Carlos Fabra Carreras (Castellón, 1945) es, literalmente, el último exponente de una larga saga de caciques que se remonta hasta la Restauración. Su tatarabuelo, Victoriano Fabra Gil (Lucena, 1818-Castellón, 1893), apodado el abuelo Pantorrilles por su vestimenta rural, falleció siendo presidente de la Diputación de Castellón y fue el primer jefe de filas del fabrismo. Tres de sus sobrinos, Hipólito, Victorino y Plácido Fabra Adelantado, también ocuparon la presidencia de la Diputación de Castellón. Hipólito fue uno de los más activos promotores de la Cámara de Comercio de Castellón mientras que Plácido era un comerciante y terrateniente con un importante patrimonio en Vila-real.
El hijo de Victoriano, Luis Fabra Sanz, también presidió la institución provincial y heredó de su padre la representación de la Compañía Arrendataria de Tabacos en la capital de La Plana. Durante la II República fue presidente del comité provincial de la Derecha Regional Agraria de Castellón. Su hijo Carlos Fabra Andrés (Castellón, 1912-1979), padre del expolítico del PP, se enroló durante la Guerra Civil en el bando franquista y en la posguerra ostentó varios cargos en el Movimiento Nacional. En 1948 fue designado alcalde de Castellón, cargo que ejerció hasta 1955, cuando pasó a presidir la Diputación de Castellón.
Carlos Fabra Carreras, el último de la larga saga conservadora, fue elegido en 1991 presidente de la Diputación (también fue diputado autonómico) y ha sido secretario de la Cámara de Comercio que impulsó su tío-abuelo Hipólito. La genealogía del clan es importante para comprender el fabrismo y por qué empresarios de primera línea de Castellón le prestaron grandes cantidades a fondo perdido cuando ya no mantenía cargo público alguno y había pasado por la cárcel, tras su condena por defraudar a Hacienda.
Cuando el juez que instruye la última causa contra Fabra, el magistrado Jacobo Pin, le preguntó al empresario Enrique Gimeno el motivo por el que su empresa abonó un préstamo a fondo perdido al expolítico, el propietario de Facsa y financiador confeso del PP, declaró que el crédito se debía a la amistad que mantienen ambas familias “desde hace varias generaciones”. Y, a pesar de declarar como investigado, el empresario que controla el agua de Castellón no mentía.
Su abuelo, Enrique Gimeno Tomás (Les Useres, 1862-Castellón, 1947) fue presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), la firma creada para el abastecimiento de agua en la provincia. El empresario, republicano lerrouxista, era hijo de un comerciante arruinado que hizo las Américas. Cuando el vástago volvió a su tierra, se convirtió en el mayor propietario agrario de la huerta castellonense y en el tercer mayor dueño de tierras de la provincia. Con Hipólito Fabra coincidió como fundador de la Cámara de Comercio de Castellón. Con lo cual, la afirmación de su nieto ante el juez era rigurosamente cierta.
Carlos Fabra (el último) practicó durante su mandato un cierto autoritarismo blando heredado de la larga saga familiar. Don Carlos también controló todo lo que se movía en su provincia, ya fueran proyectos urbanísticos o la vida interna en su partido. En 2013, la carrera política de más de un siglo de la longeva saga se fue al garete tras la condena de Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Aquella condena fue posible gracias al empeño de un joven juez instructor llamado Jacobo Pin, quien ni corto ni perezoso resistió las presiones a las que fue sometido sin demasiado disimulo.
A Fabra le quedó pendiente abonar un millón de euros a Hacienda. Y es a partir de ese momento cuando el mismo juez, una auténtica pesadilla para el otrora todopoderoso presidente de la Diputación, inicia una investigación secreta sobre el presunto ocultamiento de la fortuna del expolítico. La causa, comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, ha destapado el lujoso tren de vida de la familia a pesar de su supuesta penuria de cara a la justicia.
Así, el expolítico del PP llegó a mover 26 millones de euros en cuentas bancarias y se embolsó en algunos periodos hasta 60.000 euros mensuales en efectivo mediante ingresos con billetes de 500, según destaca un informe del fiscal anticorrupción Javier Carceller.
La documentación incautada por los investigadores en la vivienda de Les Platgetes de Oropesa (la zona donde veraneaba el expresidente José María Aznar en los buenos tiempos del fabrismo) incluye correos electrónicos que demuestran que Fabra, mientras presidía la Diputación, cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en negocios con constructoras.
La investigación también ha centrado el foco en una vivienda en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón, adquirida con una firma casi sin ingresos, donde vive su hija Claudia y su yerno. El instructor considera que Fabra hizo un llamativo, amén de absurdo, préstamo a su hija a devolver cuando cumpliera 117 años.
Las pesquisas hallaron terrenos propiedad de Carlos Fabra colindantes a las fincas en Vall d'Alba por las que está procesado su antigua mano derecha en la Diputación, el popular Francisco Martínez, quien las vendía por cinco veces su precio de compra tras recalificarlas rápidamente.
El 'caso Fabra II' también ha salpicado a relevantes figuras del empresariado de Castellón. Además del propietario de Facsa, Enrique Gimeno, el empresario Fernando Roig también se sentará en el banquillo de los acusados. Anticorrupción considera que Roig prestó a Fabra 1,7 millones de euros a fondo perdido como contraprestación por el pago de una deuda de 8,1 millones del Aeropuerto de Castellón al Villarreal CF. La infraestructura aeroportuaria patrocinó con 18,7 millones al club de Fernando Roig, vencedor en la última final de la Europa League.
La investigación del magistrado Jacobo Pin también ha tenido consecuencias imprevistas. Uno de los informes de la Udef que figuran en el sumario propició la reapertura de la causa del campo de golf de Borriol, propiedad de la familia del golfista internacional Sergio García. El juez también ha pedido que se abra una investigación sobre los pagos de los escoltas de Fabra, cuando ya había abandonado la política, por parte de Marina d'Or y de una firma condenada por financiar ilegalmente al PP.
Con este panorama, la Fiscalía Anticorrupción pide doce año de prisión para Carlos Fabra y un total de 18 millones de euros de multa para el “grupo familiar” acusado de orquestar una supuesta trama de blanqueo de capitales. Este martes, el juez Jacobo Pin ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el expolítico del PP y ha requerido a los encausados una fianza conjunta y solidaria por importe de 1,3 millones de euros. Carlos Fabra, su exesposa, su hija y su yerno, su presunto testaferro y los empresarios, serán juzgado por la Audiencia Provincial de Castellón.
El último cacique de Castellón vuelve al banquillo de los acusados.