar al menos una parte de los gastos extraordinarios a nivel de servicios municipales que implica la llegada de millones de visitantes cada año. De hecho, se trata de un recurso que ya se aplica en numerosas ciudades españolas y extranjeras sin que se resientan los datos de afluencia de viajeros.

Una de esas ciudades es Barcelona que, según datos de su Ayuntamiento recogidos recientemente por La Vanguardia, recaudó el pasado 106,5 millones de euros con la tasa turística, consolidándose como la tercera fuente de ingresos del Ayuntamiento solo por detrás del IBI y las plusvalías. Desde 2014, el Ayuntamiento de Barcelona ha ingresado 315,4 millones de euros por el llamado Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET).

En Catalunya existe una tarifa general que oscila entre 1 euro y 3,5 euros, de cuya recaudación después se cede un 50% a cada municipio. Además, desde 2021 el Ayuntamiento de Barcelona añade un recargo de 4 euros por persona y por noche, con lo que cada visitante paga por noche entre 5 y 7,5 euros adicionales por noche. La recaudación se destina financiar servicios como limpieza, seguridad o transporte público. Recientemente, el Gobierno catalán ha acordado duplicar el importe de la tasa para destinar parte de la recaudación a políticas de vivienda.

En el caso de la Comunitat Valenciana, según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Con esta cuantía, teniendo en cuenta que València ciudad registró el pasado año 6 millones de pernoctaciones, podría recaudar entre 3 y 9 millones de euros. Aplicando los cuatro euros del Ayuntamiento de Barcelona (sin la parte proporcional de la tarifa general), el Ayuntamiento de València podría recaudar al menos 24 millones de euros.

Polémica por los apartamentos turísticos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, presentará una moción en la próxima comisión de Urbanismo para que el gobierno de Catalá retire la posibilidad a las empresas certificadoras (Ecuv) de autorizar apartamentos turísticos en la ciudad “saltándose la normativa” como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los 24 apartamentos que se están construyendo en los bajos de un edificio de Safranar pese al rechazo de los vecinos. Sanjuan ha denunciado que el PP “sabe perfectamente que esta situación se está produciendo y no está haciendo absolutamente nada porque, en el fondo, está de acuerdo con que se pueda especular con la vivienda aunque sea a costa de los vecinos y vecinas de la ciudad”, ha manifestado.

El responsable del Grupo Municipal Socialista ha señalado que el caso de Safranar ha destapado el agujero legal a través del que el gobierno de Catalá está permitiendo que se cuelen decenas de nuevos apartamentos turísticos por toda la ciudad saltándose la supuesta moratoria contra la apertura de este tipo de alojamientos. Y es que, ha explicado Sanjuan, las empresas certificadoras están emitiendo autorizaciones para nuevos apartamentos sin respetar la normativa municipal que lo impide expresamente.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València Papi Robles, ha criticado la decisión del PP, a través de la Conselleria de Turismo, de volver a inscribir en el Registro de Empresas Turísticas los 24 apartamentos turísticos proyectados en los bajos de un complejo residencial de Safranar, sin cumplir la normativa vigente y haciendo caso omiso a la moratoria establecida en la ciudad. Para Robles, “aquí tenemos un clarísimo ejemplo de la política del PP: por un lado, le dice a los vecinos que paralizarán la apertura de los apartamentos turísticos en sus bajos, y por otro, con la Conselleria, le están dando vía libre a que haya más apartamentos turísticos en el barrio y, por tanto, facilitando que la ciudad acabe convirtiéndose en un parque temático”.

Tras las críticas, la Conselleria de Turismo abrió un expediente para dar de baja estas viviendas del registro después de comprobar con una inspección que no tenían actividad, a pesar de haber presentado hace dos meses la declaración responsable. La normativa autonómica marca que tienen ese plazo para empezar a funcionar y si no se cursa su baja de manera automática.