El president de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno valenciano contra los Presupuestos Generales del Estado de 2016 al considerar las inversiones previstas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy son una “discriminación” para la Comunitat.
“Cinco millones de valencianos se sienten discriminados por una ley que sitúa los servicios públicos en un espacio de discriminación entre unas comunidades autónomas y otras”, ha denunciado Puig en declaraciones a los periodistas ante la sede del Constitucional.
Con este recurso, el Consell pretende “intentar rescatar parte de aquello que les pertenece” a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, según Puig.
A su juicio, “no puede haber la situación de asimetría” entre territorios que existe en estos momentos por la prestación de “los mismos servicios públicos que, en algunos casos, duplican y triplican la percepción de unos ingresos y otros”.
El jefe del Consell ha recordado, asimismo, que se ha presentado el recurso después de “agotar todas las vías de diálogo” con Rajoy y el Ministerio de Hacienda y de que no se aceptara la propuesta de reunir la Comisión Bilateral.