Un informe de la Diputación de València cuestionó la principal prueba contra el excomisionado del Gobierno para la dana

Un responsable jurídico de la Diputación de Valencia, institución que ejerce la acusación particular en la causa contra el excomisionado del Gobierno para dana, José María Ángel, cuestionó la prueba principal del procedimiento: la fotocopia de un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València que constaba en su expediente personal como funcionario. Un informe remitido por la Diputación a la Agencia Valenciana Antifraude, la entidad que inició las pesquisas tras una denuncia anónima, reconoce que sobre la fotocopia del título falso que figuraba en el expediente de José María Ángel “no puede averiguarse” ni “cuándo fue aportada ni por quién fue aportada, ya que no consta ningún justificante o registro de entrada de dicha fotocopia en la Diputación de Valencia”.

Sin embargo, el informe firmado por Pablo Ausina, instructor del expediente disciplinario designado por la vicepresidenta segunda y diputada provincial de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, consideraba que “debe presumirse” que Ángel “no era ajeno a su existencia”, ya que en 2015, tras su nombramiento como secretario autonómico de Emergencias del primer Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic, solicitó por correo electrónico un certificado de los títulos que constaban en su expediente personal y el entonces jefe de Personal de la Diputación, Josep Salvador Duart, contestó que había documentos “que acreditan que es diplomado universitario”.

El responsable jurídico concluyó en su informe reservado que, a pesar de que la titulación falsa “no hubiese sido utilizada o influido en la carrera administrativa” de José María Ángel, se le debía incoar un expediente disciplinario “por aportar y/o mantener hasta la fecha en su expediente personal un documento relevante presuntamente falso” y “por incumplir la obligación de todo funcionario de aportar documentación veraz a su expediente personal”.

El informe fue encargado por Mazzolari al responsable jurídico al haber recaído en la vicepresidenta y diputada de Recursos Humanos la tramitación de la investigación administrativa solicitada por Antifraude, con “estricto deber de confidencialidad”, según explicaba en una nota interna el jefe de servicio de Presidencia, Javier Zamora (breve diputado autonómico del PP, exconcejal en la Pobla de Vallbona y marido del vicealcalde de València, Juan Carlos Caballero).

Una causa reabierta por la Audiencia de Valencia

La fotocopia del título se erige en la principal prueba de la causa iniciada tras las pesquisas preliminares de Antifraude, que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción al ver indicios de la comisión de presuntos delitos. El 8 de agosto de 2025, poco después del estallido del escándalo, el pseudosindicato Manos Limpias presentó una denuncia por los mismos hechos que recayó en la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

A pesar de que el juez dictó el sobreseimiento libre y archivó la causa, al considerar que los hechos, en todo caso, estarían prescritos hace más de tres décadas, tras sendos recursos de Manos Limpias y del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, la sección tercera de la Audiencia de Valencia obligó al instructor a reabrir el procedimiento y a tomar declaración a Ángel en condición de investigado, cuestionando la prescripción y aduciendo que las prórrogas que obtuvo de la Diputación hacia el final de su vida laboral (en 2023 y 2024) “le facultaron para optar al puesto en que desea continuar” para el que habría necesitado la titulación universitaria.

El juez instructor reabrió la causa, aunque expulsó a Manos Limpias al no haber podido abonar el pseudosindicato la fianza de 6.000 euros impuesta para ejercer la acusación popular, que sí que ejerce el grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes. Por su parte, la Diputación figura como acusación particular.

La declaración ante la Guardia Civil

José María Ángel, citado este viernes ante el juez, ya compareció el 1 de octubre de 2025, acompañado por su abogado, Javier Boix, ante los investigadores del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de València, según consta en las diligencias de investigación de Anticorrupción a las que ha tenido acceso elDiario.es.

En aquella declaración, en condición de investigado no detenido durante una fase previa a la instrucción, aportó la documentación que conservaba y negó haber incorporado a su expediente el falso título de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía.

También arguyó que el documento incluía “determinadas incorrecciones como por ejemplo su apellido, que no va ni con acento”. Ángel apostilló que se enteró de la existencia de esa fotocopia en su expediente “por la prensa” y aseguró que “no ha hecho uso en su vida laboral del citado documento”.

