Entidades sociales exigen un plan de integración antes de desalojar las 400 chabolas del circuito de F1 de València

La ONG València és Refugi lleva meses trabajando con las personas sin hogar que malviven en unas 400 chabolas ubicadas en el circuito urbano de Fórmula 1 de València, un asentamiento que no ha dejado de crecer desde hace meses. Cada semana hay una nueva construcción precaria.

La organización estima en unas 800 las personas que residen en estas infraviviendas, la mayoría de origen saharaui, marroquíes y argelinos, pero también españoles. De hecho, los siete menores que viven en estas precarias condiciones son de familias españolas.

Esta ONG, junto con otras entidades sociales que atienden a estas personas, está seriamente preocupada, puesto que teme que en las próximas semanas el Ayuntamiento lleve a cabo un desalojo forzoso por motivos de salubridad y limpieza ante las inminentes obras del Plan de Actuación Integrado (PAI), que se desarrollará en breve. Si no hay retrasos, las obras de los primeros edificios residenciales de lujo deberían iniciarse a lo largo del año que viene.

Representantes de estas organizaciones se reunieron este lunes con la Subdelegación del Gobierno en València para abordar el posible desalojo y conocer los planes, en este caso de la Policía Nacional, si llegara a producirse: “Nos han garantizado que la Policía Nacional no participará en ningún desalojo que no esté legalmente amparado y nos han dicho que, a día de hoy, no tienen notificación del Ayuntamiento de que se vaya a producir”, ha explicado Ana Isabel, portavoz de València és Refugi, afirmaciones que han confirmado a elDiario.es fuentes de la Subdelegación, que han insistido en que la competencia del desalojo es, en todo caso, municipal.

Ambas fuentes han lamentado que ningún representante de la Policía Local haya asistido al encuentro, a pesar de estar invitados. Fuentes municipales han indicado al respecto que no han asistido porque la convocatoria de la reunión “partía de una falsedad, puesto que decían que el Ayuntamiento iba a desalojar el asentamiento el 10 de septiembre”.

En este sentido, la alcaldesa en funciones de València, María José Ferrer San Segundo, ha negado este lunes que vaya a haber un desalojo del asentamiento situado en el antiguo circuito de Fórmula 1. “No está prevista una actuación en este momento. No es verdad”, ha señalado Ferrer San Segundo, quien ha destacado, en segundo lugar, que “en ese asentamiento, como en otros de la ciudad, hay una intensa actuación por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en dos ámbitos”.

“El primero de ellos es la atención a familias con necesidades de vivienda; se trabaja con las familias para tener una vivienda digna. Y después hay una segunda tarea integral realizada por Servicios Sociales, por el centro del Cabanyal. De hecho, hay una familia que ahora mismo ha aceptado esa propuesta y que el centro de Servicios Sociales ha hecho el informe favorable, porque tienen un menor”, ha señalado Ferrer San Segundo.

La alcaldesa en funciones ha señalado que “se trabaja con la asociación Alanna, especializada en estas situaciones de mucha precariedad”. “El Ayuntamiento está centrado tanto en lo que es la inclusión residencial, para ver cómo pueden salir del asentamiento, como también en una atención primaria específica de cada persona que está allí”, ha añadido Ferrer San Segundo.

“Sabemos que hay situaciones que no son fáciles. Se está trabajando desde hace tiempo en esas dos vías: en la vivienda y en la atención primaria a las necesidades de esas personas. A la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, es un tema que no solo le preocupa, sino que también le ocupa. Se estará con las familias para ver cómo se puede resolver, pero también se trabajará en atender a las cuestiones que nos pueden presentar los vecinos”, ha añadido.

María José Ferrer San Segundo ha insistido en que “no va a haber un desalojo”. “En lo que se está trabajando es en la atención de las familias”, ha aseverado.

Por su parte, Ana Isabel ha insistido en que el desalojo se producirá en algún momento antes de que empiecen las obras del PAI y ha exigido que se ejecute antes “un plan de choque social en el que se analice caso por caso la situación de cada familia para darles una alternativa acorde a sus necesidades, puesto que hay casos de extrema vulnerabilidad”. Además, ha pedido que, una vez se realicen los desalojos, se respeten los derechos de los residentes, al tiempo que ha denunciado que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a la petición de la ONG de convertirse en sus representantes legales para, de esta forma, tener acceso a toda la tramitación administrativa.

La organización ha solicitado también que los presupuestos del PAI incluyan partidas destinadas a albergues provisionales y a pisos de alquiler social puente, tal y como se ha realizado en situaciones similares en Cañada Real, en Madrid, y en Penamoa, en A Coruña: “En estos lugares se crearon consorcios específicos entre promotores, Gobierno regional y ayuntamientos. En lugar de un desalojo exprés, se abrió un proceso de realojo disperso e inclusión integrada. Se compraron viviendas públicas distribuidas por toda la ciudad para evitar la creación de nuevos guetos”, han explicado.