Educación rechaza reabrir la cuestión salarial y del valenciano y aboca de nuevo al fracaso la negociación con los docentes

Este viernes, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha citado de nuevo a los sindicatos docentes con representación en la mesa de negociación -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- a una nueva reunión, la décima desde que estalló el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana, para abordar el que será un nuevo documento con las propuestas del Consell para intentar poner fin a una huelga indefinida que cumple su cuarta semana y su vigésima jornada de paros. Las reivindicaciones que el profesorado pone sobre la mesa, y que no han sido atendidas desde el primer encuentro del pasado 25 de septiembre, están relacionadas con: una mejora retributiva -la conselleria acordó con CSIF y ANPE una subida salarial de 200 euros en tres tramos hasta enero de 2028 vinculada al IPC-, disminución de ratios, infraestructuras, aumento de plantillas -mediante la reversión de los recortes-, la reducción de la burocracia, Formación Profesional, inclusión y valenciano.

El acuerdo parece muy lejano todavía en puntos clave, a pesar de que los representantes del profesorado sí que reconocen que se han producido acercamientos en cuestiones como la reducción de la carga burocrática o las infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno valenciano no parece dispuesto a mejorar su propuesta retributiva, ni mucho menos quiere tocar la llamada ley de 'libertad' educativa, dos puntos que resultan clave para los representantes de los docentes. Los sindicatos ya han advertido que, a pesar del agotamiento de casi un mes de huelga, no están dispuestos a bajar los brazos, y que si la conselleria no accede a negociar, no descartan retomar las movilizaciones y protestas en septiembre, coincidiendo con el comienzo del próximo curso.

De momento, después de nueve reuniones en las que se ha demostrado que las posturas todavía están distantes, esta semana se han producido encuentros sectoriales entre los directores generales y los representantes de los dos sindicatos que se han descabalgado de la huelga: CSIF (convocante) y ANPE (que la secundaba). Tras esas mesas, Educación debía haber enviado un nuevo 'documento definitivo' que recogiera las modificaciones acordadas entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Sin embargo, STEPV, CCOO y UGT denuncian que no han recibido el correo electrónico con el documento adjunto. El documento, aseguran, se ha presentado directamente en la reunión sin margen para el análisis. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha ratificado que la propuesta retributiva no se iba a reabrir, mientras que la intención de la conselleria sigue siendo que el desarrollo del valenciano se produzca “en el marco de la legislación vigente”. Es decir, la ley Rovira de la que reniegan los sindicatos educativos.

La propuesta de la conselleria

La conselleria ha presentado lo que consideran un “ambicioso plan plurianual” dotado con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para los próximos cuatro años, diseñado para transformar “de forma integral” el sistema educativo público. El paquete económico sitúa el mayor esfuerzo en la modernización de infraestructuras con 1.410 millones de euros hasta 2029, donde se incluyen 830 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa y 140 millones para el Plan Edu Clima —con dos millones específicos para los centros afectados por la dana—. Asimismo, el documento contempla un desembolso de 802,3 millones de euros para una mejora salarial escalonada hasta 2028, que supondrá un aumento de 200 euros mensuales en el complemento autonómico vinculado al IPC, además de la implantación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital para los docentes.

En el plano estrictamente académico, la propuesta articula una reducción “histórica” y progresiva de las ratios por aula en todas las etapas, adelantándose un año a la normativa estatal. De este modo, prevén que Infantil y Primaria bajarán a 22 alumnos, Secundaria a 25 y Bachillerato a 28, mientras que la Formación Profesional también experimentará descensos generalizados. Para sostener este nuevo dimensionamiento y reforzar el sistema, el denominado Plan Mestre financiará con 469 millones de euros la incorporación de 7.742 nuevos docentes, complementado con la estabilización de otras 10.000 plazas. Finalmente, la hoja de ruta de la Administración blinda la continuidad de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años con 658 millones de euros, al tiempo que implementa una veintena de medidas para reducir la burocracia en los centros y refuerza la inclusión educativa mediante la creación de nuevas aulas UECO y la contratación de especialistas en orientación, audición y lenguaje.

Y mientras tanto, la consellera Ortí compareció el jueves en las Corts para explicar los presupuestos de su departamento, que sí que incluyen mejoras pactadas con los sindicatos minoritarios, como la subida salarial. Carmen Ortí defendió que el de 2026 es “el mayor presupuesto de la historia” de la Comunitat Valenciana en su departamento, y “sin maltrato” a la educación pública. Según detalló, se destinan más de 22 millones para iniciar la implantación de la subida salarial, e incorporan, por primera vez, una partida específica para desarrollar un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluye 32 millones para el Plan de Confort Térmico, 230 millones para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros y 41 millones para ampliaciones y reparaciones.

Además, aseguró que las cuentas consignan 176,6 millones en programas de calidad educativa orientados a reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados entre el alumnado, y contemplan la creación de, al menos, 36 aulas UECO, con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones.