El fiscal investiga a una editorial jurídica por pagar sobresueldos de hasta 5.000 euros al mes a altos funcionarios locales

La Fiscalía de Delitos Económicos de la provincia de Valencia investiga a la editorial de capital francés Lefebvre-El Derecho S.A., editora de la base de datos jurídica Derecho Local, por presuntos pagos realizados de manera ilegal a interventores y secretarios municipales en activo, según ha podido confirmar elDiario.es a partir de fuentes de la Fiscalía provincial.

Algunos de los habilitados nacionales que trabajan para la compañía habrían facturado a través de terceras personas, no habrían solicitado la compatibilidad o no estarían dados de alta como autónomos, según el atestado de la Guardia Civil que ha dado pie a la investigación del ministerio público.

Los ingresos mensuales para estos colaboradores de la editorial oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros, aunque en alguna ocasión se habrían registrado pagos de hasta 5.000 euros en un solo mes. Entre los habilitados nacionales incluidos en la investigación se encuentran funcionarios de Gandia, Quart de Poblet, Oliva, Xirivella, Sagunto, Alzira o Aspe, pero también de otros puntos de España, como Málaga, Dos Hermanas o Marbella.

Fuentes de la empresa han explicado a elDiario.es que desconocen las actuaciones de la Fiscalía, aunque aseguran que se han puesto en contacto con el ministerio público para colaborar en lo que se les requiera, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Además, tras ser preguntados por el cobro de colaboraciones de miles de euros a través de terceros, desde Lefebvre-El Derecho S.A. afirman que han iniciado una investigación interna.

La denuncia inicial, que posteriormente asumió la Guardia Civil, partió de un extrabajador de la editorial, una circunstancia que las fuentes consultadas de la empresa atribuyen a una venganza. “Fue despedido por falsear el control horario y el lugar desde el que trabajaba y, al parecer, debió sustraer información de Derecho Local que ahora está difundiendo”, argumentan desde la editorial.

El extrabajador que denunció los hechos ante la Guardia Civil ha aportado abundante documentación sobre las formas de pago a los habilitados nacionales: desde correos electrónicos hasta documentos internos sobre pagos, así como detalles del modus operandi de la relación con los colaboradores expertos.

“En reuniones internas con la dirección del departamento de redacción se comentaban abiertamente las cuantiosas cantidades que cobran todos los meses los funcionarios. La empresa no hace nada porque este sistema le resulta muy beneficioso: le permite facturar millones sin asumir los costes laborales de tener a 23 altos funcionarios en plantilla”, explica. “Y para los funcionarios es un chollo: les permite trabajar de forma remota, cobrando un sobresueldo bastante suculento mientras continúan percibiendo íntegramente sus retribuciones públicas”, añade.

El denunciante asegura que descubrió esta operativa al reincorporarse tras su baja por paternidad. “Al volver de mi baja me encontré con un correo de una interventora que se incorporaba como colaboradora. Pedía expresamente cobrar a través de su madre, igual que lo venía haciendo su padre, también interventor en otro ayuntamiento y colaborador desde hace más de quince años. Ese correo lo cambió todo”.

Tras revisar la documentación interna, detectó otro caso similar. “A partir de ahí descubrí también a otro funcionario que recibía los pagos a través de su mujer. Era un patrón que se repetía”. “La persona de Lefebvre encargada de los pagos a los funcionarios les escribía todos los meses para indicarles las cantidades que debían facturar, que posteriormente emitían a nombre de sus familiares”, asegura.

Más de 1.000 ayuntamientos de toda España está suscritos a la base de datos Derecho Local, por la que pagan una cantidad de unos 3.000 euros al mes. Además de acceso a sentencias y resoluciones jurídicas judiciales, Derecho Local también dispone de la función de resolución de dudas jurídicas, que son las que resuelven en la sombra los habilitados nacionales.

En la sombra, porque la cuestiones legales que resuelven no van firmadas, sino que es la editorial la que asume como propia la respuesta. A cambio, los colaboradores reciben un pago por cada consulta resuelta.

La editorial Lefebvre-El Derecho S.A. también ha respondido a las preguntas sobre cómo es posible que habilitados nacionales en activo puedan obtener estos ingresos. “Los pagos se realizan en concepto de colaboración porque los autores no tienen relación laboral con nosotros, por lo que no existe obligación de ingreso de cuotas en la Seguridad Social. En cuanto a la incompatibilidad, seguimos el modelo que recoge la Ley 53/1984, que indica en su artículo 19 que no se consideran sometidas al régimen de incompatibilidades, entre otras, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica y sus publicaciones. Este aspecto es algo que los colaboradores deben ajustar por sí mismos; no depende de Lefebvre”, argumentan.

En cuanto a los pagos a terceros, añaden: “Como se trata de algo que dependía directamente de la persona que supuestamente nos ha denunciado, estamos revisando las actuaciones que se hayan podido llevar a cabo”.