Por el contrario, tanto la Guardia Civil como el fiscal Maldonado consideran que el ex alto cargo socialista, que dimitió como comisionado del Gobierno para la dana a raíz del escándalo, habría falsificado él mismo el título y tipifican los hechos como presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y malversación.

El informe de la jefa de Recursos Humanos

En la causa, además de las numerosas preguntas parlamentarias al respecto de la titulación de Ángel por parte de diputados tanto provinciales como autonómicos del PP (que se remontan a 2020), también consta un informe clave elaborado por la jefa de Recursos Humanos de la Diputación, María Escamilla, que concluye que los puestos a los que accedió Ángel en la institución provincial (catalogados actualmente como A1 o A2) requerían “todos ellos” para su acceso de una titulación universitaria, según el régimen jurídico aplicable (la inicial Ley 30/1984 de Función Pública, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico de los Trabajadores y el real decreto de 2015 que derogó la anterior y que está actualmente vigente).

Ángel tuvo una larga carrera en la Diputación de Valencia, combinada con cargos de representación política, como alcalde de l'Eliana y senador, en el Ejecutivo central (fue, brevemente, jefe de gabinete del ministro del Interior Antonio Asunción) y en el departamento de Emergencias durante los gobiernos autonómicos de Ximo Puig.

La primera plaza de auxiliar de Archivo y Biblioteca

Si bien nunca acabó la carrera de Geografía e Historia —en el procedimiento figura la documentación oficial que confirma que apenas empezó el primer curso de 1977-1978 en la Universitat de València ni el siguiente en el que se matriculó en Madrid en Sociología mientras hacía el servicio militar—, en 1983 obtuvo una plaza de auxiliar técnico de Archivo y Biblioteca, que exigía simplemente el título de Bachillerato, titulación que Ángel poseía, según el informe jurídico reservado que consta en la causa.

Tres años después, obtuvo la plaza de ayudante de Archivo y Biblioteca, tras un procedimiento administrativo excepcional de integración por la extinción del cuerpo de auxiliares en el que había iniciado su carrera, una suerte de proceso de estabilización que únicamente requería la superación de pruebas selectivas y una formación general.

Sin embargo, José María Ángel empalmó a partir de 1987 numerosas comisiones de servicio para cargos de libre designación, nombrados por decreto y vinculados a la Presidencia de la institución provincial, gobernada en aquella época por el PSPV-PSOE. Puestos que requerían de una titulación universitaria, según el informe de la actual jefa de Recursos Humanos, María Escamilla (nombrada por el presidente Vicente Mompó y proveniente del Ayuntamiento de Gabarda, del que el primero es alcalde).

Paralelamente, entre 1991 y 2015, José María Ángel fue concejal en l'Eliana y, desde 1997 hasta 2015, alcalde de la localidad de la comarca del Camp de Túria. Ese año, en situación de servicios especiales, se incorporó al Consell como secretario autonómico de Emergencias y solicitó por correo electrónico un certificado de los títulos que constaban en su expediente personal al entonces jefe de personal de la Diputación, Josep Salvador Duart (uno de los indicios que, según las acusaciones acreditaría que, como mínimo, conocía la documentación irregular que constaba en su expediente personal).

La dimisión como comisionado del Gobierno para la dana

Tras las dos legislaturas del Pacte del Botànic, solicitó a la Diputación a partir de 2023 dos prórrogas en el servicio activo, que le fueron concedidas y que, según la Audiencia de Valencia, cuestionan la prescripción de los presuntos delitos que se le imputan indiciariamente (la tesis que el juez instructor enarboló para archivar la causa inicialmente). El último puesto de José María Ángel fue el de comisionado del Gobierno para la dana, del que dimitió el 1 de agosto de 2025 a raíz del escándalo.

La Guardia Civil, siguiendo la senda de la investigación preliminar de la Agencia Antifraude, confirmó que Ángel no figuraba en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales y concluyó que el título que constaba en el expediente, una fotocopia en la que el documento ni estaba compulsado ni incluía sellos oficiales, era “falso”.

El informe del instituto armado considera que José María Ángel “no era desconocedor de los títulos que obraban en su expediente profesional”, tras haber solicitado un certificado al respecto en 2015, ni trató de rectificar la situación posteriormente.